El exvicepresidente del Banco Popular durante la presidencia de Ángel Ron Roberto Higuera declara desde este martes en la Audiencia Nacional como investigado por la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

Según consta en las citaciones del pasado julio, está previsto que comparezca dos días seguidos ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que esta semana ha sometido a un profuso interrogatorio al expresidente del banco Emilio Saracho en el marco de la pieza separada por la presunta manipulación del mercado con noticias falsas.

En su declaración, es más que previsible que Higuera tenga que aclarar ciertos aspectos de la ampliación de capital de 2016, especialmente después de que Saracho asegurara que fue un fracaso al quedarse corta ya que las pérdidas de ese año fueron superiores al propio resultado de la operación.

Asimismo, indicó que hubo instrucciones verbales para colocarla entre los clientes de la entidad, lo que en la práctica implicaba que se financiaba con dinero del propio banco.

Durante la junta extraordinaria de accionistas del Popular del 20 de febrero de 2017, coincidiendo con el relevo en la Presidencia, Higuera avaló la gestión de Ron, quien actuó "buscando el mejor interés del Popular. Ha defendido su independencia y ha prestado a la entidad mucha dedicación, y con mucha honestidad".

También cerró filas en torno a la situación del banco, cuestionado por algunos accionistas, del que dijo que era "rentable", con márgenes elevados, y con todas sus cuentas debidamente auditadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, insistía, si bien puede que no fuera "un bancazo", no tenía "nada que ver con otros que han tenido problemas legales".

Meses después, el 7 de junio, Europa ordenaba la resolución del Popular al tratarse de una entidad "en la quiebra o próxima a ella" y fue adquirida por el Santander al precio de un euro.

Ello supuso la amortización y pérdida de inversión de los tenedores de acciones y deuda subordinada, que comenzaron entonces una ofensiva legal, tanto a nivel nacional como comunitario, en todas las jurisdicciones posibles.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitía a trámite varias querellas como las de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y las asociaciones Adicae y Asufin, contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos consejos de administración.