Madrid, 24 jul (EFECOM).- La casi segura imputación de BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó la entidad al excomisario Villarejo supone un nuevo golpe para la reputación del segundo banco más grande de España.

Si el juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, BBVA pasará a estar investigado en un proceso judicial, como lo han estado Santander, CaixaBank o Bankia, a pesar de que el banco ha intentado evitarlo personándose como "perjudicado" en una causa que continúa bajo secreto.

El banco admitió desde mediados de febrero, tras convocar su junta de accionistas, que verse inmerso en investigaciones judiciales por la contratación de Villarejo podía tener un "impacto negativo reputacional o económico".

Desde que se hizo público hace más de un año que BBVA había requerido los servicios de la empresa Cenyt, del citado excomisario, el banco entonces presidido por Francisco González, más conocido como FG, inició una investigación interna para esclarecer el alcance de esas relaciones.

Tras la marcha de FG, el nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, encargó a principios de 2019 una investigación más profunda, conocida como forensic en el argot, a la consultora PwC con la colaboración de los bufetes Garrigues y Uría.

Con ello el banco buscaba defender sus propios intereses y prometía, en palabras de Torres Vila, "tolerancia cero" con el resultado de la investigación, al tiempo que ofrecía su colaboración a la justicia y a los supervisores.

Sin embargo, con el paso de los meses, los supervisores, incluido el BCE, han pedido públicamente celeridad en la investigación a BBVA, que sigue guardando silencio sobre sus actuaciones e insiste en que lo importante es el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional.

Hasta el momento el juez ha citado al ex consejero delegado del banco Ángel Cano y al ex director de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, pero a otros siete investigados entre los que se encuentran cuatro empleados actuales del banco.

Se trata de Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial en BBVA España; Javier Malagón Navas, responsable de rendimiento y control y de data en Finanzas; Inés Díaz Ochagavía, directora de Seguridad Corporativa y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad.

A pesar de ello, el BBVA mantiene a todos al frente de sus funciones con el argumento de que no va a prejuzgar a ninguno de sus empleados imputados en la pieza en la que se investiga el supuesto espionaje que la entidad encargó al excomisario.

El banco insiste en que actuará "siempre en base a hechos contrastados y con la información suficiente".

Sin embargo, la duda sigue siendo si habrá más investigados próximos a BBVA, si entre ellos podría estar el expresidente del banco o algún miembro del actual consejo de administración.

En el caso de FG, dado que llevó las riendas de la entidad durante más de dos décadas, el daño reputacional no sería menor, aunque no afectaría al gobierno corporativo de BBVA al tratarse de una persona ya desvinculada del banco.