La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha recomendado este jueves que el decreto aprobado por el Govern que obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor (VTC) con 15 minutos de antelación no sea convalidado por el Parlamento catalán al verlo discriminatorio.

Este organismo, dependiente de la propia Generalitat, considera que el decreto aprobado por el Govern, que ya está en vigor, pero que aún debe ser convalidado por el Parlament, "obstaculiza gravemente el funcionamiento de los mecanismos competitivos", al establecer un tiempo mínimo de precontratación para esa modalidad de transporte.

"El debate no es si uno u otro plazo de precontratación es proporcional, sino si su establecimiento es admisible", apunta este organismo, que tilda de "contrasentido" restringir la actividad de los VTC "cuando es el modelo de actividad más eficiente en términos económicos y medioambientales".

"El decreto ley es negativo para la ciudadanía porque introduce artificialmente ineficiencias en el servicio", concluye este ente, que ya se había mostrado contrario a poner trabas a la contratación de los VTC pero que ahora se pronuncia por primera vez sobre la solución adoptada por el Govern.

El decreto del Govern entró en vigor el pasado viernes 1 de febrero, y debería ser convalidado por el Parlamento catalán en el plazo de un mes.

La entrada en vigor de ese decreto llevó a Uber y a Cabify a suspender su actividad en Barcelona.

El informe de la Autoridad Catalana de la Competencia, cuyo presidente nombra el Gobierno catalán, recuerda que la regulación de la actividad de los VTC, que operan a través de plataformas como Uber o Cabify, "siempre ha contenido obstáculos a la competencia no suficientemente justificados", lo que ha impedido una competencia efectiva.

Este ente cree que el real decreto aprobado por el Gobierno español el año pasado ya supuso una limitación definitiva a los VTC, mientras que el decreto del Ejecutivo catalán aprobado a finales de enero "ha dado un paso más y ha profundizado en esta dualidad regulatoria entre sectores".

La precontratación con 15 minutos de antelación, la prohibición de tener activa la geolocalización o de aparcar en la vía pública suponen, a juicio de la ACCO, "la introducción artificial de ineficiencias que perjudican directamente a los usuarios del servicio y generan externalidades negativas para la sociedad en general".

"Estas medidas, en especial el establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación, no están amparadas en razón de ningún interés general u objetivo legítimo, perjudican a los usuarios y tienen como único objetivo la limitación de la competencia", sentencia la ACCO.

"El decreto del Govern profundiza en la dualidad regulatoria existente, prohibiendo injustificadamente los avances tecnológicos en este mercado, en perjuicio de consumidores y usuarios", considera dicho organismo.