Desde su llegada al cargo, Yolanda Díaz, la nueva ministra de Trabajo, ha abierto numerosos frentes de batalla en la política laboral. Dos de ellos ya los ha culminado: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros y la supresión del despido por bajas médicas acumuladas. Una vez en marcha estas dos prioridades, es el turno de ahondar con otras reformas. Este es el caso del sistema de protección por desempleo y del sistema de subsidios. 

La ministra ha informado de la intención de hacer importantes cambios en cómo se otorgan y formulan estas prestaciones, de manera que se amplíen y mejoren. Según ha podido saber INVERTIA,  la reforma que está planteando su Ministerio no requeriría de un incremento presupuestario adicional o de subir los fondos recogidos a través de cotizaciones. 

Según indican la fuentes consultadas, que ya trabajan en la reforma, con los ingresos actuales por cotizaciones, así como con sus incrementos anuales esperados, sería suficiente para la ampliación y mejora de los subsidios. Y es que, los principales cambios se plantean en su eficiencia y su eficacia. Mejorando estos dos factores, y no con mayores aportaciones, se persigue conseguir cuadrar la reforma.

Concretamente, el departamento quiere generar un sistema unificado de subsidios que, además de mejorar y ampliar las prestaciones y sus coberturas, minorará las cargas administrativas con una automatización similar a las prestaciones contributivas. Con todo, sigue sin haberse precisado cifras para estos incrementos y mejoras. 

Plazos previstos

Esta reforma se va a tratar y negociar en el seno de la mesa del Diálogo Social, es decir, con sindicatos y patronales. Y, con los tiempos que baraja Trabajo, esta negociación tendrá que culminarse rápidamente. En, como mucho, dos meses, para ser exactos. 

Y es que, el Ministerio espera tener el nuevo modelo de subsidio aprobado en noviembre. Cabe recordar que la vía para llevar a cabo un cambio de este calado es, necesariamente, un proyecto legislativo que tendrá que ser aprobado por las Cortes. Y la tramitación de una iniciativa de este calibre suele durar, de media, unos seis meses. 

Al mismo tiempo, el departamento se halla negociando ya con patronales y sindicatos la primera fase de la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Entre las medidas más previsibles estará la recuperación de la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa y el cambio en las condiciones de subcontratación. 

En las siguientes dos fases, Trabajo abordará la reforma del despido (endureciendo las condiciones para que las empresas lo puedan ejecutar) y comenzará a formular el ambicioso Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, norma con la que se terminará de desguazar la reforma laboral de Mariano Rajoy. 

Frente más inmediato

Con todo, hay un frente más inmediato que Díaz quiere atender. Se trata de la situación de los trabajadores de empresas como Glovo o Deliveroo, los denominados ‘riders’ responsables de los repartos puerta a puerta. 

En su intervención parlamentaria del pasado viernes, las ministra Díaz concretó que "un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo".  De manera inmediata, la Inspección de trabajo perseguirá estas situaciones.

Sin embargo, los planteamientos de Díaz no se van a quedar aquí. Aunque centra su ofensiva en el caso de los riders, la estrategia abarca todo el campo de los falsos autónomos. Es decir, trabajadores asalariados que son obligados por sus empresas a darse de alta como trabajadores por cuenta propia para costearse ellos mismos sus cotizaciones. 

De ahí que se prepare una futura legislación contra estas prácticas, aunque no se han dado pistas de en qué dirección irá, parece claro que se sumará a los trabajos de la Inspección de Trabajo.