Las cuentas no salen. Esto es lo que tienen que estar pensando en Moncloa en las últimas semanas, en las que el Gobierno ha tenido que admitir que la desaceleración económica ha provocado que se rebajen sus perspectivas de recaudar más de 5.600 millones de euros adicionales con su ambiciosa reforma fiscal. De ahí que el Ejecutivo busque alternativas de ingresos, que ha encontrado en la fiscalidad verde.

El Ministerio de Hacienda oficializó esta acción este viernes, sacando a consulta pública su intención de gravar el uso del transporte aéreo y los plásticos de un solo uso. Lo cierto es que hace tiempo que María Jesús Montero, responsable del departamento, anunció su idea de activar una estrategia fiscal que redujera, o más bien gravara, las principales causas de agravamiento del medio ambiente y causante del cambio climático.

Sin embargo, lo cierto es que estos nuevos dos impuestos (igual la equiparación fiscal del diésel-gasóleo con la gasolina) chocan con la afirmación del Gobierno de que la reforma fiscal no gravará a las clases medias o trabajadoras. Consultadas por Invertia, fuentes de Hacienda no descartan que estos tributos obliguen a los ciudadanos a rascarse más el bolsillo, aludiendo a que ambas figuras fiscales están en una fase muy temprana.

Recaudación extra

Tanto que ni siquiera es posible precisar cuál es la recaudación adicional que permitirán los nuevos tributos. En cualquier caso, está claro el afán recaudatorio de al menos uno de ellos: el destinado al uso del transporte aéreo. “El Estado dispondrá de una recaudación extra que se puede utilizar para reducir la carga de otros impuestos más distorsionantes, logrando así un beneficio adicional en términos de bienestar”, admite Hacienda en el texto que ha puesto a consulta pública.

Además, también está claro que el gravamen irá más allá del combustible de la aviación comercial. “Sería una medida eficaz”, indica el documento sobre gravar solo este derivado del petróleo. “No obstante, esta medida en el corto plazo resulta inviable para el uso en los vuelos intracomunitarios e internacionales”.

Tampoco hay muchas evaluaciones sobre el impacto que puede tener una medida semejante. Sí se ha hecho alguna estimación, pero a escala comunitaria. Según un informe de la Comisión Europea que se filtró a mediados del año pasado, aumentar la tributación del queroseno permitiría a los estados miembros de la Unión Europea ingresar 27.000 millones de euros anuales.

Clavo ardiendo… para 2021

En cualquier caso, a la espera de que se aclare el diseño y el articulado de los nuevos impuestos, difícilmente podrá contar el Gobierno con estas figuras para cuadrar las cuentas de 2020. Los nuevos tributos se tienen que aprobar mediante los correspondientes anteproyectos de ley, que tienen que recorrer el camino habitual en el Congreso de los Diputados de cualquier iniciativa legislativa. Un viaje que dura unos seis meses en el mejor de los casos.

Dado que ambos proyectos están todavía en sus fases más iniciales, hasta al menos finales de marzo no podrán ser aprobados por el Consejo de Ministros. Es decir, que escasa aportación podrán hacer a las arcas públicas si entran en vigor este año. De ahí que dé la impresión que están pensados de cara a 2021.

Y es que el tiempo juega en contra del Gobierno. La recaudación estimada por el Gobierno con las tasas que sí que ha aprobado el Consejo de Ministros para tramitar en la Cámara Baja, las Tobin y Google, se reduce a cada día que pasa y no han sido aprobadas. Y no se espera que puedan estar en marcha hasta, al menos, septiembre u octubre.

Desaceleración económica

El panorama no invita al optimismo. El Gobierno ya tuvo que restar más de 232 millones de euros a su estimación de ingresos por la tasa Google, su impuesto a las operaciones digitales de los gigantes de Internet (Facebook, Google y Amazon, entre ellos), entre otras cuestiones por la desaceleración económica. Esto ha significado dejar su reforma fiscal, la que pactaran el PSOE y Unidas Podemos, con un ‘boquete’ de un 4% menos.

De esta manera, si la aspiración con todas las medidas en marcha era la de lograr unos 5.654 millones adicionales al año, por lo pronto ya se han reducido a 5.422 millones, y se espera que la previsión de la recaudación se siga reduciendo, a pesar de los planes del Gobierno de gravar más a las grandes empresas y las rentas altas. Precisamente debido a la ralentización del crecimiento económico.

La obtención de nuevos fondos se antoja clave para las futuras políticas de la coalición. El Gobierno quiere activar a lo largo de esta legislatura importantes medidas en los ámbitos de la sanidad, la educación y la dependencia. Y todas ellas requieren de un componente fundamental: más dinero.

A pesar de que el Ejecutivo cuenta con el margen que el permite la flexibilización de los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años (solo falta que superen el trámite del Senado), el gasto en pensiones y el nuevo ingreso mínimo vital amenazan con comerse este espacio fiscal.

La cuenta atrás para conseguir nuevos ingresos que permitan el incremento del gasto social que pretenden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en los próximos Presupuestos ya está en marcha, y cada vez queda menos tiempo para lograrlos. Posiblemente la de los impuestos ‘verdes’ no será la última sorpresa fiscal para los próximos meses.