Aumenta la inquietud en Bruselas por el déficit público de España y la posibilidad de que vuelva a descontrolarse si se repiten las elecciones y no se adoptan nuevos ajustes en todo el año. Así que a falta de un Gobierno central con plenos poderes, la Comisión Europea ha puesto este miércoles en su punto de mira a las comunidades autónomas. Exige al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aplique de forma estricta la Ley de Estabilidad Presupuestaria y obligue a adoptar medidas correctivas a los gobiernos regionales que se desvíen del objetivo de déficit. Y marca un plazo: antes del 30 de abril.

El ultimátum del Ejecutivo comunitario llega a través de lo que en la jerga comunitaria se denomina “recomendación autónoma” (en pdf). Se trata de un nuevo instrumento que se introdujo en 2013, cuando se reforzaron las normas de disciplina presupuestaria de la Unión Europea para evitar una repetición de la crisis de deuda. Funciona como una especie de último aviso de Bruselas. Hasta ahora, este ultimátum sólo se ha usado en dos ocasiones: contra Francia y Eslovenia en 2014. España es el único estado miembro que lo ha recibido este miércoles.

Si el Gobierno en funciones (o el nuevo, si se forma a tiempo) lo desoye, el Ejecutivo comunitario podría avanzar en breve, probablemente en mayo, en el procedimiento sancionador por déficit excesivo. Al final del camino, este procedimiento prevé multas de hasta el 0,2% del PIB (alrededor de 2.000 millones en el caso de España). Es más, el hecho de no haber hecho caso del aviso se considera un factor agravante para las sanciones.

España debe cumplir aunque no haya Gobierno

En concreto, Bruselas reclama a España “adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, en particular utilizando plenamente, según proceda, los instrumentos correctivos y preventivos previstos en la Ley de Estabilidad Española para controlar las desviaciones, a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto”. El Gobierno deberá informar al Ejecutivo comunitario de los nuevos ajustes “a más tardar” cuando presente su programa de estabilidad actualizado. La legislación comunitaria le obliga a enviar este plan a Bruselas antes del 30 de abril.

“Por supuesto que somos conscientes de la situación política en España y sabemos que las negociaciones para formar un nuevo Gobierno todavía están en marcha. Pero eso no libera a los estados miembros de sus obligaciones marcadas por el Pacto de Estabilidad”, dijo este martes el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, al ser preguntado por los poderes limitados que tiene el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Ningún miembro del Ejecutivo comunitario ha salido este miércoles a dar explicaciones sobre el nuevo paso contra España, a pesar de lo excepcional del procedimiento.

Montoro no actuó ante los desvíos regionales

La Comisión acusa a Montoro de no haber actuado a tiempo contra las comunidades autónomas que se han desviado de los objetivos de déficit. Y eso a pesar de que contaba con instrumentos para hacerlo. La Ley de Estabilidad aprobada en 2012 por el propio Gobierno de Rajoy incluye mecanismos de alerta temprana y medidas correctivas para las comunidades autónomas. Pero Hacienda no las ha activado.

Un total de 13 de las 17 comunidades autónomas incumplieron su meta de déficit de 2014 y por ello estaban obligadas a presentar un plan de ajuste para corregir el desvío. Pero sólo un plan, el de Cataluña, fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el año pasado, según denuncia Bruselas. Según los últimos datos disponibles, de noviembre de 2015, el déficit agregado de las comunidades autónomas se situó en el 1,3%, casi el doble del objetivo del 0,7%. “Sin embargo, el ministerio de Hacienda no ha aplicado las medidas preventivas (ni las correctivas) establecidas en la ley de Estabilidad española”, lamenta la Comisión.

El Gobierno no aclara si cumplirá

El Gobierno en funciones no ha aclarado hasta ahora si respetará el ultimátum de Bruselas y actuará contra las regiones incumplidoras. “El Gobierno de España, aunque esté en funciones, sabe cuál es el contenido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y hará lo que tenga que hacer”, se limitó a señalar el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas tras la celebración del Ecofin este martes.

Según las últimas previsiones de la Comisión, el déficit público de España se situará este año en el 3,6% del PIB, por encima del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y del objetivo del 2,8% pactado con la UE. “Existen riesgos para la corrección oportuna del déficit excesivo”, reitera el aviso de Bruselas. Todos los partidos políticos españoles están de acuerdo en pedir a la UE al menos un año extra, hasta 2017, para bajar del 3%. Pero el Ejecutivo comunitario no se planteará dar más flexibilidad hasta que haya recibido unos nuevos Presupuestos para 2016 con más ajustes, como volvió a pedir el Eurogrupo.

La fecha para la decisión final se acerca. En abril, la oficina estadística de la UE, Eurostat, debe certificar cuál fue la cifra final de déficit de 2015 (según Rajoy se quedó en el 4,5%, pero Bruselas cree que podría ser más alta) y verificar si España hizo el esfuerzo de ajuste exigido. Y en mayo la Comisión deberá decidir sobre posibles sanciones por déficit excesivo. El Ejecutivo comunitario ha enviado también avisos este miércoles a Bélgica, Croacia, Finlandia, Italia y Rumanía, aunque ninguno de estos países se enfrenta al riesgo inminente de multas.