El fin de la legislatura del Partido Popular deja un grave problema, un agujero en la Seguridad Social que ha vaciado la conocida como hucha de las pensiones y cuyo nombre técnico es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El agujero es tan grande que en 2015 se retiraron 47.201 millones de euros. A medida que la población va envejeciendo, la sostenibilidad de las pensiones está más cuestionada y, por este motivo, los expertos piden replantear el Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad del sistema.
El binomio Podemos-Izquierda Unida quiere elevar más el gasto en pensiones, lo que necesitará de más recursos para financiar a la Seguridad Social. Una parte se conseguirán a través de “la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva”, lo que significa aumentar el número de pensiones que se pagan con impuestos y no con cotizaciones. Pero la propuesta de la coalición también incluye un aumento de los ingresos por cotizaciones con la “eliminación del tope máximo de las cotizaciones”.
Eliminación del tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción
¿Qué significa esta propuesta? Ni más ni menos que eliminar el tope máximo a la cotización de los trabajadores. En 2016, como en 2015, la cotización máxima mensual de cada afiliado es de 3.642 euros mensuales (incluyendo la parte correspondiente de las pagas extra), a partir de esa cuantía no se cotiza y, por tanto, tampoco eleva su cálculo de la pensión. Podemos e Izquierda Unida quieren eliminar este tope, de modo que toda la renta de los trabajadores estará sujeta a cotización.
De este modo, todos los trabajadores cuyo salario bruto supere los 43.700 euros anuales verán rebajados sus ingresos. El tipo general de cotización que se aplica actualmente a los trabajadores es del 28,3%, que se reparte en un 23,6% para la empresa y un 4,7% para el trabajador. Además, hay que añadir las contribuciones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) al que la empresa paga un 0,2% y a la Formación Profesional: un 0,6% que corre a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador. En total, a partir de los 3.642 euros se empezaría a cotizar con un 29,2%.
Rentas altas
La nueva cotización a la Seguridad Social que propone Podemos e Izquierda Unida afectará a más de un millón de personas. Si se tienen en cuenta los tramos de renta de los trabajadores que se conocen a través de la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), en el año 2013 había casi 600.000 trabajadores con una retribución anual superior a los 60.000 euros anuales. A esto habría que añadir una parte de los 2.815.900 trabajadores que están en el tramo entre 30.000 y 60.000 euros anuales de ingresos.
Los expertos consultados por EL ESPAÑOL apuntan que el impacto que tendría esta normativa recaería en mayor medida sobre los trabajadores. Las empresas valoran el coste total que tiene cada empleado y no tanto el salario neto que les queda. En otras palabras, las empresas tienen en cuenta lo que le cuesta cada trabajador y si las cotizaciones a esos empleados aumentan, es probable que su salario neto disminuya.
Pensión máxima
Lo que no dejan claro los dos partidos es si el aumento de la cotización tendrá efecto en el cálculo de la pensión de estos trabajadores. Lo que indica su programa es que no hay “necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción”. Esto supone que la mayor contribución a la Seguridad Social de algunos trabajadores no se verá recompensada en igual medida en la pensión que van a recibir cuando se jubilen. Lo que tienen que definir Podemos e Izquierda Unida es si van a aceptar subir las pensiones más altas, aunque no sea en una “proporción similar”, o si no van a permitir ningún aumento de la pensión máxima.
Lo que sí queda claro en el programa es que pretenden elevar la pensión mínima hasta igualarla con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El salario mínimo está actualmente en 655,20 euros mensuales en 14 pagas, pero la propuesta de la coalición es elevarlo hasta 800 euros al final de los dos primeros años de legislatura (en 2018) y que en 2019 sea de, “al menos”, 900 euros. Actualmente hay algo más de 5 millones de pensionistas cobrando menos de 900 euros, por lo que supondría un coste de miles de millones de euros para las maltrechas arcas de la Seguridad Social.
Planes de pensiones privados
En los últimos años y ante la crisis de la Seguridad Social que se avecinaba, los últimos gobiernos decidieron premiar las aportaciones de los ciudadanos a los planes de pensiones privados para estimular el ahorro privado en ausencia de recursos públicos. Estos premios se materializan en desgravaciones por las aportaciones a los planes de pensiones privados.
Eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados
Podemos e Izquierda Unida quieren eliminar este incentivo al ahorro eliminando los “beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados”. De esta forma, el Estado tendría una nueva vía para recaudar pero, eso sí, a costa de los ahorradores que temen por el futuro de su pensión.