La deuda de España volvió a aumentar en el último trimestre de 2015 en tasa interanual. Después de dos años de desapalancamiento que requirió un fuerte esfuerzo de todos los agentes, España volvió otra vez a las andadas al final del año. Pero esta vez el matiz es diferente, ya que el culpable no es el sector privado, como lo fue antes de la crisis, sino que son las Administraciones Públicas quienes están gastando por encima de sus ingresos.

En los tres últimos meses de 2015, la financiación del conjunto de sectores de España (excluido el sector financiero) volvió a aumentar en tasa interanual, según los datos del Banco de España. Lo hizo en un 0,4% en diciembre, en un 0,6% en noviembre y en un 0,3% en octubre, tres meses consecutivos de aumento de la financiación a los sectores residentes en el país, algo que no ocurría desde noviembre de 2013, hace más de dos años.

La financiación a los sectores residentes cerró el año por encima de los 2,7 billones de euros, esto es, deben un 250% del PIB anual. Esto significa que si los sectores residentes no financieros (Administraciones Públicas, empresas, hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares) tendrían que destinar todo lo que genera el país durante dos años y medio.

El incremento de la financiación se produjo por las necesidades del sector público. Los esfuerzos de las distintas Administraciones por apretarse el cinturón sólo han conseguido frenar el avance de la deuda, pero en ningún caso revertirlo. Con los datos provisionales del cierre del año, la deuda pública se situó en el 99,1% del PIB (a precios corrientes). 

Otro esfuerzo

Bruselas alerta de que lo peor todavía no ha pasado. Según las estimaciones de la Comisión Europea, el endeudamiento de las Administraciones seguirá avanzando hasta alcanzar un máximo del 101,2% del PIB este año para empezar a reducirse de forma gradual a partir de 2017. Mientras tanto, los políticos españoles buscan argumentos para convencer a sus socios europeos de la necesidad de posponer el ajuste del déficit.

Este aumento de las necesidades financieras del Estado hace inútil el esfuerzo del sector privado para desapalancarse. Al fin y al cabo, el debe de España sigue aumentando: en 2015 el flujo efectivo de deuda avanzó en algo más de 9.600 millones de euros. Y eso que tanto los hogares como las empresas consiguieron reducir su financiación. En el caso de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, el flujo de financiación se redujo en 17.000 millones de euros, un 2,3% menos que en el año anterior, mientras que en el caso de las empresas no financieras, la financiación cayó en 9.500 millones de euros, un 1% menos en tasa interanual.

Los hogares han sumado su quinto año consecutivo de reducción de su deuda en tasas interanuales, mientras que en el caso de las empresas, tendrán que esperar hasta abril para lograrlo. La mayor parte de este desapalancamiento se ha producido por la devolución de los créditos que tenían concedidos a medida que iban venciendo y sólo una parte menor se ha producido por la devolución anticipada de las deudas.

Canje de deuda

Cuando estalló la crisis, las Administraciones Públicas llevaban años en una situación de estabilidad, o incluso de cierto superávit, lo que permitía mantener la deuda anclada en los 400.000 millones de euros. Por el contrario, los sectores privados se endeudaban a un ritmo frenético mientras hinchaban la burbuja inmobiliaria. Las empresas llegaron a elevar su deuda a ritmos superiores al 25% anual y los hogares al 21%, una situación insostenible a todas luces.

Cuando estalló la crisis, la situación se revirtió: el sector privado se vio obligado a apretarse el cinturón y pasó toda esta carga a las Administraciones públicas. En esos años se desplomó la recaudación de Hacienda, se disparó el gasto social y, por si fuese poco, el Estado tuvo que asumir los rescates financieros de las entidades que estaban quebradas. Ante esta situación, las Administraciones ya habían duplicado su deuda a mediados de 2012 y en 2015 ya estaba en el entorno del 100% del PIB.

De este modo, la deuda pública ha pasado de representar menos de un 15% del total a ser ahora el 40%, el nivel más alto desde 1999. Pero no hay que olvidar que el 60% corresponde al sector privado, de los que un 34% corresponde a las empresas no financieras y el 26% a los hogares. La Comisión Europea alerta que “los hogares españoles endeudados son de los más sensibles de la zona del euro a un posible 'shock' de los tipos de interés”.

Con el Euríbor en negativo como está ahora, las familias pueden estar tranquilas, sin embargo, cualquier situación que provoque un aumento vertical de los tipos de interés cambiaría su situación por completo. “Los hogares de España tienen una de las ratios deuda/renta más altas de la zona euro”, alerta la Comisión, ya que supera el 110% de la renta bruta disponible. Ante esta situación, un incremento de 300 puntos básicos en los tipos de interés elevaría el coste mediano del servicio de la deuda desde el 25% de su renta hasta el 30% y en algunos hogares llegaría a superar el 40%. Una situación totalmente insostenible.