Eran contratos valorados en más de siete millones de euros, pero el gestor ferroviario Adif los adjudicó a quienes presentaron ofertas sustancialmente más bajas. Al final, las empresas que se llevaron esos concursos ‘sólo’ tuvieron que poner sobre la mesa cerca de tres millones, casi dos tercios por debajo del punto de partida.

Adjudicar concursos a la oferta más baja es una práctica habitual en la contratación del sector público, pero en el caso de Adif es especialmente preocupante para la asociación que agrupa a las principales empresas de ingeniería, Fidex (siglas de Foro para la Ingeniería de Excelencia). En ella están empresas como Técnicas Reunidas, Acciona Ingeniería, Inypsa, Intecsa o Typsa. En su caso, la adjudicación de esos contratos, que suman más de una docena, se ha realizado con descuentos que rondan el 60%.

Para los ingenieros, el problema de base es la metodología en la adjudicación de los contratos. Ésta establece que, en los concursos, el 75% del peso de la licitación sean, exclusivamente, cuestiones de carácter técnico (básicamente, el precio) y el 25% criterios vinculados a la calidad. “Las propuestas, en calidad, son siempre muy similares y ésta suele pesar entre el 16% y el 20%”, explica el director general de Fidex, Fernando Argüello. “Al final, las ofertas siempre se deciden por precio”.

Uno de esos casos fue la ingeniería vinculada a un proyecto de soterramiento de la red del AVE de Levante. El proyecto se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las compañías Incosa y Geoconsult por 0,45 millones de euros, un 60% por debajo del coste que figuraba en los pliegos del concurso. En otro caso, relativo a las obras de control de la red de alta velocidad vasca (la denominada Y) la adjudicación, a Saitec, se realizó por 0,8 millones de euros, un 59% por debajo de lo presupuestado.

Generador de sobrecostes

Que los contratos se adjudiquen a la baja no conlleva, enfatiza el responsable de Fidex, que los proyectos de ingeniería tengan algún tipo de deficiencia en cuanto a la calidad de su ejecución, sino que luego se generan sobrecostes y las obras terminan siendo más caras. “Ésa es una discusión muy arriesgada”, indica Argüello. “Es responsabilidad profesional. Cuando ves que hay un problema en una obra, la paras. El problema de tirar a la baja los precios es que, durante la ejecución de la obra, surgirán contratiempos que no estaban previstos y luego, por eso, la administración tiene que pagar sobrecostes respecto al precio inicial”.

Un tren unidad 449 de Renfe. Pablo Romero Flickr

La asociación de ingenieros aboga por cambiar ese modelo de contratación para rebajar el peso que tiene el precio en las adjudicaciones, pero no lo ven factible con la actual dirección de Adif. “La sensación es que, con el actual presidente [Gonzalo Ferre] no es posible”, reconoce Argüello. Ante esta situación, las empresas de la asociación, no acuden a las licitaciones abiertas por el gestor ferroviario.

Lo cierto es que contratar a la baja no es, ni mucho menos un caso aislado. La actual ley de contratación pública indica que, en los criterios de adjudicación, las cuestiones técnicas tengan un peso de, al menos, el 51%. Es decir, de nuevo, el precio importa más.

El elevado peso que tiene el coste en la oferta en España sólo es equiparable, según Fidex, a lo que ocurre en otros dos países comunitarios: Portugal y Polonia. “En otros, como Alemania, la licitación por precio es una puerta completamente cerrada”, asegura el director general de la asociación. “Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde la ‘Brooks Act’ prohíbe contratar obras de ingeniería civil en base a precio. Se dieron cuenta de que, durante la explotación de esas obras, se producían más siniestros cuando ése era el principal criterio de adjudicación”, matiza.

En cuanto a qué coste tiene la labor de ingeniería en el desarrollo de una obra, Argüello indica que, en el caso español, es del 4% o el 5% del importe total que conlleva la infraestructura. Mientras, en el conjunto de Europa supone el 10% del coste total y, en Estados Unidos, cerca del 12%.

La actual legislación española de contratos del sector público debería reformarse antes de abril, la fecha tope para transponer a España la Directiva europea que regula estas actividades. Sin embargo, la situación actual y el incierto futuro en la formación del nuevo Gobierno, complican que el actual anteproyecto logre salir adelante antes del verano.

“La legislación comunitaria dice que la contratación pública ‘puede’ ser sólo en base a criterios de calidad. Ojalá la nueva legislación española imitara la directiva. No puede decir porcentajes exactos, no puede poner límites, pero sí puede marcar criterios”, indica el representante de los ingenieros.