A todos nos ha pasado alguna vez. Cuando intentamos comprar un producto o servicio a precio reducido en un sitio web de otro país de la UE, el vendedor bloquea la venta, exige el pago con la tarjeta de una determinada nacionalidad o nos redirige sin permiso a otro punto de venta local con tarifas diferentes, normalmente más altas. Sólo el 37% de las tiendas online permiten a clientes de otro estado miembro concluir su compra, según los datos de Bruselas.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un proyecto de reglamento que quiere acabar con este bloqueo geográfico, que considera una práctica discriminatoria. “La discriminación entre los consumidores de la UE basada en el objetivo de segmentar los mercados según las fronteras nacionales no tiene sitio en el mercado único”, ha alegado la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska. Pero el texto legal de Bruselas contempla múltiples excepciones que limitan sus beneficios.
Muchos sectores excluidos
Desde su entrada en vigor, prevista para 2017, el reglamento se aplicará a servicios como entradas para conciertos, alquiler de coches o reservas en hoteles. En todos estos sectores, Bruselas ya ha intervenido para poner fin a casos de discriminación. Uno de los casos más sonados fue el del parque de atracciones Eurodisney de París, que cobraba tarifas distintas según el lugar de residencia de los compradores.
A partir de ahí empiezan las excepciones. Los servicios electrónicos como los de computación en la nube, almacenamiento de datos o alojamiento de páginas web, dispondrán de una prórroga hasta mediados de 2018 para adaptarse. La prohibición de no discriminar no se aplica tampoco de momento a la música, los libros electrónicos o los videojuegos, aunque Bruselas sopesa incluirlos en el futuro. Y los que se libran de forma definitiva son los servicios audiovisuales. Bruselas alega que en todos estos casos está en juego la protección de los derechos de autor.
La norma tampoco cubre los servicios de transporte ni los servicios financieros minoristas. En ambos casos, la obligación de no discriminar ya está contemplada o está previsto incluirla en normativas sectoriales.
Los vendedores podrán mantener precios diferentes
Bruselas asegura que su intención no es regular o armonizar los precios en toda la UE. Los comerciantes seguirán teniendo la libertad de fijar precios diferentes en sitios webs dirigidos a distintas audiencias nacionales. No obstante, la nueva norma obliga a que las tiendas online sean accesibles a todos los ciudadanos de la UE, que deberán poder comprar servicios y productos en las mismas condiciones y al mismo precio que los nacionales del país en cuestión.
La norma prohíbe bloquear el acceso a websites y el uso de mecanismos automáticos para redirigir al cliente sin su consentimiento previo. El Ejecutivo comunitario sostiene que esto aumentará la transparencia de precios al permitir a los usuarios a acceder a diferentes sitios nacionales. Aunque los vendedores seguirán siendo libres a la hora de decidir qué medios de pago aceptan, no podrán discriminar por motivo de nacionalidad. Si una web acepta las tarjetas Visa, tendrá que procesar los pagos de Visa de cualquier estado miembro. Las autoridades nacionales tendrán nuevos poderes para cerrar las páginas de las empresas que no cumplan.
En todo caso, el reglamento no impone la obligación de vender y enviar productos a toda Europa, por lo que también tendrá un impacto limitado en el comercio de ropa, libros de papel o productos electrónicos.
Más transparencia en el envío de paquetes
Para resolver los problemas de estos sectores, la Comisión ha presentado también este miércoles otra propuesta legislativa cuyo objetivo es aumentar la transparencia de los precios y la supervisión de los servicios de envío de paquetes transfronterizos. Las elevadas tarifas que cobran estos servicios son según Bruselas uno de los principales obstáculos al comercio electrónico entre los países miembros.
El Ejecutivo comunitario sostiene que los altos precios no siempre reflejan los costes de envío. Por ejemplo, enviar un paquete desde Holanda a España cuesta 13 euros, mientras que el mismo envío en dirección contraria se dispara hasta 32,74 euros. Bruselas descarta de momento regular los precios del sector (lo volverá a sopesar en 2019) y espera que las nuevas obligaciones de transparencia sean suficientes para que bajen.