Pensiones. En las noticias, en las tertulias. En la calle, en las conversaciones, en las manifestaciones. En el bar, frente al Congreso de los Diputados. En las estadísticas, en el extracto del banco. Las pensiones públicas, de manera ya definitiva y por derecho propio, cada vez están más presentes por todos los lados y a todas las horas. Normal. Lo raro es que no ocurriera, dada la sensibilidad del asunto. 

Su protagonismo, por tanto, crece, crece por momentos. Y cuanto más interés despierta, cuanto más jaleo provoca, también se hace más sonoro un silencio, el derivado de la parálisis política instalada en España. Porque pospone unas reformas que sí o sí serán precisas y porque, conforme estas no llegan, nutre la incertidumbre. 

Cinco preguntas, en apariencia sencillas, en realidad complejas, reclaman que las pensiones públicas sean atendidas cuanto antes por quienes mandan o mandarán. Cinco preguntas referentes a cinco pilares que, sin reformas de calado o con medidas equivocadas, corren el riesgo de desmoronarse. 

1. ¿Será sostenible? 

Es la gran pregunta. La que atañe al asunto que más preocupa a los pensionistas, a los actuales y sobre todo a los futuros, y la que más alarmismo genera precisamente porque no termina de atacarse. Alude a si el sistema público de pensiones será sostenible o no; vamos, si será capaz de permanecer en pie o no.  

Como expone José Antonio Herce, economista y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones, en su libro ‘A vueltas con las pensiones’, la sostenibilidad del sistema público “consiste en que pueda hacer frente a sus compromisos corrientes y a plazo disponiendo de los recursos necesarios de manera endógena y sin requerir recursos desproporcionados de otras fuentes impositivas o financieras (endeudamiento)”. O dicho de otro modo, que cuente con el dinero suficiente para pagar las pensiones y que lo tenga además por sus propios medios, con ingresos suficientes para abonarlas. 

Este pilar está seriamente amenazado, y por eso inquieta tanto, ya que lo que está en cuestión es si habrá dinero o no para pagar las pensiones. Después de que el sistema se haya ‘comido’ prácticamente al completo la holgura que le otorgaba la denominada ‘hucha de las pensiones’, que en 2011 rozó los 67.000 millones de euros y que ahora apenas tiene 5.043 millones, el Tesoro lleva prestando dinero a la Seguridad Social desde 2017 para que pueda atender el pago de las pensiones. Vamos, que el sistema ya se está endeudando para pagarlas. Primero le prestó 10.000 millones; luego, en 2018, 13.830 millones; y en 2019, otros 13.830 millones. Estas cantidades manifiestan una realidad: sin este dinero el sistema no podría afrontar el pago de las ‘extras’ de julio y diciembre. 

Más datos evidencian las crecientes apreturas que el sistema soporta. El gasto en pensiones, que antes de la crisis no alcanzaba el 8% del Producto Interior Bruto (PIB), se acerca ya al 11% -ver gráfico de la derecha-. Este incremento, en un contexto en el que los ingresos por cotizaciones han crecido en los últimos años para acercarse a los niveles precios a la crisis, deja como resultado que la Seguridad Social ha dicho adiós a su superávit para arrojar un déficit que siempre ha rondado el 1,5% del PIB en los últimos años -es decir, superior a los 15.000 millones de euros al año- y en torno al que se moverá también en 2019 –ver gráfico de la izquierda-. 

Considerando un hecho incuestionable, como que la nómina mensual de las pensiones, que marca récord un mes tras otro y que en 2020 alcanzará ya los 10.000 millones, va a seguir creciendo por la llegada de nuevos jubilados, el aumento del importe de las nuevas pensiones y la longevidad, existe la certeza de que los gastos van a seguir creciendo. Y a su lado, una incógnita: descifrar hasta qué punto los ingresos, vía cotizaciones sociales, bastarán para pagar las pensiones. 

Con estas premisas, buscar fórmulas que refuercen la sostenibilidad del sistema y, de ese modo, trasladar la mayor confianza posible a los pensionistas actuales y futuros cada vez resulta más urgente. De ahí el daño que en este asunto, como en otros, provoca la parálisis política vigente. “La viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones requiere reformas de calado”, reclamó esta semana Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, durante Jornada Institucional de Previsión BBVA 2019. Y añadió: “Previsiblemente, puede requerir ajustes tanto por el lado de los Ingresos como de los gastos”. Conviene, por tanto, una visión global. Y altura de miras, no mirar para otro lado. 

2. ¿Será suficiente? 

La segunda gran cuestión. Porque la sostenibilidad alude a si el sistema tendrá dinero para pagar ‘todas’ las pensiones, pero la suficiencia alude a ‘mi’ pensión. A la propia, a la de cada uno. 

El profesor Herce entiende que “la suficiencia tiene que ver con el nivel y la adecuación de las prestaciones que reciben los jubilados (especialmente, en proporción a sus rentas previas a la jubilación) y con la capacidad de las mismas de permitirle satisfacer sus necesidades dignamente”. Es decir, ¿cobraré lo suficiente durante mi jubilación para poder mantener la vida que llevaba antes? 

Este asunto, vinculado completamente al anterior porque sin un sistema sostenible las pensiones nunca serán suficientes, encierra por otra parte una mayor dificultad. Porque la pensión jamás nos parecerá suficiente…  y porque cualquier reforma que venga seguramente rebajará esa suficiencia. Si, como arrojan todas las proyecciones demográficas, en el futuro habrá menos contribuyentes y más pensionistas, el sistema difícilmente soportará pensiones tan suficientes como las actuales. En este terreno, por tanto, el desafío es mayúsculo. 

"Solucionar la suficiencia sin estresar más de lo que están las fuentes de financiación del sistema (las cotizaciones sobre los salarios) afecta a la sostenibilidad. De manera que se da un dilema perverso, aunque este dilema es solo aparente, ya que sin sostenibilidad, las pensiones elevadas no se pueden pagar"

En la actualidad, la tasa de reemplazo o sustitución, es decir, cuánto supone la pensión sobre el último sueldo, se sitúa en torno al 80%, cuando la media de los países de la Unión Europea ronda el 60% y la de las naciones de la OCDE se sitúa en el 52%. Teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y la longevidad, ese 80% está llamado a reducirse. La cuestión es cómo, cuándo, cuánto y a qué ritmo. 

Precisamente para intentar fortalecer la sostenibilidad del sistema, la reforma de 2013 introdujo un nuevo cálculo, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), para actualizar el nivel de las pensiones, que establecía que, si el sistema tiene problemas de financiación, las pensiones subirán como mucho un 0,25% al año. Así ocurrió entre 2014 y 2017. Pero en 2018 el Gobierno, entonces encabezado todavía por Mariano Rajoy, aparcó este sistema y regresó al antiguo, consistente en vincular las pensiones al IPC. De fondo, el descontento que generaba un índice que sí, que sin duda reforzaba la sostenibilidad del sistema, pero que suponía un golpe demasiado duro en el poder adquisitivo de las pensiones. Vamos, que era demasiado drástico. 

Ahora, con el 10N esperando y sin presupuestos a la vista que consagren que las pensiones de 2020 volverán a vincularse al IPC, todo indica que el IRP volverá a escena. La baja inflación, eso sí, lo hará menos doloroso si permanece en las actuales tasas, ligeramente por encima del 0%. 

Ahora bien, el caso del IRP evidencia la extrema dificultad de ocuparse de la suficiencia de las pensiones y apunta una disyuntiva que conviene atacar y no ocultar: si el regreso al IPC es la solución acordada, la suficiencia puede que salga bien parada, pero no ocurrirá lo mismo con la sostenibilidad del sistema, que se verá aún más amenazada. “Solucionar la suficiencia sin estresar más de lo que están las fuentes de financiación del sistema (las cotizaciones sobre los salarios) afecta a la sostenibilidad. De manera que se da un dilema perverso, aunque este dilema es solo aparente, ya que sin sostenibilidad, las pensiones elevadas no se pueden pagar", advierte el profesor Herce en su libro. 

Todo ello, a su vez, manifiesta la enorme necesidad de que el sistema sea mucho más transparente para que los contribuyentes cuenten con más información acerca de cuál será su pensión futura. Vamos, que no ocurra, por ejemplo, como con la reforma de 2011, en la que se recogió que “la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista”. Este compromiso se asoció con la posibilidad de que, como pasa en otros países, la Seguridad Social enviara una carta a los contribuyentes con esa información. La carta, sin embargo, sigue esperando, y todo lo que hay es un simulador online. En definitiva, una transparencia insuficiente para valorar si la pensión será suficiente. 

3. ¿Será contributivo? 

Otra de las características del sistema español es su carácter contributivo. ¿En qué consiste? En la conexión entre lo cotizado y lo que se cobrará. Es decir, cuanto menos se cotice, menos se cobrará: y cuanto más se cotice, más se cobrará. O como define José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía y experto en pensiones, que el sistema español sea contributivo “significa que existe una correspondencia entre las cotizaciones realizadas durante la vida laboral y las pensiones recibidas durante el periodo de jubilación, de manera que cuanto más se contribuye mayor es la pensión”. 

Si se insiste en la 'reforma silenciosa', el principio contributivo se romperá y se introducirán en el sistema incentivos para que los contribuyentes busquen fórmulas para cotizar menos

Este principio también se está tensionando en los últimos años, pero lo está haciendo de manera ‘silenciosa’. La artimaña consiste en subir la cotización máxima más de lo que sube la pensión máxima. Como se trata de las pensiones máximas, las más altas, el asunto no causa tan revuelo. Pero debería causarlo, porque trae aparejado el riesgo de quebrar el carácter contributivo del sistema. 

Los datos, de nuevo, lo ilustran. Hasta 2012, la pensión máxima equivalía al 90% de la cotización máxima. En 2019, esa proporción empeora ya hasta el 76%. Es lo que Conde-Ruiz define como “reforma silenciosa o por la puerta de atrás”, porque, en ausencia de reformas más decididas y que vayan de frente, con esta estrategia en realidad se persigue al mismo tiempo nutrir los ingresos subiendo las cotizaciones de un determinado segmento y reducir los gastos recortando las pensiones de ese mismo segmento con respecto a lo que ha cotizado.

Si se sigue exprimiendo este 'atajo', el principio contributivo se romperá y se introducirán en el sistema incentivos para que esos contribuyentes busquen fórmulas para cotizar menos. Porque si el sistema va a virar para dejar de ser contributivo y convertirse en asistencial -esto es, sin correspondencia entre lo cotizado y la pensión y misma pensión o similar para todos- una pregunta emergerá de manera inevitable: ¿para qué cotizar más que otros? Es decir, unas consecuencias relevantes que no deberían pasar desapercibidas por el hecho de que afecten a los contribuyentes con salarios más altos. 

4. ¿Será de reparto? 

Si no se hacen reformas que apuntalen la sostenibilidad, la suficiencia y el carácter contributivo del sistema, se disparará el riesgo de que salte por los aires el pacto intergeneracional que lo sustenta. “Que el sistema sea de reparto significa que en cada momento del tiempo los trabajadores dedican una parte de sus salarios a pagar la pensión de los actuales jubilados, es decir, su  recaudación se  reparte entre todos los jubilados que tienen derecho a percibir una pensión”, expone Conde-Ruiz.

Si los contribuyentes actuales no tienen claro si el sistema tendrá dinero para pagar su pensión, ni cuánto cobrarán, ni si lo que cobrarán guardará correspondencia con lo que han cotizado se estará abonando el terreno para que se formulen una pregunta: ¿para qué seguir cotizando? 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo expuso ya con suma claridad a comienzos de 2019. "Si no se acometen pronto medidas que refuercen el sistema y si se asienta entre los ciudadanos la idea de que en el futuro no habrá dinero para pagar las pensiones, los peligros crecerán", avisaron. Entre ellos, que "si se piensa que no se va a cobrar pensión, los ciudadanos dejen de cotizar o coticen menos de lo que les corresponde". 

Y si los de hoy no cotizan o cotizan menos, será cada vez más difícil pagar las pensiones a quienes cotizaron ayer. O lo que es lo mismo, la sostenibilidad estará en riesgo y arrastraría a la suficiencia. 

5. ¿Mantendrá la paz social? 

Sí, en juego está la paz social. Porque, de manera relevante, Óscar Arce no solo aludió esta semana a la “viabilidad financiera” de las pensiones, sino también a la “viabilidad social”. Sin certidumbre sobre el futuro de las pensiones, el riesgo de causar una fractura entre los cotizantes, un grupo que cada vez será menos nutrido, y los pensionistas, un segmento cada vez mayor y por tanto más sensible y clave para los intereses de los políticos, resultará creciente. Los primeros se sentirán empujados a cotizar lo menos posible ante la ausencia de claridad o de garantías sobre su pensión futura, en tanto que los segundos aspirarán a que sean otros, los que vengan luego, los que carguen con las reformas o los ajustes que sean precisos. 

Evitar un choque intergeneracional, por tanto, también figura entre los objetivos de las reformas que consoliden y refuercen las pensiones. Unos que requieren liderazgo por parte de los poderes políticos y económicos, pero también actitudes y ejercicios pedagógicos para que la sociedad sea consciente de todo lo que está en juego y asuma la realidad de que sin cambios no estará garantizada la viabilidad de las pensiones. Ni la financiera. Ni la social.