Madrid, 1 oct (EFECOM).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "poco recorrido" al vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP), que solo garantiza una subida mínima anual del 0,25 %, y considera un problema que no exista un consenso político en torno a cómo actualizarlas a futuro.

Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, el índice de revalorización actual "es un instrumento diseñado con la mejor de las intenciones, pero impracticable" porque entiende que no es socialmente aceptable la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.

Durante la jornada "La sostenibilidad del sistema de pensiones", organizada por Servimedia, Escrivá ha asegurado que el sistema se puede garantizar tomando decisiones con tiempo y abordado el problema del déficit público en su conjunto y no únicamente el desequilibrio de la Seguridad Social.

A su juicio, la solución al problema financiero de la Seguridad Social no pasa por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sino por otras medidas como pagar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado las prestaciones no contributivas o los propios gastos de funcionamiento del sistema.

Estas medidas permitirían trasladar al Estado el actual déficit de la Seguridad Social, que califica de "situación contable discutible".

Frente al reto del envejecimiento de la población, la AIReF propone mejorar los ingresos de la Seguridad Social acercando la edad real de jubilación la edad legal, ya que ahora los trabajadores se retiran con algo menos de 63 años de media, cuando la edad legal está subiendo progresivamente hasta los 67 años en 2027, de acuerdo con lo establecido en la reforma de 2011.

Escrivá también cree necesario ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, frente a los 25 años establecidos en 2011, para aumentar la contributividad del sistema.

En la misma jornada, el secretario de Protección Laboral y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha subrayado que el sistema de pensiones no es de la población pensionista, sino que es de interés general, porque se sufraga con impuestos y cotizaciones, que por otra parte se destinan al pago de las prestaciones.

Bravo ha llamado la atención sobre los "cinco millones de personas que no cotizan por sus ingresos reales", trabajadores entre los que ha citado a los que lo cobran por encima de la base máxima, los autónomos o los de sectores que por sus condiciones particulares generan "empleo sumergido", como puede ser el empleo doméstico.

El debate de Servimedia se ha producido en el mismo día en que los pensionistas han salido a la calle a protestar de la mano de UGT para reclamar frente al Congreso de los Diputados que la primera media de la próxima Legislatura sea la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

En la movilización, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha rechazado que la solución al problema pase por mantener la edad legal de jubilación a los 67 años "cuando para las empresas los mayores de 50 años ya no sirven".

También se ha mostrado contraria a que para el cálculo de la pensión compute toda la vida laboral, cuando "gracias a la reforma laboral de 2012 no se permite a la gente trabajar hasta el último día de su vida laboral".

En el sector financiero ponen el acento en la falta de previsión, lo que lleva a la patronal de los fondos de pensiones Inverco a reclamar al Gobierno que cumpla con la obligación de informar de forma individual y recurrente sobre la pensión futura, tras constatar que un 74 % de los ciudadanos cree que su pensión será peor que las actuales, pero sólo un 20 % ahorra cada mes para el futuro.

Durante la presentación este martes de una encuesta sobre jubilación, el presidente de Inverco, Angel Martínez Aldama, ha dicho que esta información es clave para que los ciudadanos decidan si destinan o no ahorro para complementar la prestación pública.