En diciembre perdía el contrato por primera vez en la historia. Seis meses después Indra lo recuperó en los nuevos comicios. La del 26-J era su reválida. Pero su contratación, sin concurso público y por medio de un procedimiento negociado, levantó suspicacias. La teoría del ‘tongo’ en el escrutinio en la noche electoral, que sostenían voces de algunos partidos y que fue desmentida por Interior, la señaló directamente.

Pero, ¿cómo llegó Indra, una empresa con un 20% de capital público, a recontar de nuevo los votos? La rebaja económica fue clave, aunque advierten: no implicó pérdidas.

El dinero, clave

Después del fracaso de las negociaciones entre los partidos, se precipitaron los acontecimientos. Se tenían que celebrar nuevas elecciones. Había poco tiempo. Y el Gobierno descartó el concurso público, pese a que podía haberse llevado a cabo una tramitación del expediente por vía de urgencia. Lo realizó por un procedimiento negociado: invitó a las empresas que participaron en el 20-D. Y se lo entregó a Indra.

El recorte económico fue lo que le permitió apuntarse el tanto. En concreto, la compañía puso sobre la mesa 3,9 millones de euros, sin incluir el IVA, lo que representaba un recorte de más de la mitad de lo que ofreció en un primer momento. ¿Cómo es posible un recorte de ese calibre en unas elecciones cuando las anteriores se adjudicaron por 11,8 millones?

¿Cómo rebajar?

Desde Indra señalan cuatro factores clave para esa fuerte rebaja. El primero es evidente: incluía menores exigencias técnicas. No se han utilizado las llamadas mesas administradas electrónicamente, lo que supone una reducción de un tercio en el coste total respecto al del 20-D. “Estas tenían un alto coste de formación y también la contratación con una serie de proveedores”, apuntan.

El segundo de esos factores es el tiempo requerido. Si tradicionalmente la empresa concesionaria contaba con 90 días para ejecutarlo, en esta ocasión se han trabajado unos 30. “Eso implica una rebaja de los costes asociados a la contratación de personal y a otros desembolsos para logística”, resaltan esas fuentes.

El ajuste en los precios concertados con proveedores de la propia Indra también ha influido. En áreas como comunicaciones y logística, empresas contratadas por la empresa semipública también ajustaron sus precios “y han sido muy competitivos”.

Y el último factor tiene que ver con algo muy sencillo: la necesidad. La empresa debía hacer un esfuerzo mucho mayor en el lado económico, pues el único que iba a tener un peso relevante en la adjudicación por encima de la parte técnica. “En otros concursos existían factores técnicos, que era donde Indra lograba una diferencia importante; en esta ocasión, no podíamos compensar el factor precio con la oferta técnica y había que hacer un esfuerzo”, resaltan.

La otra gran duda que surge es sobre la rentabilidad económica y si estos precios han permitido ganar algo de dinero a la empresa. Y estas fuentes lo reiteran: “Ha habido margen positivo y no se ha ido a pérdidas; desde hace tiempo no se va a ninguna operación que tenga pérdida, somos muy selectivos”.

Menos dinero… ¿más incidencias?

Había muchas incógnitas sobre si realmente ese fuerte recorte en el precio final iba a pasar factura en el servicio ofrecido al Gobierno. Y más allá de las diferencias en el censo, explicadas a este medio por el Ministerio del Interior, no hubo especiales problemas técnicos. Y todo ello, a pesar de la premura con la que se llevó a cabo todo el proceso. De hecho, las primeras pruebas con los medios de comunicación se iniciaron justo una semana antes.

“No hemos tenido ninguna incidencia ni ninguna cuestión que haya menoscabado el trabajo de Indra”, explicaban estas mismas fuentes, quienes descartaban que se hubieran sufrido retrasos en la última parte del escrutinio respecto a otras ocasiones.

¿Quién es Indra?

Indra es una empresa semipública. Surge de la fusión en 1992 de la fusión de la empresa privada Ceselsa y el grupo público Inisel, dedicadas a la electrónica, la informática y las comunicaciones. Siete años después, el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lleva a cabo una OPV en la que se vendió la totalidad de su participación, que sumaba el 63% (el resto estaba repartido entre distintas compañías privadas, entre ellas Thomson y Caja Madrid).

Pero fue en 2013, quince años después, cuando el Estado volvió a tomar una participación destacada en la compañía tecnológica. Compró el 20% que controlaba Bankia. ¿Por qué? “Pretende preservar la estabilidad accionarial en una compañía que constituye uno de los pilares de nuestra base tecnológica y nuestra presencia internacional”, explican.

Hoy junto al Estado tiene entre sus accionistas a Telefónica (6%) o Corporación Financiera Alba, dueña de un 10%. Sus acciones cayeron ayer, el día después del recuento, un 3,5% y coloca su valoración en bolsa por encima de los 1.400 millones.