“Créame, no nos van a multar”. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado durante el debate económico de La Sexta este domingo que la Comisión Europea ni siquiera impondrá un castigo “moral” a España por el desvío del déficit en 2015. La sanción tendría que haber llegado a mediados de mayo, pero el Ejecutivo comunitario la paralizó en el último minuto alegando que no quería interferir en la campaña electoral española.
Aunque es cierto que Bruselas tiene poco apetito por las multas en un momento en el que la recuperación se ralentiza, las reglas del Pacto de Estabilidad -que se endurecieron durante la crisis de deuda por exigencia de Alemania- le dejan muy poco margen de maniobra. Pese a las declaraciones de Guindos, la posibilidad de una sanción de hasta 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB) sigue estando sobre la mesa, aunque lo más probable es que sea un castigo meramente simbólico. La Comisión se plantea anularla si Rajoy lo pide.
La decisión final se adoptará durante la primera semana de julio. Pero España sería, probablemente junto a Portugal, el primer país de la UE en ser sancionado por el desvío del déficit. A continuación explicamos las principales claves.
¿Por qué Bruselas quiere multar a España?
La sanción se debe al fuerte desvío del déficit público durante el último año de Gobierno de Mariano Rajoy. En lugar del 4,2% exigido por Bruselas, el desfase presupuestario en 2015 se disparó hasta el 5,1% del PIB debido a las rebajas de impuestos y aumento de gasto público en pleno año electoral. Es el segundo déficit más alto de la UE, sólo superado por Grecia. Además, el incumplimiento se produjo pese al fuerte crecimiento de la economía española, que avanzó un 3,2%, la tasa más alta entre los grandes países de la eurozona.
Otro agravante es que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ignoró varios avisos de Bruselas. El primero, en octubre del año pasado, cuando la Comisión aprobó un dictamen negativo sobre los Presupuestos de Rajoy para 2016 y reclamó nuevos ajustes para cumplir el déficit. Pero Guindos rechazó hacer ningún recorte y aseguró que España cumpliría gracias al mayor crecimiento. Seis meses después, en el Ecofin de Ámsterdam de abril, el ministro admitió su error y se disculpó ante el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, por los ataques del PP.
¿Qué ha hecho Rajoy para frenar la sanción?
El presidente del Gobierno en funciones envió a principios de mayo una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para pedirle que frenara la multa. Rajoy justificó el desvío del déficit por la baja inflación y la ralentización del crecimiento mundial. Además, trasladó las culpas a las comunidades autónomas, donde “los cambios políticos llevaron a desvíos presupuestarios muy notables”.
Para Rajoy, la Comisión debe tener en cuenta las medidas tomadas por su Gobierno durante toda la legislatura y no sólo en 2015, que según admite “ha sido un año marcado por el calendario electoral”. España ha rebajado el déficit desde el 9,3% en 2011 hasta el 5,1% en 2015, alega en su carta. Y sigue comprometida con la aplicación del Pacto de Estabilidad. De hecho, el presidente del Gobierno ha prometido a Juncker que, si gana las elecciones del 26-J, “estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas” para cumplir el déficit.
¿Por qué se ha aplazado la multa hasta julio?
La presión de Rajoy surtió efecto. Todo estaba preparado para que la Comisión desencadenara el 18 de mayo el procedimiento que conduce de forma casi automática a la multa. Ese día estaba previsto aprobar un dictamen negativo cuya conclusión es que el Gobierno español no aprobó en 2015 las “medidas eficaces” exigidas para cumplir el déficit. El dictamen contaba con el respaldo de los dos responsables económicos de la Comisión: el socialista Moscovici y el conservador Valdis Dombrovskis. Además de la multa, Bruselas se planteaba congelar buena parte de los fondos de la UE para España. También Portugal iba a ser multado por incumplir el déficit en 2015.
Juncker era el más reticente a las sanciones. Avisó de sus “posibles consecuencias sobre los mercados financieros en general y en los ciudadanos en particular, incluso aunque estén justificadas por las reglas actuales”, según figura en las minutas de la reunión previa. Finalmente, la Comisión encontró una escapatoria legal para retrasar la decisión a julio. En una entrevista a EL ESPAÑOL, Moscovici alegó que el aplazamiento “no es un regalo a Rajoy”, el responsable del desvío, sino que “se trata de respetar la democracia” y no interferir en la campaña del 26-J.
¿Qué ocurre con el año extra para rebajar el déficit?
Además de aplazar la multa a julio, el Ejecutivo comunitario decidió el 18 de mayo dar un año extra a España, hasta 2017, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. Una prórroga sin apenas contrapartidas. Los nuevos objetivos de déficit marcados por Bruselas eran el 3,7% para este año y el 2,5% en 2017. Se pedía al nuevo Gobierno hacer un ajuste estructural en las cuentas públicas equivalente a 8.000 millones de euros en dos años.
La laxitud de Bruselas con España y Portugal indignó al alemán Wolfgang Schäuble, el máximo abanderado de la disciplina fiscal y el ministro de Finanzas más poderoso del Ecofin. “No estamos contentos con la decisión”, ha dicho Schäuble. Berlín exigió un dictamen de los servicios jurídicos, que le han dado la razón y han frenado el año extra de plazo para España. No puede haber prórroga hasta que la Comisión decida sobre la multa, señala el dictamen.
La consecuencia inmediata es que la decisión sobre el año extra se ha retrasado también hasta julio. Al menos hasta entonces, el objetivo de déficit para este año es del 2,6%.
¿Habrá multa en julio?
El colegio de comisarios volverá a discutir la sanción probablemente el 5 de julio. “En julio no podemos permitirnos no decidir. Está en juego la reputación de la Comisión”, explica un miembro del equipo Juncker. Salvo que encuentre otra escapatoria legal en el último minuto, el Ejecutivo comunitario aprobará ese día el dictamen negativo que constata que Rajoy no adoptó “medidas eficaces” para controlar el déficit. Y este dictamen desencadena un procedimiento casi automático que conduce a la multa de 2.000 millones.
El dictamen negativo de Bruselas debe ser ratificado después en el Ecofin del 12 de julio. En teoría, una mayoría de ministros podría tumbarlo en ese momento. Francia ha expresado su simpatía por España, que podría contar también con el apoyo de Italia. Pero es improbable que Alemania se sume. Si el Ecofin tumba la propuesta de la Comisión, eso equivaldría a dinamitar de nuevo el Pacto de Estabilidad, como ya ocurrió en 2003 cuando lo incumplieron París y Berlín. El propio ministerio de Economía admite que la sanción es imparable si la propone el Ejecutivo comunitario.
Tras el 12 de julio, la Comisión dispone de un plazo máximo de 20 días para proponer la multa a España y la congelación de ayudas europeas. El importe predeterminado por las reglas es el 0,2% del PIB, alrededor de 2.000 millones de euros. Pero el Ejecutivo comunitario ya tiene decidido anularla si el Gobierno en funciones o el nuevo Gobierno lo piden. “Lo importante es reducir rápidamente el déficit y no condenar el pasado”, ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo.
La normativa de la UE prevé que la Comisión puede reducir el importe de la multa o cancelarla por completo a petición del estado afectado. Para ello, el país en cuestión debe enviar a Bruselas una petición motivada en un plazo máximo de 10 días, que también empezarán a contar el 12 de julio. Pero aunque el impacto financiero del castigo sea nulo, a España le quedará el estigma de haber sido el primer país en la historia de la UE en ser sancionado por el déficit.