Juan Palop

Berlín, 30 jul (EFECOM).- El Tribunal Constitucional alemán avaló este martes la legalidad de dos piezas clave de la unión bancaria: el supervisor bancario único, bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), y el mecanismo de resolución de entidades financieras en quiebra.

El fallo, en respuesta a una querella de un grupo de economistas alemanes, supone un espaldarazo para este sistema anticrisis que, con mucho esfuerzo, la Unión Europea (UE) empezó a poner en pie a raíz de la crisis de la deuda y que aún no está completado.

"Según una interpretación estricta, la Unión Europea no ha excedido las competencias que le conceden los tratados mediante el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Junta Única de Resolución (JUR)", asegura la sentencia. Ninguno de los dos instrumentos afecta a la "identidad" de la Ley Fundamental, añade.

El fallo, que desmonta en siete páginas la argumentación de los querellantes, argumenta que el BCE no ha asumido "completamente" la supervisión bancaria -sino que la comparte con los estados- y considera que la JUR, si se atiene a su regulación, no socava las competencias nacionales.

Además, niega que sean los estados los que asuman responsabilidades financieras por cuestiones fuera de su alcance con la JUR -como apunta la denuncia- ya que son los bancos los que tienen que dotar de fondos a este instrumento y en unas cantidades conocidas.

La regulación del MUS, explicó el Constitucional, prevé una supervisión bancaria en dos niveles en el que la competencia se mantiene "en lo esencial" en el ámbito nacional, mientras el BCE asume "exclusivamente" unas atribuciones para una "política coherente y efectiva", además del seguimiento de las entidades calificadas como "relevantes".

La independencia de la entidad tampoco es óbice para su inconstitucionalidad, según el alto tribunal. Efectivamente, reconoce el fallo, esto rebaja su "nivel de legitimación democrática", pero esta reducción es "asumible".

A juicio del Segundo Senado del Constitucional, esto se compensa con ciertas "precauciones especiales" ya previstas. Además la independencia permite "efectividad" y cierta "protección" frente a las "influencias políticas" y las "injerencias de la Economía" sin llegar a impedir el control parlamentario.

De hecho, la sentencia apunta que la forma de actuar del BCE y del MUS es similar a la de sus equivalentes en el ámbito nacional alemán: el Bundesbank y el Instituto Federal para la Supervisión de las Entidades Financieras (BaFin).

Con respecto a la JUR, el Constitucional entiende que su radio de acción no infringe las competencias nacionales.

De nuevo percibe una reducción del "nivel de legitimación democrática" por su puesta en marcha, pero considera que esto se "compensa en parte" por las "exigencias de transparencia" y las "obligaciones" de la JUR de informar y rendir cuentas ante los parlamentos nacionales.

El fallo indica en que la "responsabilidad" del Bundestag (cámara baja) en materia presupuestaria no se ve amenazada "de forma relevante a nivel constitucional" por las contribuciones al fondo de la JUR.

Incide, asimismo, en que para el futuro está "excluido" el empleo de dinero público para la liquidación de entidades financieras quebradas, por lo que "no está argumentada" la alegación sobre "una responsabilidad de los estados participantes".

La denuncia ante el Constitucional, presentada el año pasado, consideraba que la unión bancaria infringía la legalidad alemana porque obligaba al país a asumir responsabilidades financieras por una serie de factores fuera de su control. Era, según la querella, una cesión de soberanía ante un ente externo que dejaba desprotegidos a los contribuyentes.

Las medidas puestas en marcha para atajar la crisis de la deuda y sus consecuencias, desde los rescates a Grecia a los programas de compra de bonos del BCE, han topado con serias resistencias en ciertos sectores intelectuales y políticos alemanes, y en varias ocasiones han acabado en el Constitucional.

De hecho, esta misma tarde se celebra en este alto tribunal la primera vista -de dos previstas- a raíz de una querella contra el Programa de Compra de Activos del Sector Público (PSPP) del BCE. La sentencia, no obstante, no se conocerá hasta dentro de unos meses.