Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncian que el director de la Agencia Tributaria del Estado (AEAT), Santiago Menéndez, ha omitido alguna "información relevante" de los resultados de la lucha contra el fraude en 2016 presentados este martes, y cifran en un 84,3% la evasión fiscal no detectada en el pasado ejercicio.

En una nota, los técnicos reclaman que se haga pública la información de los delitos fiscales denunciados, de las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que históricamente reflejan el "núcleo fundamental" de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, y que hasta este año "siempre se han publicado".

Gestha teme que "tras esta omisión se oculte el desplome de los delitos fiscales descubiertos por la AEAT en 2016", y señala que, en 2015, la AEAT tramitó únicamente 341 denuncias por esta causa, frente a los 793 expedientes de 2005, un 57% menos que en la última década, y lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011.

El sindicato señala cuatro causas que hacen más difícil descubrir fraudes superiores a 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal, como son la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda, que les impiden completar los delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que descubren, la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales, la amnistía fiscal de 2012 y la modificación del artículo 305 del Código Penal.

LA "CUESTIONADA" EFICACIA DE LA AEAT

De igual forma, denuncia que las inspecciones, el cobro en ejecutiva y la eficacia son tres aspectos claves en los resultados en la lucha contra el fraude que "también han sido omitidos por el director de la AEAT". En 2015 se investigaron a más contribuyentes respecto a 2010, descubriéndose una deuda defraudada menor, por lo que la media descubierta por contribuyente es menor, según Gestha.

La evolución de la deuda media en 2012, 2013 y 2014 muestra que la AEAT ha decidido reforzar la investigación de contribuyentes de "escasos recursos" (pequeñas empresas, autónomos y trabajadores), a los que se les descubren deudas de menor importe (que habitualmente pueden ser pagadas), decayendo a la vez la investigación del fraude sofisticado que cometen grandes empresas y multinacionales.

Por otro lado, Gestha recuerda que el Tribunal de Cuentas confirmó en febrero de 2014 la queja del sindicato referida a que de cada euro que ingresa la AEAT en su lucha contra el fraude, quedan casi cinco pendientes de cobro.

Para verificar la eficacia de la AEAT en la cancelación de la deuda pendiente de 26.337 millones en 2016, Gestha señala que es imprescindible conocer las cancelaciones por ingreso y los ingresos en ejecutiva para diferenciarla, respectivamente, de las cancelaciones por anulaciones de los tribunales o por prescripción u otras causas y de los ingresos de deudas en plazo voluntario de pago. Tampoco se dan datos sobre el índice de gestión recaudatoria ejecutiva ni del índice de cobro, critica.

PEORES RESULTADOS POR SEGUNDA VEZ EN 25 AÑOS

Por último, para determinar el grado de eficacia de la AEAT en la lucha contra la economía sumergida y la evasión, ve conveniente poner en relación los resultados totales de la AEAT con la evasión total. Según los técnicos, los resultados logrados por la AEAT apenas representaron el 20% de la evasión estimada entre 2012 a 2015, si bien reconocen una mejora respecto del cuatrienio anterior, que fue de poco más del 11%.

En 2016, los resultados de la AEAT llegaron solo al 15,7% de la evasión estimada del año, por lo que el 84,3% de la evasión no fue detectada, lo que revela un grado de ineficacia muy alto. Por segunda vez en 25 años, en 2016 la AEAT logró unos resultados peores que en el año anterior, al igual que sucedió en 2013 cuando fue nombrado el actual director de la AEAT, recuerda Gestha.

Para el sindicato, la "baja calidad" de las investigaciones provoca que casi la mitad de las liquidaciones sean anuladas por los tribunales, aunque la peor parte recae sobre las comunidades autónomas, a las que se anulan el 66% de las liquidaciones tributarias.