Eduardo Davis

Brasilia, 12 jul (EFECOM).- La Cámara de Diputados de Brasil acordó este viernes que la aprobación definitiva de la reforma del régimen de pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro quedará pendiente hasta agosto, lo cual puede atrasar los planes del líder de la ultraderecha para reanimar la economía del país.

La impopular reforma, la única iniciativa concreta en materia económica presentada por Bolsonaro desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, recibió este viernes la primera sanción en la Cámara baja, pero por tratarse de una enmienda constitucional requiere de una segunda, que sólo será intentada el mes próximo.

"El proceso de la segunda votación comenzará el 6 de agosto", dijo el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, en tanto que el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, un gran defensor de la reforma, consideró que "es mejor así, porque si se acelera mucho uno se puede chocar contra un muro".

El atraso fue forzado por una oposición tan minoritaria como tozuda, que se valió de todas las maniobras previstas en las normas para alargar los debates después de la primera sanción, dada por el pleno de los diputados el pasado miércoles con una amplia mayoría de 379 votos frente a 131.

El problema radica en que el Parlamento entrará en receso entre el próximo día 18 y el 1 de agosto y el grupo oficialista no logró garantizar la presencia de sus diputados para una segunda votación la semana próxima, por lo que optó por postergarla frente al riesgo de una derrota que llevase el proyecto a los archivos.

El mercado financiero, que apoya abiertamente una reforma que ha sido esgrimida como la solución al crónico déficit fiscal brasileño, recibió con euforia la primera sanción, pero ahora se teme que reaccione en sentido contrario tras este nuevo atraso con un proyecto que todavía deberá pasar por el cribo del Senado.

De hecho, tras haber quebrado tres récords consecutivos esta semana, la Bolsa de Sao Paulo cerró este viernes con una caída del 1,18 % afectada por la previsible demora del trámite.

La reforma es la gran apuesta del primer Gobierno de ultraderecha que tiene el país para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.

La iniciativa propone endurecer el acceso a las jubilaciones en búsqueda de un ahorro fiscal equivalente a unos 265.000 millones de dólares en diez años, lo que según el Ministerio de Economía bastará para acabar con un crónico déficit público y liberará recursos para la inversión en áreas como la salud y la educación.

Esa cifra, sin embargo, pudiera ser menor debido a los cambios que el proyecto ha sufrido en la Cámara baja, cuyo impacto aún no ha sido completamente calculado.

Para lograr ese ahorro, el proyecto plantea una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no es requisito en Brasil y que sería de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, y alarga el tiempo de contribución en ambos casos, entre otros puntos que, en ciertos apartados, hasta reducen el valor de las pensiones.

Cuando el proyecto llegue al Senado, Bolsonaro ya ha adelantado su intención de que se reincorpore una propuesta que amplía el efecto de la reforma a los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en la Cámara baja.

La grande derrota del Gobierno en este embate parlamentario ha sido la eliminación de un artículo que planteaba poner fin al actual sistema de reparto y adoptar un régimen de capitalización, mediante el cual la jubilación de un trabajador dependería de lo que pudiera ahorrar durante su vida.