El inicio del año, con su crisis política, su subida del euro y sus dudas globales, ya está afectando al crecimiento de la economía española. Así lo constata el Banco de España, que estima que el PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores, frente al 0,8% que avanzó en el último trimestre de 2015. La entidad advierte que esta “desaceleración de la actividad económica” está en línea con las previsiones que mantenían en diciembre, sin embargo, la situación podría complicarse dado el nivel de riesgos que rodean a la economía actualmente.

Aquí los partidos políticos no pueden mirar hacia otro lado, ya que el mayor riesgo interno se debe a “las dudas acerca del curso futuro de las políticas económicas” ya que “podrían incidir negativamente en las decisiones de gasto de los agentes privados, especialmente si la actual situación de incertidumbre política se prolonga en el tiempo”, ha explicado Pablo Hernández de Cos, director general del Servicio de Estudios del Banco de España.

Para reducir el impacto de estos riesgos, la entidad urge a la clase política que culmine el proceso de consolidación fiscal, muy deteriorado después del dato del déficit que publicó ayer el Ministerio de Hacienda, y además “perseverar en la aplicación de las reformas estructurales que reduzcan las vulnerabilidades de la economía española y permitan mejorar su capacidad de crecimiento futuro”.

El Banco de España también apunta una serie de riesgos externos, que se basan principalmente en las tensiones en los mercados financieros y la debilidad del crecimiento mundial. También pueden tener un papel relevante “la intensificación de las tensiones políticas en diferentes áreas”.

Rebaja de la previsión de crecimiento

La economía española volverá a asentarse este año sobre la creación de empleo y el consumo privado. Según las estimaciones del Banco de España, la tasa de paro caerá por debajo del 20% este año y se aproximará al 18% a finales de 2017. Esta creación de puestos de trabajo será el principal motor del PIB español, ya que la productividad seguirá estancada este año, al igual que en los dos últimos ejercicios, y apenas aportará dos décimas al crecimiento.

Pablo Hernández de Cos, director del Servicio de Estudios del BdE BdE

Ante esta situación, el Banco de España estima que el PIB español avanzará este año un 2,3%, una décima menos de lo que esperaba en diciembre, frente al 3,2% que creció en 2015. Sin embargo, alerta de que el ritmo de crecimiento será decreciente a lo largo del año, hasta el punto de que en 2017 avanzará un 2,3%, casi un punto por debajo del ritmo de 2015. Este frenazo de la economía española responde principalmente a los factores temporales que tanto impulsaron el crecimiento en 2015 y que ahora se están frenando, por ejemplo la depreciación del tipo de cambio, la moderación de los costes de financiación o la caída del precio del petróleo.

Todos los segmentos del PIB tendrán un comportamiento peor este año, salvo el de la demanda exterior, que reduce su impacto negativo. Sin embargo, el peor de todos será el gasto público. Después de cinco años en los que el consumo y la inversión pública tenían una contribución negativa al crecimiento de la economía, en 2015 volvió a aportar con fuerza: casi un punto entero del PIB (que creció un 3,2%) fue como consecuencia del gasto público.

El déficit desbocado

El Banco de España estima que España cerrará el déficit este año en el 4,4% del PIB, una cifra que refleja a la perfección la falta de disciplina fiscal que tiene el país. Este 4,4% significa que el déficit estará este año dos décimas por encima del objetivo que tenía que haber cumplido en 2015. Y además, este 4,4% supone un desfase de casi 15.000 millones de euros sobre el objetivo marcado por Bruselas para este año, que es del 2,8%.

No extraña, en este contexto, que la Comisión Europea no se crea ya las promesas del Gobierno y esté estudiando aplicar una sanción por déficit excesivo. El plan que presentó ayer el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, es prohibir a las autonomías que aumenten el gasto en más de un 1,8%, pero nada de congelación del gasto. A esto hay que añadir un Presupuesto expansivo que dejó firmado Mariano Rajoy en septiembre con la mente puesta en las elecciones del 20 de diciembre.