Corresponde a los fabricantes "restablecer la confianza y subsanar los errores cometidos", afirmó el ministro al dominical del popular diario "Bild" y ante la llamada "cumbre del motor" convocada por el Gobierno de Angela Merkel con los responsables del sector.

La reunión, a la que asistirán Dobrindt y la titular de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, había sido programada hace ya unas semanas, pero la sucesión de informaciones y nuevas sospechas sobre el sector le ha dado una relevancia mayor.

Las recientes informaciones del semanario "Der Spiegel" apuntando a un presunto cártel entre Volkswagen (VW), BMW, Daimler, Porsche y Bosch han agravado la sospecha general sobre el sector, motor tradicional de la economía alemana, apuntalada en la exportación.

La Justicia alemana ha tomado asimismo su parte de protagonismo, con la sentencia del pasado viernes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Stuttgart (sur) pidiendo la prohibición de los vehículos diésel en esa ciudad, especialmente afectada por la contaminación.

La sentencia daba la razón a una demanda de la ONG Deutsche Umwelthilfe (DUH), que reclamaba tal prohibición a partir de 2018, por entender que la protección de la salud de los habitantes es prioritaria sobre los derechos de los propietarios de esos coches.

Los expertos consideran que la decisión de Stuttgart puede sentar precedente para otras ciudades alemanas y aumentar la presión sobre los fabricantes de coches.

Los motores diésel están en entredicho desde que estalló el escándalo de manipulación de emisiones en el consorcio Volkswagen, revelado por las autoridades de EEUU, a lo que siguió un goteo incesante de informaciones sobre otros fabricantes.

"La reputación de los coches 'made in Germany' está amenazada de quedar manchada y eso es terrible", admite Dobrindt, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermanado a la Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera Merkel.

A la cumbre del miércoles, denominada "Foro Nacional", asistirán los dos ministros mencionados, los jefes de las mencionadas empresas alemanas y también de Opel y Ford, representantes sindicales, de la patronal y expertos.

Los constructores temen no solo el impacto sobre el ciudadano o las exportaciones, sino también que la sentencia de Stuttgart llegue a ser en firme -está pendiente aún de eventuales recursos-.

La cuestión ha alcanzado al estamento político en plena precampaña hacia las elecciones generales del 24 de septiembre y desde el Partido Socialdemócrata (SPD) -del que forma parte la ministra Hendricks- se ha reclamado la presencia en la cumbre de Merkel, oficialmente de vacaciones hasta principios de agosto.

El Gobierno ha asumido estos días una postura mucho más activa y el pasado jueves el propio Dobrindt impuso a Porsche la llamada a revisión de los vehículos Cayenne, al haberse detectado un software ilegal para el control de las emisiones en ese modelo diesel.

El fabricante, filial de VW, reaccionó de inmediato y llevó a talleres a 21.000 vehículos de ese modelo.

Las autoridades de la competencia europeas investigan, por su parte, la existencia del presunto cártel creado, según "Der Spiegel", en los años 90 para acordar cuestiones relacionadas con tecnología, costes, suministradores e incluso la limpieza de las emisiones de los vehículos diésel. EFECOM

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