Andalucía es de las comunidades que menos se desvió del objetivo del déficit en 2015 (del 0,7% al 1,13%) y puede que en 2016 lo cumpla, y eso le da una posición de fuerza respecto a otras a la hora de plantar cara al Gobierno central. Y lo hace en dos cuestiones muy distintas, pero interrelacionadas entre sí, y más aún con un telón de fondo de posibles nuevos recortes. Al Ministerio de Hacienda le reclaman la liberación de los 1.247 millones del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), y al de Economía, un reparto justo del nuevo objetivo de déficit, arañando medio punto para las comunidades autónomas, del 0,3% al 0,8%.
Hay malestar en Andalucía. En la reunión del pasado viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) nada se dijo sobre las nuevas previsiones macroeconómicas y la ampliación del objetivo de déficit enviado a Bruselas en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019. No se informó a las comunidades autónomas del anuncio que acaba de hacer el Gobierno de que tendrá un margen extra del 2,8 inicialmente previsto al 3,6%. Un anuncio que ha venido a coincidir, precisamente, con una medida de corte electoralista: la recuperación de la mitad de la paga extra de 2012 para los funcionarios en la nómina de este mes de abril.
"Tufo electoral"
La sospecha es que el Gobierno se pudiera querer reservar la mayor tajada de este nuevo reparto para sufragar medidas electoralistas como esta, que no están pintadas en los Presupuestos Generales del Estado para este año, y posicionar al PP en este contexto político preelectoral que se respira como buen gestor económico. De hecho, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha detectado y denunciado el “tufo electoral impresionante” de la medida.
Según fuentes de Hacienda, el Gobierno está en una estrategia ventajista: cuando incumple el objetivo de déficit culpa a las comunidades autónomas, les cuelga el sambenito del despilfarro mientras se les exige corresponsabilidad en los ajustes, y ahora que cuenta con más margen de déficit, las margina del reparto. Por eso, desde Andalucía se exige algo más que información al respecto. En una entrevista en la Cadena Ser, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado que de esa ampliación de ocho décimas del objetivo de déficit en 2016 para España, “más de la mitad tiene que venir a las comunidades, como mínimo el 0,5 por ciento”.
“Si se confirma que hay flexibilidad en el objetivo de déficit, lo deseable es que las comunidades autónomas sean las máximas beneficiarias de esa flexibilidad, porque en el período anterior no participaron del mayor margen que dio Bruselas a España”, ha aseverado Montero, insistiendo en que ese mayor margen sea para blindar políticas sanitarias, educativas y sociales.
Que otras comunidades secunden a Andalucía en esta petición está por verse. La mayoría de las comunidades tienen una desviación del objetivo de déficit muy elevada y algunas lo arrastran de ejercicios atrás, eso les imposibilita a la hora de exigir y, por tanto, no sería descartable que estén buscando tal vez acuerdos bilaterales con el Ministerio.
En lo que el Ejecutivo andaluz no quiere estar solo en este asunto del objetivo del déficit es ante la amenaza de posibles recortes y va a llevar este asunto al Parlamento para buscar el apoyo de la oposición. Desde hace quince días, la Junta viene avisando de manera insistente que “no habrá más recortes” en los presupuestos andaluces, “porque va a cumplir el objetivo de déficit”, y lo hace con la sospecha de que tras un debilitamiento de los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y dependencia) el PP quiere “favorecer” al sector privado, como ha reconocido el portavoz del Gobierno andaluz.
1.247 millones bloqueados
Otro de los puntos de fricción con el Gobierno central, en este caso con el Ministerio de Hacienda, es el abono del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por carta, la consejería del ramo ha solicitado al titular de este departamento, Cristóbal Montoro, que liquide los 1.247 millones asignados a Andalucía para este primer trimestre de 2016.
Del ingreso de esta cantidad (hay que recordar que no sale gratis, es un crédito que las comunidades deben devolver con un 0.8% de interés) depende en buena medida que se pueda pagar a los proveedores. Si Montoro no habilita la plataforma para poder subir las facturas y este dinero no llega a tiempo, los plazos de pago se amplían y puede darse la circunstancia de que entonces Hacienda retenga las entregas a cuenta. Hay precedentes: hace apenas quince días se retuvieron los fondos a Aragón y Extremadura.
Por eso, el Gobierno andaluz ha querido anticiparse a la jugada y ha reclamado al Ministerio que actúe para no poner en riesgo el pago a los proveedores. Andalucía cerró el pasado mes de febrero con un buen dato, 29 días de media, pero podría no repetirse si no se desbloquea el FLA. “Para exigir, primero hay que cumplir”, ha subrayado Vázquez.