Economistas: Gobierno debe poner límite a desigualdades fiscales entre CC.AA.

Valencia, 21 nov (EFECOM).- Representantes del Consejo de Economistas han señalado como cuestiones ineludibles para el nuevo Gobierno establecer impuestos estatales sobre materias como el agua o la producción de algunos residuos, y encauzar las diferencias normativas en unos límites para que no se produzcan desigualdades territoriales exageradas.

En las Jornadas Nacionales del REAF (asesores fiscales) celebradas en Valencia, el Consejo General de Economistas ha presentado una serie de actuaciones que debería emprender el nuevo Gobierno, entre ellas la reforma del impuesto de plusvalía municipal y armonizar algunos impuestos ambientales que ya aplican varias autonomías.

El presidente de este organismo, Valentín Pich, ha abogado por establecer unas reglas del juego que "encaucen" la fiscalidad, por ejemplo, la fiscalidad verde, para que haya unas horquillas de competencia y las personas, empresas e inversores internacionales entiendan "cómo se gestiona".

Para el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, entre los asuntos que el Gobierno debe abordar de manera inmediata está la reforma de la financiación autonómica, para poner fin a las "enormes diferencias" que existen entre las Comunidades y que, en el caso de la valenciana, supondría 4.000 millones de euros anuales más si fuera "la mejor tratada".

Enríquez ha afirmado respecto a los impuestos propios de las Comunidades que debe haber unos esquemas básicos establecidos por el Estado en materias como el medio ambiente o los vertederos.

También ha defendido que, antes de seguir en "la carrera de la competencia a la baja" entre autonomías, se debería definir el papel de los impuestos patrimoniales en la distribución de la renta y la riqueza y después determinar si se aplican a la baja, desparecen o se quedan dentro de un "esquema razonable" por que, de lo contrario, hay una situación de competencia desleal que genera fricciones y malestar entre ellas.

Dentro de las cuestiones fiscales dirigidas al nuevo Gobierno, plantean terminar con el problema de las valoraciones que afectan a patrimonio y que son origen de litigiosidad mediante un sistema seguro de valoración.

Además reclaman revisar el Impuesto de Actividades Económicas, que grava mucho a unas empresas y nada a otras; decidir la existencia como tal o no del Impuesto de Patrimonio; abordar las diferencias territoriales en el de Sucesiones y Donaciones; y tomar una decisión sobre el impuesto del diésel, entre otros asuntos.