El tema de la financiación es ahora mismo un escollo en el que todavía quedan flecos por cerrar, pues ambas formaciones parten de posiciones muy distantes. Los de Aragonès, que denuncian un trato injusto, aspiran a un modelo prácticamente foral, como el de País Vasco o Navarra, pero los socialistas se conforman con reformar el sistema actual y mejorar su funcionamiento.

El debate entre ambas fuerzas políticas, que pueden alcanzar en cualquier momento un acuerdo que haga a Salvador Illa president de la Generalitat, se enmarca dentro de uno más grande. El actual modelo de financiación autonómica lleva años caducado y casi todas las comunidades claman por una reforma que acabe con las desigualdades que genera.

Pero ERC quiere un sistema único para Cataluña, una "financiación singular", de acuerdo con la propuesta que la Generalitat presentó a mediados de marzo. Un modelo según el cual la Generalitat recaudaría todos los impuestos y, después, haría una aportación al Estado en aras de la cohesión territorial —que ya es más de lo que ocurre con País Vasco o Navarra—.

Además, la aportación se negociaría bilateralmente entre gobiernos, y ERC quiere que esté limitada en el tiempo y condicionada al desempeño del resto de CCAA. Es decir, un sistema mixto transitorio, primero con gestión y recaudación propia, al tiempo que contribuyen al resto de territorios y, después, sin lo segundo.

En suma, "soberanía fiscal", algo que no viene reflejado en ningún documento de curso legal. Lo que sí aparece en el Estatut es el consorcio fiscal, que también aparece en otros estatutos de autonomía. Se trata de una figura de cogestión que sirve para que Gobierno y Generalitat recauden impuestos juntos. Eso sí, está pensada para aquellos supuestos en los que sea necesario y no supone que la recaudación se quede en las arcas autonómicas.

El consorcio es lo que precisamente Salvador Illa y el PSC han ofrecido a ERC. Los socialistas sostienen que sería una forma de acercar la gestión de los tributos a Cataluña sin romper el régimen común de financiación autonómica ni debilitar la cohesión territorial. Además, también se han abierto a aceptar singularidades, pero como pueden tener otras comunidades según su naturaleza y las competencias transferidas.

Y es que como evidencia el gráfico anterior, en euros por habitante son muchas las CCAA que salen malparadas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cataluña es una de ellas, ya que cada ciudadano de esta región se lleva 43 euros menos que la media, pero queda lejos de los agravios que sufren otras comunidades como Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Los independentistas saben que es un problema generalizado, pero para solucionar su situación buscan salir del modelo general y de lo que establece el propio Estatut. Alegan, como llevan haciendo años, un "déficit histórico", según el cual Cataluña habría aportado al Estado más de lo que ha recibido de este. Algo que sólo puede saberse en caso de calcularse las balanzas fiscales, cuyos datos publicó el Gobierno a mediados de marzo por primera vez en mucho tiempo.

En cualquier caso, al tratarse Cataluña de una de las comunidades más ricas, es lógico que exista un déficit fiscal. De hecho, un reciente artículo de Fedea, firmado por su directo ejecutivo, Ángel de la Fuente, confirma este extremo.

"Puesto que esta comunidad está entre las regiones con mayor renta per cápita, lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede. Es más, la región se sitúa casi exactamente sobre la recta ajustada de regresión, lo que nos dice que el tamaño de su déficit es aproximadamente el que 'le toca' de acuerdo con su nivel de renta", reza el artículo.

Quita de deuda

Otro asunto que está sobre la mesa de socialistas y republicanos es la quita parcial de la deuda autonómica. A finales de 2023, en la negociación para que Sánchez pudiera revalidar al frente de La Moncloa, el PSOE pactó con los independentistas la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Cataluña es, de lejos, la comunidad con más deuda, superando los 71.000 millones de euros; pero no la única. Por eso, el PSOE anunció que la condonación se extendería al resto. En el caso catalán, la intención del Gobierno es perdonar unos 15.000 millones, a los que se sumaría más de un millón en concepto de intereses.

En estos momentos, las dos partes negocian acelerar ese alivio en las cuentas de la Generalitat. Al igual que el modelo de financiación, forma parte de las monedas que socialistas y republicanos han puesto sobre la mesa en las conversaciones para que Illa alcance el poder en la Plaza de San Jaume.

Fruto del acuerdo para la investidura de Sánchez también fue el traspaso de Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña. Sin embargo, hasta el momento sólo ha cristalizado el pago de más de 1.000 millones de euros para financiar el servicio. Lo que sí se ha culminado es el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat.

Infraestructuras

Según lo ya pactado, el proceso de traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña comenzará en enero de 2025. Inicialmente, se transferirá la gestión de la línea R1 en la comarca del Maresme, seguido por las líneas R2 y R3 a finales de ese año.

Lo cierto es que en este aspecto las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat han avanzado significativamente. Los grupos de trabajo se centran en el traspaso de la operadora, la gestión del servicio ferroviario y las infraestructuras necesarias.

Más allá del servicio de Rodalies, las infraestructuras también son importantes en las negociaciones. Los de Pere Aragonès están reclamando que la Generalitat entre en la gestión del aeropuerto de Barcelona. Un aeropuerto que los socialistas quieren que sea ampliado, algo que, en su momento, estuvo en los planes de Aena.

La ampliación del aeropuerto catalán estaba valorada en 1.700 millones de euros, pero el rechazo de la Generalitat hizo que esta no se incluyese en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que comprende el periodo 2022-2026. Sin embargo, tanto los independentistas como los Comunes lo rechazaron porque el proyecto interfiere en el espacio natural protegido de La Ricarda.

No obstante, otra de las quejas de ERC es la falta de inversiones del Estado en Cataluña. No tanto por la falta de presupuesto, sino por la baja tasa de ejecución. En este sentido, los datos de la Intervención Genera de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que de los más de 1.000 millones presupuestados para la comunidad en 2023, se ejecutó un 45%.