El acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba a cierre de 2015 en 60.718 millones de euros, según el informe de fiscalización entre los años 2009 y 2015 publicado por el Tribunal de Cuentas.

El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros

Destacan, como "procesos que han supuesto mayor coste", el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), Banco CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

En referencia a los recursos públicos comprometidos, el informe señala que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros.

En este sentido, la fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones.

Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.

Sin embargo, no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público, de ahí que el coste se fije en esos algo más de 60.700 millones.

No obstante, el Tribunal de Cuentas advierte que esta estimación no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración.

Entre ellos, ciertas operaciones realizadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, como la venta de acciones de entidades en las que el FROB, que pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe.