María Vicente

Madrid, 13 may (EFECOM).- Las recientes elecciones generales y la dejadez de los empresarios han retrasado en la práctica la puesta en marcha de la obligación de registrar la jornada laboral, en vigor desde el domingo, ya que las empresas aún no están preparadas y el Gobierno en funciones tampoco ha sido muy activo al respecto.

"Esto es muy nuestro, lo de esperar al último día", ha dicho este lunes la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, que ha recordado que la norma lleva dos meses publicada, pero cuyo Departamento ha esperado hasta este lunes para publicar su guía práctica para las empresas.

El período de interinidad generado por las elecciones generales ha favorecido que las empresas no se hayan dado prisa en poner en marcha un registro que persigue atajar el fraude en las horas extra y cuya aplicación genera numerosos interrogantes.

Entre las empresas, las principales dificultades han sido las esgrimidas por las pequeñas y medianas empresas (pymes), para las que, según su patronal Cepyme, entraña nuevas cargas y costes económicos, así como trabas para su aplicación, por ejemplo, al teletrabajo o al trabajo por objetivos, así como para viajes o empleados desplazados.

En este sentido, el director de People & Culture para España de la consultora de recursos humanos Hays, Fernando Calvo, vincula las dificultades a aquellos sectores en los que el resultado del trabajo no depende tanto del número de horas, como de la capacidad y calidad del trabajo.

Por ejemplo, explica Hays, un comercial, abogado o periodista no están en su puesto de trabajo en muchos momentos del día y, sin embargo, es tiempo que dedican a su actividad, algo que se puede monitorizar con sistemas tecnológicos, al igual que para empleados que se marchan antes del trabajo, para conciliar, y continúan posteriormente desde casa.

"Y en cambio, no siempre las horas en las que el ordenador está en marcha son efectivas de trabajo, aún hay mucha presentitis en nuestro país", asegura Hays, "y este sistema la fomenta más".

La norma no convence a los empresarios, pero tampoco a los sindicatos, puesto que son las empresas las que tienen la obligación de implantar el registro de jornada y se deja en sus manos hacerlo negociando con los representantes de los trabajadores.

En este sentido, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, exigía este lunes a las patronales comenzar a negociar, tanto a nivel sectorial como autonómico, porque hasta ahora "no se ha abierto casi ninguna mesa de negociación".

La norma no va a tener un gran impacto en la Administración General del Estado, porque el registro de jornada lleva años implantado, si bien algunas empresas públicas, como Paradores, donde se había detectado fraude con las horas extra, comenzará a aplicarlo -mediante reconocimiento facial- antes del 31 de julio, según indica CSIF.

A la correcta aplicación del registro ayudará la guía que ha elaborado el Gobierno, apremiado por las consultas que ha recibido la Inspección de Trabajo, ha dejado claro la ministra, que no contempla elaborar un reglamento que desarrolle la ley.

La Inspección de Trabajo valora la puesta en marcha de la norma y dará un margen "razonable" de unos 2 o 3 meses para comenzar a sancionar si la empresa está negociando, al tiempo que lamenta que la norma contemple una multa global por la ausencia de registro, en lugar de una por cada trabajador.