Los taxistas desalojan la Gran Vía de Barcelona tras poner fin a la huelga
Barcelona, 24 ene (EFECOM).- Los centenares de taxis que ocupaban el tramo central de la Gran Via de Barcelona desde el pasado día 18 han abandonado en la pasada madrugada esta arteria barcelonesa después de que, tras una ajustada votación, los taxistas decidieran abandonar la huelga tras la última propuesta del Govern para regular los VTC.
En cambio, los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que usan plataformas como Uber y Cabify, continúan esta mañana su protesta en el tramo de la Avenida Diagonal entre la plaza Francesc Macià y la plaza Pius XII, donde permanecen aparcados en desacuerdo con el tiempo mínimo de precontratación pactado con los taxistas, que se fijará en el área de Barcelona en una hora.
Esta protesta afecta a los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona, que no se detienen en las paradas de este tramo de la Avenida Diagonal de Barcelona.
Los taxistas de Barcelona decidieron de madrugada abandonar la huelga que iniciaron hace seis jornadas para reclamar que se limitara el servicio que pueden prestar los vehículos de alquiler con conductor, tras una jornada marcada por la tensión y la división dentro del colectivo.
Había casi 14.000 autónomos y asalariados del sector llamados a responder la pregunta "¿Hay que levantar el paro?", y 2.508 de los 4.707 que participaron decidieron volver al trabajo, mientras que 2.177 optaron por mantener la protesta, mientras se contabilizaron 19 votos en blanco y tres nulos.
La jornada de ayer evidenció la división interna de un sector que hasta ahora aparentaba una unidad casi granítica auspiciada por el liderazgo del portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez.
De hecho, el sindicalista, más conocido como Tito, fue la principal víctima de la tensión provocada por la disparidad de opiniones en relación a la última propuesta de la Generalitat para regular las VTC y dimitió del comité de huelga.
La última propuesta del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, plantea un redactado de decreto ley que, a partir de un plazo general de 15 minutos, blinda la posibilidad de que los entes locales obliguen a contratar los servicios de plataformas como Uber y Cabify con una antelación mínima de una hora.
