Altos cargos del Banco de España consideraron “una humillación” para la entidad que el ministro de Economía Luis de Guindos les ordenara solicitar auditorías externas sobre la banca española a las firmas Roland Berger y Oliver Wyman en mayo de 2012. La adjudicación de los contratos fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas en 2014.

La semana pasada, EL ESPAÑOL reveló que el nuevo candidato del Gobierno para el Banco Mundial en sustitución de José Manuel Soria, Fernando Jiménez Latorre, que entonces era el ‘número dos’ de Guindos, había trabajado para una filial de Oliver Wyman hasta su nombramiento como secretario de Estado. El Ministerio de Economía declaró que “no hubo conflicto de intereses” en la selección.

Aunque la necesidad de una auditoría independiente surgió del Eurogrupo, fue el Ministerio de Economía el que decidió que se realizaran por duplicado. El encargo, que se aprobó mediante un acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de mayo de 2012, cuando se dictó el llamado Decreto Guindos II y sólo dos días después de la intervención de Bankia, fue interpretado como una desautorización al Banco de España y se vio como un intento de acelerar la salida del entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cosa que finalmente ocurrió.

Dos evaluadores con urgencia

En el libro España amenazada (Ed. Península, 2016), sus memorias del peor año de la crisis que presentará el miércoles 14 en Madrid en presencia del presidente del Gobierno en funciones, Guindos afirma que Herman Van Rompuy se dirigió en nombre de José Manuel Durao Barroso y Jean-Claude Juncker al Gobierno de Rajoy “para pedirnos una evaluación independiente del sector financiero español. Decidimos que, en lugar de un evaluador, fueran dos, tal era la situación de desconfianza a la que nos enfrentábamos” (Pág. 87).

Ese mismo día Guindos escribió a Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España: “La situación de extrema gravedad -afirmaba- y de serio peligro de inestabilidad de los mercados hace que la realización de los citados trabajos de evaluación independiente deba efectuarse con carácter de urgencia y en el menor tiempo posible, tal como ha demandado el Eurogrupo”.

Una afrenta aún mayor

La afrenta para el Banco de España iba a ser mayor, ya que inicialmente se preveía que la institución pagara a los auditores de su presupuesto. Finalmente, la entidad logró que los 31 millones de euros que costó la totalidad de los informes los pagara el Fondo de Garantía de Depósitos. Esta decisión sólo se consiguió cuando ya Luis Linde, candidato de De Guindos a dirigir la institución, había sustituido a Fernández Ordóñez el 11 de junio de 2012. De hecho, se materializó en una disposición transitoria del Real Decreto 21/2012, del 13 de julio de 2012, según las alegaciones que el propio Banco de España efectuó ante el Tribunal de Cuentas.

En su libro Economistas, políticos y otros animales (Ed. Península, 2016), Fernández Ordóñez acusó al ministro De Guindos de cometer una serie de “errores garrafales” en los seis primeros meses de gestión de la reforma financiera. “El broche final fue la campaña de desprestigio del Banco de España lanzada por el propio Gobierno, un error que pagó muy caro -fue como dispararse en el pie-, pues transmitió al mercado serias dudas sobre la fiabilidad de las informaciones contables y estadísticas del supervisor español, uno de los factores que, insisto, acabó obligándole a pedir ayuda a sus socios” (Pág. 62).

“Política del avestruz”

Por su parte, Guindos asegura que “el equipo de Fernández Ordóñez era más partidario de proceder de manera gradual y aquello condicionó nuestra actuación. Quizá había cierto mecanismo de defensa por su parte. Si el problema era de gran envergadura como nos adelantaba el FMI, ¿qué se hizo hasta entonces cuando ya habían pasado casi cuatro años desde el inicio de la crisis financiera internacional? ¿Por qué se permitieron algunos saltos en el vacío como sucedió con Bankia?” (Pág. 77).

Guindos sugiere en su obra que Fernández Ordóñez practicaba “la política del avestruz” y amplía su crítica a toda la institución: “El Banco de España hacía bastantes años que no lidiaba con una crisis financiera. La más reciente e importante fue la de Banesto a principios de los noventa. La institución tampoco contaba con un buen diagnóstico de la situación para darle una intensidad adecuada a los que estaba ocurriendo y valorar las consecuencias” (Pág. 90).

Estudios previos

Exaltos cargos del Banco de España aseguran que ya en la época de Fernández Ordóñez se había estudiado la posibilidad de encargar una auditoría independiente, sobre todo después del fiasco de los test de estrés del verano de 2011. Entonces ya se mencionaba como candidato a Oliver Wyman. De hecho, en un célebre patinazo, el Financial Times informó el 17 de mayo de que los auditores serían Oliver Wyman y Blackrock, y de que Guindos lo anunciaría ese mismo día.

Sin embargo, en octubre de 2012, el diario El Mundo, citando a fuentes financieras, señalaba que Guindos había descartado a última hora a Blackrock “por estar relacionada con algunas entidades españolas, además de ser un potencial inversor institucional”.

La polémica de los 50.000 millones

Los mismos exaltos cargos del Banco de España sugieren que uno de los encargos implícitos que los auditores debieron asumir fue el de “validar la cifra de 50.000 millones de euros que necesitaba la banca española” que Guindos había dado a conocer en una entrevista al Financial Times el 4 de enero de 2012. La cantidad fue objeto de controversia en su momento. Guindos asegura que se la transmitió la cúpula del Banco de España en una tensa reunión celebrada el 3 de enero. En su libro, Fernández Ordóñez confirma que le dijeron que había que provisionar ese dinero, pero asegura que “no había por qué decirlo, había que hacerlo”.

Para el staff del Banco de España, la presencia de los empleados de Roland Berger y Oliver Wyman en su sede fue problemática. La sensación de haber sido desautorizados por Guindos fue mayor cuando se percataron de que los nuevos auditores no tenían cifras propias, sino que trabajaban con las que les facilitaba… el Banco de España. La guerra fría fue total. No hubo concesiones a los recién llegados, a los que se obligó a trabajar hacinados en pleno verano en una dependencia donde muchos de ellos se quejaron de pasar calor.

Una factura elevada

Las dos auditoras trabajaron a destajo ese verano para poder entregar el último informe en la primavera. Cuando llegó la factura, la molestia volvió a propagarse por el Banco de España. Los 31 millones del total final -el Tribunal de Cuentas sólo revisó cuatro contratos por 23,8 millones- fue juzgado como desproporcionado para el trabajo realizado, sobre todo si se considera que fue una reelaboración de los datos eran del Banco de España.