El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social trabaja contra reloj en poner en marcha la maquinaria para lanzar un ingreso mínimo vital en las próximas semanas para personas afectadas por el Covid-19. Esa ayuda tendrá que ser suficiente para cumplir con las expectativas del vicepresidente de Asuntos Sociales y equilibrada para recibir el visto bueno de la vicepresidenta de Asuntos Económicos.
El trabajo de campo ya lo tenía hecho, puesto que el titular de la cartera, José Luis Escrivá, había prometido implementar en España esa renta básica a partir de 2021 y se mudó al Ministerio con parte del equipo de la AIReF que había estudiado en profundidad esta ayuda para combatir la pobreza.
En las últimas dos semanas, la combinación del shock económico y el cambio de posición de Bruselas frente al déficit ha permitido al Gobierno acelerar los planes para implementar ese ingreso mínimo vital, que se lanzará con algunos cambios frente a lo previsto, más allá del adelanto de la fecha.
En este momento, los ministerios de Seguridad Social y Trabajo trabajan en identificar a todos los colectivos que puedan necesitar ese ingreso mínimo de manera más acuciante. Se está analizando incluso a grupos de personas que en unas circunstancias normales no serían beneficiarias de esta prestación, pero que en el actual contexto se han convertido en vulnerables, según explican fuentes conocedoras de esos trabajos.
Esos colectivos recibirían una ayuda temporal, mientras que para otros grupos que ya eran muy vulnerables el ingreso mínimo vital podría ser aprobado ahora con carácter excepcional, pero quedar implementado ya de manera permanente.
Trabajadores temporales del turismo
En el primer grupo figuran, por ejemplo, los empleados de la hostelería, el comercio y los servicios ligados a la temporada turística. En zonas costeras hay muchas personas que trabajan durante el verano con intensidad y en invierno tienen empleos a media jornada, que complementan con los ingresos extra de la temporada estival. Incluso hay casos en los que en el invierno permanecen en el paro.
En este momento, ya se sabe que esta Semana Santa no se podrá viajar por las medidas de contingencia contra el coronavirus, pero la temporada de verano también podría verse afectada -aunque está por determinar hasta qué punto-. Así, determinadas personas que dependen del turismo podrían ser objeto de esa ayuda temporal que ha reclamado hasta el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
Uno de los grupos a los que se dirigirá la ayuda será el de las empleadas del hogar, que se han visto afectadas de forma dramática por este parón de la actividad y no cuentan con prestación por desempleo.
En este caso, no obstante, será el Ministerio de Trabajo el que lleve la iniciativa de la medida que será clara para todas aquellas personas que están dadas de alta en la Seguridad Social, algo que no ocurre en todos los casos por ser un sector con alta economía sumergida. No se descarta que los trabajadores del hogar sean sujeto de un anuncio diferenciado dentro de las medidas que van desgranando los ministros en activo de los 22 que componen este Gobierno.
En colaboración con CCAA
El ingreso mínimo vital en el que trabajaba el Gobierno ya antes de la explosión del coronavirus se activará en coordinación con las comunidades autónomas. La idea de Escrivá es evitar el solapamiento de distintas prestaciones, con lo que la colaboración entre Administraciones será vital para que funcione sin desbocar el gasto público.
Esta renta básica se focalizará sobre todo en las ayudas para la pobreza severa, pero podrán acceder a ella personas que estén trabajando. En estos casos, este salario público funcionaría como un complemento salarial hasta el umbral de lo que se considere como un salario suficiente para vivir.
Además del dinero con el que cuente el individuo para vivir, se tendrá en cuenta los hijos que tenga que mantener una familia para establecerlo.
La persona que trabaja con más intensidad en este asunto dentro del Ministerio es la secretaria de Inclusión, Milagros Paniagua, que procede de la AIReF. Según la propuesta que presentó en 2019 este organismo, el ingreso mínimo vital tiene que tener un diseño sencillo, pero a la vez eficaz para minimizar el impacto en las cuentas públicas.
El ente dibujó un plan para llegar a 1,8 millones de hogares, con 430 euros mensuales y un coste para las arcas públicas de unos 3.500 millones de euros. Pero en el contexto actual, con la economía parada y muchas familias en serios apuros, esa cuantía podrá ser superada con creces.