La Fiscalía Anticorrupción investiga la insolvencia de Zed, la empresa española pionera en Internet, actualmente en concurso de acreedores después de ser una compañía líder en su sector y que llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de euros. En el marco de la investigación, que lleva varios meses en marcha, ha entrado de lleno el consejero delegado de Planeta, José Lara García, quien acudió a declarar en calidad de testigo este jueves, al formar parte de la tecnológica con un 20% del accionariado, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Con su testimonio, unido al de otros testigos e investigados, se abre una nueva tesis de lo que está ocurriendo en las entrañas de la empresa. La investigación se inició tras una denuncia del propio fundador de ZED, Javier Pérez Dolset, por amenazas relacionadas con su socio, la empresa rusa VimpelCom, vinculada a Mihkail Friedman, el segundo hombre más rico de Rusia y relacionado con el supuesto espionaje a Estados Unidos para favorecer a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Según las tesis del denunciante, le persiguen por colaborar con Estados Unidos para destapar a su socio en el soborno a funcionarios de Uzbekistán.

Las autoridades norteamericanas han llegado a multar a la empresa rusa con cerca de 800 millones de dólares por esos sobornos para lograr licencias de actividad. El organismo estadounidense informó que VimpelCom pagó al menos 114 millones de dólares a funcionarios de Uzbekistán entre los años 2006 y 2012 para acceder a un negocio de telecomunicaciones que generó ingresos por importe de 2.500 millones de dólares.

De las amenazas a la insolvencia

Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Policía empezaron a tirar del hilo de esas supuestas amenazas y han llegado a detectar la posible insolvencia de Zed, una de las empresas españolas pioneras en el ámbito de las nuevas tecnologías en la producción de vídeos y aplicaciones para móviles.

El fundador de Zed es Pérez Dolset pero en el accionariado han ido entrando Planeta (de la familia Lara, con un 20%, y por lo que se estima invirtó hasta 100 millones de euros) o Torreal (de Juan Abelló, con un 10%), entre otros. Ahora estos inversores tienen abiertos varios pleitos contra el primero por perjudicar gravemente a la sociedad hasta llevarla a concurso de acreedores. Es más, desde parte del accionariado se ve la denuncia de Pérez Dolset como una cortina de humo para tapar sus maniobras para vaciar la compañía y llevarla a la insolvencia.

Los investigadores están detrás de las causas de la insolvencia de la compañía. Una de las tesis se basa en que el socio ruso está estrangulando deliberadamente la compañía a través de Zed+ para 'borrar' a Pérez Dolset. El origen de la batalla del fundador de Zed con VimpelCom -vinculada al magnate ruso Mihkail Fridman- comienza tras su unión para expandir el negocio por tierras rusas.

En 2013, ambas compañías decidieron crear conjuntamente Zed+ en Holanda, absorbiendo Zed. Sin embargo, la nueva aventura no funcionó y comenzaron los problemas entre los dos socios principales. En medio de esa batalla, un tribunal de Amsterdam decidió que Zed + (principal accionista de Zed) estuviera administrada por el abogado holandés Peter Wakkie y no por Pérez Dolset.

En el marco de esta investigación de Anticorrupción, la Policía detuvo este lunes en el aeropuerto de Madrid a Wakkie para tomarle declaración en calidad de investigado, tal y como adelantó El Confidencial. Hay sospechas de que podría haber actuado de parte en Zed+ y no de manera imparcial como le correspondería como administrador judicial.

Otra tesis mira a Dolset

Existe una segunda tesis de la causa de la insolvencia. Se está abriendo la posibilidad de que sea Pérez Dolset quien, en paralelo al supuesto estrangulamiento de los rusos, haya llevado a la quiebra a la compañía a través de maniobras empresariales.

Esta investigación está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía, quienes están recabando toda la información para elaborar una querella y judicializarla. Sin embargo, antes de que esto ocurra debe aclarar qué personas deben ir como investigadas ante un juez.