Washington, 26 mar (EFECOM).- La firma farmacéutica Purdue Pharma acordó hoy el pago de 270 millones de dólares al estado de Oklahoma en una de las más de 1.600 demandas que enfrenta por su presunta responsabilidad en agravar la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, informaron medios locales.

Los recursos que desembolse Purdue Pharma, el fabricante de oxicodona, un potente y adictivo analgésico, se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción en Oklahoma y al pago de gastos legales, detalló la radio pública NPR.

"Vemos este acuerdo con Oklahoma como una extensión de nuestro compromiso de ayudar a impulsar soluciones a la crisis de la adicción de los opiáceos", dijo en un comunicado el consejero delegado del gigante farmacéutico, Craig Landau.

Purdue y sus propietarios, la familia Sackler, también apoyarán con 177,5 millones de dólares la fundación del Centro Nacional de Estudios y Tratamiento de Adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma, en Tulsa.

"El acuerdo alcanzado hoy brindará asistencia a las personas de todo el país que necesitan desesperadamente de estos servicios", dijeron los Sackler en otro comunicado.

El diario neoyorquino The Wall Street Journal reveló a principios de mes que Purdue Pharma estudia declararse en bancarrota, con lo que buscaría paralizar los más de 1.600 procesos en su contra impulsados por ciudades, condados y estados del país por supuesta publicada engañosa para aumentar sus ventas de opiáceos.

El acuerdo de hoy es fruto de una demanda presentada hace dos años por el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, en la que alegaba que la farmacéutica participó en la crisis de los opiáceos con una campaña agresiva de ventas de oxicodona y afirmaciones engañosas que negaban los peligros de la adicción.

Según NPR, Hunter ha solicitado más de 20.000 millones de dólares en daños en procesos contra Purdue Pharma y otras farmacéuticas.

Precisamente este lunes, el Tribunal Suprema de Oklahoma rechazó una apelación presentada por varios fabricantes de opiáceos con la que buscaban retrasar un juicio del estado en su contra, cuyo inicio está previsto para mayo.