Bruselas, 15 nov (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) cerró este viernes el expediente que había abierto a España por sus exenciones en el impuesto de sociedades a los puertos después de que el país se haya comprometido a abolir estas excepciones a partir de 2020, informó la institución en un comunicado.

Bruselas había pedido a España en enero que adaptase el régimen por el que sus puertos se benefician de estas exenciones y que les obligase a tributar como al resto de empresas, ya que según las normas comunitarias estas excepciones les conceden una ventaja selectiva frente a otras compañías.

En España, los puertos no tienen que pagar impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión; en el País Vasco están totalmente exentos de este gravamen.

"Las autoridades españolas se han comprometido a someter a los puertos españoles, incluidos los del País Vasco, al régimen normal de impuesto de sociedades desde 2020. La Comisión valora este compromiso y lo ha aceptado formalmente", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Esto supone el cierre del expediente abierto al país, con lo que Bruselas no procederá a hacer una investigación en profundidad.

En todo caso, dado que el régimen tributario español es anterior a la entrada del país en la Unión Europea, la Comisión consideraba que se trata de "ayudas existentes", por lo que aún cuando hubiese habido una vulneración de las normas europeas no habría exigido a los beneficiarios reembolsar las ayudas.

Tras el anuncio del expediente en enero, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, inició una negociación con la Comisión Europea en la que aseguró defendería el sistema de exenciones al considerar que no vulneraba las normas comunitarias.

Sin embargo, a tenor de la decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario, finalmente se ha impuesto el criterio de Bruselas.

No ha sido el caso de Italia, que se ha negado a modificar su régimen de exenciones como le había solicitado la Comisión también en enero, por lo que Bruselas ha abierto este viernes una investigación en profundidad sobre la legislación italiana.

La normativa del país transalpino también es anterior a su entrada a la UE por lo que la Comisión no podrá pedir a Roma que recupere las ayudas concedidas aunque determine que son ilegales, aunque sí podría llevarla ante los tribunales europeos.

En los últimos años Bruselas ha exigido también a Holanda, Bélgica y Francia que eliminen sus exenciones en el impuesto de sociedades a los puertos, decisiones que han sido avaladas por el Tribunal General de la UE en sendas sentencias.

La Comisión recordó que la eliminación de las exenciones tributarias no implican que los países no puedan prestar otro tipo de apoyo financiero a sus puertos, como cubrir el coste de tareas de drenaje o acceso a las aguas, y que se ha elevado el umbral de inversiones que pueden hacer sin autorización comunitaria, a 150 millones en los puertos marítimos y a 50 millones en los interiores.

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