El recuento de las elecciones generales del 26 de junio va camino de convertirse en una batalla legal. La tecnológica catalana Scytl asegura que está “considerando la posibilidad de interponer acciones legales” después de que el Ministerio del Interior haya concedido el contrato a Indra, sin mediar concurso público, y tras una sustancial rebaja de precio.
Scytl que, junto a Tecnocom, se adjudicó el recuento electoral del pasado diciembre, critica que Indra se haya adjudicado la próxima cita con las urnas a “un precio de 3,9 millones de euros, que es un 73% inferior a los 14,3 millones de euros que Indra cobró al Ministerio del Interior por las elecciones generales del 2011”, compara la empresa a través de un comunicado.
La compañía afirma que el Ministerio de Interior le ha notificado este miércoles que “Indra ofertó un precio de 3,9 millones de euros (sin IVA) frente al precio ofertado por la UTE Scytl-Tecnocom de 6,9 millones de euros (sin IVA)”.
"A pesar del retraso en el inicio del proyecto causado por los diversos recursos presentados por Indra, la consolidación de los resultados del pasado 20 de diciembre resultó un éxito que demostró que existía una alternativa viable a Indra y a un precio razonable”, arguye Scytl. Hasta diciembre, todos los recuentos electorales en España corrieron a cargo de Indra, de forma ininterrumpida, desde 1978.
“En las elecciones que tendrán lugar el 26 de junio, el precio al que Indra se ha adjudicado el contrato es de 3,9 millones de euros (sin IVA) que resulta en 10,4 millones de euros inferior al precio de las elecciones del 2011 y 7 millones de euros inferior a su propuesta de 10.9 millones (sin IVA) para las elecciones del 2015”, indica Scytl. “El precio en el concurso de la UTE Scytl-Tecnocom para las elecciones del 26 de junio fue de 6,9 millones de euros, 2,9 millones de euros inferior al de la elección del 20 de diciembre por la posibilidad de reutilizar el hardware e infraestructura adquiridos para dicha elección”, matiza.
“El alcance de los proyectos es muy similar en todas las elecciones mencionadas y por lo tanto el coste en dichas elecciones debería ser equivalente. Así mismo, el hecho de que los tiempos de entrega para la elección del 26 de junio sean más ajustados que en elecciones anteriores en ningún caso abarata el coste de la elección, sino que en todo caso lo aumenta”, resalta.
“Monopolio de facto”
"No es bueno que existan monopolios 'de iure' o 'de facto' en ningún sector. Queda demostrado que el beneficiario de que haya competencia real en los concursos públicos es el contribuyente", señala Pere Vallés, consejero delegado de Scytl.
"Nos ha sorprendido que Indra haya realizado una rebaja tan importante en el precio para este concurso. O bien tenían unos márgenes extraordinariamente altos cuando se adjudicaban estos concursos a más de 14 millones de euros, o bien están perdiendo dinero ahora a un precio inferior a 4 millones de euros, o bien se están dando estas dos circunstancias de forma simultánea. En cualquier caso, parecería una práctica competitiva nada ortodoxa para una empresa que cuenta con una importante participación accionarial del Estado y con numerosos contratos con la Administración Pública”, cuestiona Vallés.
Indra defiende que no oferta a pérdidas
Por su parte, Indra defiende que no ha ofertado a pérdidas ni con margen negativo. Tal y como aseguran fuentes de la empresa a EP, aseguran que se trata de una oferta "muy competitiva", principalmente porque el alcance del concurso incluye menores exigencias y conlleva menos de la mitad de tiempo de trabajo; porque sus proveedores han sido muy competitivos en sus ofertas, y porque ha mejorado sensiblemente en los últimos trimestres su capacidad competitiva gracias a los planes de eficiencia y de optimización de costes implementados y su capacidad de obtención de sinergias y economías de escala.
Además, argumenta que el planteamiento del concurso ha sido diferente al correspondiente a las elecciones de diciembre de 2015, lo que supone que los costes sean "sensiblemente menores" que en las elecciones de diciembre.
Según explica Indra, el planteamiento incluía menores exigencias de desarrollo de sistemas, lo que tiene un muy importante efecto en costes. La consecuencia más destacable en la práctica es que no se van a utilizar las Mesas Administradas Electrónicamente (MAEs). Esto supone una reducción de aproximadamente un tercio la inversión total total de un proyecto como el de diciembre de 2015.
Adicionalmente, se produce una reducción de más del 50% de tiempo de ejecución, pasando de los 90 días tradicionales a menos de 45, lo que supone una rebaja de los costes relacionados con dedicación, contratación de personal y de otros costes de logística.