Son más de mil organizaciones de todo tipo (movimientos sociales, sindicales, religiosos, ecologistas...) pero creen haber dado con una receta que debería interesar a la Comisión de Hacienda del Congreso. Se trata de la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad (AEPD), que ha elaborado un informe con 24 medidas detalladas para que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 sean capaces de "garantizar los derechos de las personas".
Convencidos de que "sí hay dinero", los miembros de la plataforma pretenden transmitir a que solo hay que "buscarlo y recaudarlo" de manera adecuada. El capítulo de ingresos de los PGE, aseguran, debe elevarse para evitar que el costo del posible ajuste fiscal "vuelva a ser pagado" por los colectivos "más vulnerables" de la población española. Estas son sus 24 medidas:
1. Aumentar el personal de la Agencia Tributaria (AEAT). La alianza anima a llegar al ratio de la OCDE, que se sitúan en 667 contribuyentes por empleado. Ahora, en la Agencia son 1680 por trabajador.
2. Equiparar el costo por habitante de la AEAT. Actualmente, es el 40% de los países de nuestro entorno.
3. Reorganizar la AEAT. De modo que se pueda dedicar un mayor esfuerzo a la investigación de las grandes bolsas de fraude.
4. Convocar oposiciones. Con el fin de contratar más inspectores y promocionar a los técnicos
5. Que la AEAT coordine y colabore con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas y entidades locales.
6. Crear una base de datos fiscales única, con acceso a la misma de todas las administraciones tributarias
7. Dotar de suficientes medios a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). Nacida en 2013, es una unidad especializada que se encarga de realizar la planificación centralizada de actuaciones y la fijación de criterios uniformes de actuación para toda la Agencia Tributaria en materia de fiscalidad internacional.
8. Apostar por un exhaustivo control fiscal de las grandes fortunas. El pasado mes de octubre, la Comisión de Hacienda aprobó que el nuevo Gobierno creara una oficina de control fiscal de grandes fortunas una iniciativa del grupo parlamentario de Ciudadanos.
9. La Alianza contra la Pobreza anima a especializar jueces, fiscales y policía en materia fiscal, de modo que se aceleren sentencias.
10. Elaborar informes sobre economía sumergida y fraude, desagregado por impuestos, territorios y sectores, para que el control sobre el fraude fiscal pueda ser más exhaustivo.
11. Alcanzar el nivel medio de presión fiscal de la eurozona. La presión fiscal en España en 2015 supuso el 34,6% del PIB, casi siete puntos menos que la media de la Eurozona (41,4%) y seis menos que la de la UE (40%).
12. Implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras, de modo que aumente la recaudación a partir de la economía financiera.
13. Limitar incentivos y deducciones del Impuesto de Sociedades a un porcentaje máximo sobre el beneficio.
14. Crear un informe público de multinacionales de operaciones intragrupos y pago de impuestos país por país.
15. Establecer una nueva lista de paraísos fiscales y territorios no cooperantes reales y gravando sus movimientos.
16. Eliminar, además, cualquier exención de rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas en paraísos.
17. Negar a empresas domiciliadas en paraísos fiscales la obtención de bonificaciones y concursos públicos.
18. Exigir responsabilidad tributaria y penal a asesorías que colaboren en el fraude.
19. Ampliar el corto plazo de prescripción de todos los delitos fiscales a 10 años. Hoy, el delito fiscal con carácter general prescribe a los cinco años.
20. Establecer el delito fiscal a partir de 50.000 euros evadidos y endurenciendo las penas en el Código Penal.
21. Eliminar las posibilidades de rebaja de penas introducidas en el artículo 305 del Código Penal.
22. Evitar la evasión fiscal con SICAVs, con límite por inversor inferior al 4% del total del capital y liquidando las plusvalías ante Hacienda cada 4 años.
23. Igualar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo y de actividades económicas.
24. Fomentar una cultura de la responsabilidad fiscal con campañas de sensibilización.
Según la Alianza contra la Pobreza, la persecución del fraude fiscal "con un nivel de eficacia similar" a los países del entorno europeo, se captarían unos 40.000 millones de euros. "Decimos que sí que hay dinero, y la principal medida que reclamamos es una fiscalía justa, que ponga la carga de la recaudación de impuestos en las grandes empresas", explica el portavoz de la plataforma, Andrés Amayuelas.
"España tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal", apuntan desde Alianza contra la Pobreza, que urge al Gobierno a que tome medidas para elevar los ingresos en los próximos PGE. El pasado jueves, todos los grupos parlamentarios (excepto PP) recogieron sus reclamaciones a las puertas del Congreso. "Serán estudiadas", aseguraron los portavoces de la Comisión de Hacienda.