La prórroga de la Unión Europea a España para corregir el déficit excesivo tendrá que esperar a después de las elecciones del 26-J. Los ministros de Economía de los 28 han acordado este viernes aplazar la discusión hasta julio. La decisión del Ecofin constituye un importante revés para la Comisión Europea, que había propuesto ya dar un año extra de plazo (hasta 2017) para reducir el déficit por debajo del 3%. También supone un golpe a la estrategia electoral del ministro de Economía, Luis de Guindos, que en los debates ha sostenido que Bruselas no multará a España por el desvío del déficit el año pasado.
Sin embargo, la multa es el principal argumento del Ecofin para justificar el retraso. Los ministros alegan que no se puede tomar una decisión sobre la prórroga hasta que el Ejecutivo comunitario no se pronuncie sobre si se debe sancionar o no a España (y también a Portugal) por incumplir las metas presupuestarias en 2015. La escapatoria legal que encontró Bruselas para retrasar la sanción hasta julio y conceder ya un año extra de plazo no se ajusta a las reglas del Pacto de Estabilidad, según un dictamen del servicio jurídico. Ambas decisiones deben adoptarse como mínimo al mismo tiempo.
La prórroga no está en peligro
“Hemos tomado nota de las ideas de la Comisión sobre los nuevos objetivos de déficit para España y Portugal, pero hemos decidido posponer la discusión hasta que el Ejecutivo comunitario publique sus propuestas formales sobre los próximos pasos en el procedimiento por déficit excesivo para estos dos países, lo que podría ocurrir a principios de julio”, ha anunciado el presidente del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem.
La Comisión había propuesto un objetivo de déficit del 3,7% para este año y del 2,5% para el que viene. A la espera de la decisión de julio, la meta vigente para España este año sigue siendo bajar del 5% al 2,8%.
Pese al aplazamiento, Guindos ha sostenido que la prórroga no está en peligro. “El año adicional para reducir el déficit público está acordado y lo que hay es una discusión procedimental”, ha asegurado. No obstante, no ha sido tan categórico como otras ocasiones a la hora de negar una posible sanción a España. “Hay unas razones para que haya multa y unas razones para que no haya multa. Y el Gobierno de España siempre dice, y está convencido, de que hay razones para que no haya multa y por lo tanto creemos que es una sinrazón que haya una multa”, ha afirmado el ministro de Economía.
EL FMI pide ser estrictos con los incumplidores
También el Fondo Monetario Internacional ha entrado en el debate sobre la multa a España y Portugal y ha tomado partido por las tesis más duras que apuestan por castigar a los incumplidores. En su último informe sobre la eurozona, el organismo dirigido por Christine Lagarde lamenta que algunos países con alto nivel de deuda –sin mencionar a ninguno- han reducido el ritmo de ajuste y se han gastado todo lo ahorrado en intereses de la deuda gracias a la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE).
“Para restaurar la confianza y la disciplina fiscal, se necesita una actuación más estricta contra los países que vulneran las reglas del Pacto de Estabilidad”, señala el análisis del FMI. La flexibilidad que ha mostrado hasta ahora la Comisión está “socavando la credibilidad” de las normas presupuestarias.
No habrá más retrasos
El Ejecutivo comunitario ha confirmado que actuará en julio y ha dado a entender que avanzará hacia la multa, aunque al final la reduzca a cero. “No habrá más retrasos”, ha dicho esta semana en la Eurocámara el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. “No puedo prejuzgar la decisión de julio pero, en tanto que guardiana de los Tratados, la Comisión está obligada a aplicar el Pacto de Estabilidad”, ha dicho.
Si Dombrovskis hace caso de sus técnicos, la multa es poco menos que inevitable. En su último informe sobre el rescate bancario publicado este viernes (en pdf), la Comisión critica que el año pasado "España aplicó una política fiscal expansiva y revirtió parte de los ajustes estructurales aplicados en años anteriores". "Muchas regiones y también la seguridad social han quedado bastante lejos de cumplir sus objetivos de déficit, y los beneficios extraordinarios derivados del fuerte crecimiento y el entorno de bajos tipos de interés no se han utilizado para acelerar la reducción del déficit", dice el informe.
"El favorable entorno económico no se ha utilizado para situar las finanzas públicas en una senda más sólida y, debido a la situación económica, recientemente ha habido pocos o ningún progreso en la agenda de reformas estructurales", avisa el Ejecutivo comunitario.
Lo primero que hará Bruselas es dar un paso más en el procedimiento por déficit excesivo y declarar que España no tomó medidas eficaces para cumplir los objetivos exigidos. Si el Ecofin confirma este dictamen negativo en su próxima reunión del 12 de julio, se desencadenaría un procedimiento casi automático que acabaría en una multa de hasta 2.000 millones de euros, el 0,2% del PIB.
El mensaje de Bruselas al próximo Gobierno no puede estar más claro. "Para seguir reequilibrando la economía es fundamental realizar esfuerzos adicionales de consolidación con el fin de garantizar una reducción sostenible del déficit y la deuda, así como esfuerzos enérgicos en materia de reformas", dice el informe.