7 de mayo de 2019. El Banco de España publicaba su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera y, por primera vez, incluía los frentes judiciales como uno de los principales riesgos para el sector bancario, al mismo nivel que la desaceleración económica, la pérdida de valor de los activos o la caída de la rentabilidad.

Los avisos han sido constantes desde entonces para una industria duramente castigada en los tribunales por las malas prácticas del pasado. Y lo que queda. Con los litigios por los casos del Popular y de la trama de escuchas del ex comisario José Manuel Villarejo abiertos en la Audiencia Nacional, los bancos se enfrentan en las próximas semanas a dos sentencias clave que pueden impactar, y mucho, en sus provisiones.

Este miércoles se conocerá la decisión del Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving y el próximo 3 de marzo llegará la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH.

Si el fallo es desfavorable, las entidades tendrán que hacer mayores provisiones para hacer frente al nuevo escenario. Con lo peor de las cláusulas suelo ya superado, los seis bancos del Ibex 35 (Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia, Banco Sabadell y Bankinter) acumulan dotaciones para cuestiones procesales de 4.800 millones de euros, ligeramente inferiores a los 4.924 millones de 2018 (datos consolidados).

Según las cifras proporcionadas por las entidades, ese colchón representa un 18% sobre el total de las provisiones de 2019, que sumaron 26.803 millones de euros. Pero la cifra podría ser superior. En un reciente informe, JP Morgan calcula que la banca española tendría que dotar otros 3.100 millones de euros durante los próximos cuatro años si la sentencia por el IRPH es favorable al cliente.

Más dotaciones

Los expertos advierten de que, como es lógico, lo que se asigne a nuevas provisiones podría impactar en aspectos de gran relevancia para el accionista como, por ejemplo, las políticas de dividendo. 

De momento, y a la espera de la sentencia del Supremo, Banco Santander es la entidad del Ibex con mayores provisiones para contingencias legales. En concreto, cerró 2019 con 3.057 millones de euros para esta partida, dentro de los 13.987 millones de provisiones totales. Buena parte de ellas fueron destinadas a los cargos de la reestructuración en España y Reino Unido.

En el apartado de tribunales, el banco cántabro se enfrenta este año a multitud de reclamaciones de minoristas que siguen pleiteando contra el Popular tras perder toda su inversión con la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017.

CaixaBank, la más expuesta al IRPH con 6.060 millones de euros a cierre de 2019, redujo sus provisiones legales el pasado año hasta los 676 millones de euros, desde los 714 millones de 2018. Si la sentencia es desfavorable para el sector, la cifra aumentará considerablemente este año.

El total de provisiones de la entidad presidida por Jordi Gual asciende a 3.624 millones de euros, según su último informe financiero anual, desde los 3.000 millones registrados en 2018. 

Por su parte, BBVA guardó el pasado año 677 millones de euros para cuestiones procesales. En pleno 'caso Villarejo', la cifra supone un 10% sobre el total de provisiones, que se situó en 6.538 millones de euros a cierre del año, “destinado sobre todo a pensiones y otras obligaciones post empleo”, tal y como indican desde la entidad.

¿Y la banca mediana?

Dentro de la banca mediana, Bankia y Banco Sabadell fueron las entidades que más engordaron su hucha para litigios el pasado año. La cifra alcanzó los 67 millones de euros en Sabadell, un 15,5% sobre las provisiones totales de 430 millones de euros y también por encima de los 58 millones registrados en 2018.

Desde la entidad atribuyen esta subida a los conflictos generados en Reino Unido con su filial británica TSB, que incluyó la salida de más de 400 trabajadores. Un ajuste que continuará en 2020 con el cierre de otras 82 oficinas, tal y como anunció el banco en su última presentación de resultados. 

Por su parte, Bankia elevó un 16% sus provisiones para cuestiones legales hasta los 225 millones de euros el pasado año. Estas cifras corresponden al segundo trimestre de 2019, pero desde la entidad indican que la cifra no habría variado notablemente a final de año. Sus provisiones totales se situaron en 1.842 millones de euros. Es decir, las destinadas a conflictos legales suponen un 12% sobre el total.

En el otro lado de la foto se sitúa Bankinter, que en 2019 redujo su colchón para conflictos legales un 23%, desde los 98 millones de euros hasta los 75,23 millones. La entidad comandada por María Dolores Dancausa no tiene exposición al IRPH y ya ha superado buena parte de los litigios por las hipotecas multidivisa que tanto han marcado su ritmo de dotaciones en los últimos años.

Según explicó el banco en su última presentación ante analistas, el ritmo de provisiones por este tipo de préstamos se redujo un 20% durante el último trimestre del año y así esperan que siga en los próximos trimestres.