Son las dos comunidades autónomas en peor situación. Cataluña es la que más deuda tiene: 72.274 millones de euros y la Comunidad Valenciana, la que tiene un endeudamiento mayor en función de su PIB, del 41,3%. Pero su mayor miedo no viene del volumen de su pasivo, sino de los vencimientos que tienen que afrontar en los próximos meses. Las dos autonomías están con el agua al cuello: ni tienen liquidez ni quién se la preste.
La situación de las dos autonomías es muy delicada, extrema. Las agencias de rating lo saben y por eso tienen sus notas en bono basura. La normativa vigente determina que las comunidades autónomas se tienen que hacer cargo de refinanciar su deuda, aunque en el caso de estas dos regiones es prácticamente imposible. Si no lo consiguen, necesitarán el rescate del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que, como no puede financiar a corto plazo, lo que hace es convertir estas deudas al largo plazo.
Por este motivo, sus esperanzas están ya puestas en las palabras del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos: “No se va a dejar quebrar a ninguna comunidad autónoma, quebraría un principio fundamental de la Constitución Española”. El vicepresidente y consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ya solicitó al ministro que dé el visto bueno para que el Estado se haga cargo de 1.600 millones de euros de un préstamo sindicado con BBVA, Sabadell y CaixaBank. Y el viernes se reunirá con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.
La situación en la Comunidad Valenciana es algo más holgada, pero no mucho. Fuentes próximas al Ejecutivo de la Generalitat reconocen que la búsqueda de financiación para pagar sus próximos vencimientos se está complicando mucho. Standard & Poor’s también fue tajante en este sentido en su última revisión de marzo al asegurar que su capacidad para conseguir liquidez es “muy baja”. Si esta situación se prolonga, tendrá que solicitar el rescate del FLA.
El Gobierno no dejará que ninguna región haga un impago dentro del Estado, ya que España quedaría señalada ante los inversores. "La reacción de los mercados es impredecible, por eso no correrán el riesgo", indica una fuente de la banca de inversión. El impago de un crédito no supone que la comunidad autónoma caiga en default, y tampoco activa la cláusula cross default, pero el impacto sobre la confianza de los inversores es imposible de prever.
Cataluña, con la deuda al cuello
Según los datos publicados el martes por el Banco de España, la deuda de la Generalitat ascendía hasta los 72.274 millones de euros, de los cuales, el 60% ya proviene del FLA. Pero el verdadero problema son los 4.891 millones que tiene de préstamos que vencen en el corto plazo y que tendrá que refinanciar en un periodo de 12 meses. En el inicio del año ya consiguió refinanciar 1.072 millones, pero, como sigue siendo deuda de corto plazo, tendrá que volver a negociarlo en los próximos meses.
El problema es que la situación de Cataluña se ha complicado mucho en las últimas semanas con las amenazas de las agencias de rating de rebajarle más su calificación. Moody’s asegura que sin el apoyo del Estado, su nota sería de B3, esto es, hundida seis escalones en el bono basura, hasta el nivel que tienen países como Barbados, Pakistán, Egipto, Moldavia, Bosnia, Honduras o Ghana.
El crecimiento de la deuda de Cataluña ha sido exponencial. Desde el inicio de la crisis el montante de su pasivo se ha disparado más de un 300%, hasta el punto de que sólo la Generalitat tiene uno de cada cuatro euros de deuda de las comunidades autónomas. Por si fuera poco, de toda la deuda nueva que sumaron las administraciones públicas en 2015 (incluyendo el Estado, las autonomías y las corporaciones locales), el 21% fue sólo de deuda de la Generalitat. Unas cifras inasumibles para la comunidad autónoma, que queda abocada a un nuevo rescate.
Los desmanes del PP valenciano
En la Comunidad Valenciana es donde mejor se aprecian los desmanes del PP. La deuda de la autonomía se ha multiplicado por 3,5 veces desde el inicio de la crisis, lo que la ha llevado a ser la comunidad más endeudada sobre la base de su economía. En concreto, tiene seis puntos más de deuda que la siguiente comunidad, Castilla-La Mancha, con un 41,3% de la deuda sobre su PIB.
Una buena parte de esta deuda procede de las empresas públicas de la región, que después de pérdidas y quiebras, muchas han acabado absorbidas por la comunidad autónoma. Son los años de desmanes de las cuentas públicas en la región y que han dejado a Valencia como una de las regiones con un futuro más complicado. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mejor ejemplo de las pérdidas, los presupuestos engordados y proyectos ruinosos. En el próximo año tendrá que refinanciar algo más de 1.600 millones de euros en préstamos bancarios, que es casi un 30% de todos sus créditos. Y sin acceso a la financiación, la misión parece imposible.
El problema de las empresas públicas
Por último está el problema de la deuda de las empresas públicas, que como bien se ha visto durante la crisis, mucha acabará en manos de las comunidades autónomas, o incluso del Estado a través del FLA. Las empresas no financieras que son propiedad de las comunidades autónomas tenían al cierre del año una deuda de casi 5.000 millones de euros. De esta cifra, casi la mitad (2.400 millones) corresponden a Cataluña, otra vez liderando los rankings de deuda.
La mayor parte de este pasivo corresponde al Insituto Catalán de Finanzas (ICF), cuya deuda está respaldada por la Generalitat. De hecho, las agencias de calificación ponen a esta entidad el mismo rating que a Cataluña, por lo que su acceso al mercado se complicará en los próximos meses si Moody’s y S&P hacen efectiva la rebaja de la nota que están valorando.
La otra comunidad autónoma que soporta una deuda abultada de sus empresas públicas es Madrid. En total tiene una deuda de algo más de 1.800 millones de euros, un tercio del total de las regiones. El pasivo de Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión o Metro de Madrid.