La industria financiera lo deja claro: el Gobierno no puede compensar el incremento del gasto público derivado de la crisis eliminando los incentivos fiscales de productos de ahorro como los planes de pensiones individuales. Bancos, aseguradoras, gestoras de fondos y expertos advierten de que esta medida supondría la "muerte segura" de un producto para el que reclaman, lejos de los planes del Ejecutivo, una fiscalidad más potente y efectiva para el partícipe.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará esta semana al Gobierno su análisis de los beneficios fiscales habilitados por el Gobierno, ante cálculos que apuntan a que las arcas públicas dejan de recaudar cerca de 32.000 millones de euros por este concepto.

La mayor parte de este pastel se pierde a través del IVA y de los impuestos especiales. Pero el Ejecutivo también quiere ‘rascar’ de otras ramas que actualmente gozan de una fiscalidad ventajosa como algunos productos de ahorro financiero e inversión. Algo que la industria en bloque rechaza no solo por el negocio que genera para las entidades que los comercializan. “Hay que saber entender el ahorro, que si se fomenta como es debido puedes contribuir a mejorar la riqueza financiera de las familias y, por lo tanto, favorecer, sin ir más lejos, la concesión de créditos”, explica Paula Mercado, directora de análisis de VDOS.

Eliminar no, mejorar sí

Mejorar la fiscalidad es la reclamación común desde el sector financiero para un producto en el que, según explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, “al final, los únicos que se benefician de deducciones como las de los planes de pensiones son las rentas más elevadas”. Desde el sindicato de los técnicos de Hacienda calculan que esos beneficios fiscales suponen cada año una pérdida recaudatoria para el Estado de unos 2.000 millones de euros.

La explicación que dan a ‘mayores beneficios para las rentas más altas’ está en la misma esencia progresiva del IRPF, que aplica un tipo diferente dependiendo del tramo, con lo que el beneficio fiscal de las deducciones es mayor si los ingresos y la aportación del partícipe también lo es. Según indica Mollinedo, el beneficio fiscal se concentra en la población que declara más de 60.000 euros en el IRPF, y el 60% está por debajo de esa cifra.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la firma del acuerdo de Gobierno.

La idea del Gobierno es ir eliminando esas deducciones fiscales que sobre el IRPF tiene la inversión en estos productos individuales para favorecer los planes de empleo. La segunda parte gusta a la industria, consciente del débil desarrollo de este segmento con el que se podría solucionar buena parte del futuro de las pensiones públicas.

Sin embargo, critican que ese incentivo sea a costa de eliminar el de los planes individuales. “No se trata de cargarte lo que ya tienes construido, sino de ir trabajando sobre esos cimientos para mejorar y alcanzar el objetivo”, indican fuentes de la industria consultadas por Invertia.

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, recuerda además que “seis de cada 10 trabajadores no tienen contrato a tiempo completo o son autónomos, y si no hay beneficios para los planes individuales, excluyes a toda esa gente de la posibilidad de contar con un producto de ahorro para la jubilación”.

Las aseguradoras manejan el mismo discurso para evitar que se generen “pensiones de primera y de segunda” en los futuros jubilados, abogando por que si se establece alguna medida para fomentar los planes de empleo, la fiscalidad debe ir acompañada de un sistema ‘semiobligatorio’ similar al de Reino Unido. “Ahora es voluntario y apenas cubre al 10% de los trabajadores”, explican los expertos.

Desde la patronal de las gestoras recuerdan además que los planes de pensiones tienen un tratamiento fiscal diferido, lo que implica que su tributación se retrasa al momento del rescate. Es decir, las aportaciones disfrutan de ventajas fiscales, pero las prestaciones que se cobran sí tributan a Hacienda en el IRPF. "Si se eliminan las deducciones en las aportaciones, también debería hacerse lo mismo con el pago en el rescate, lo que también va en contra de los ingresos del Estado", explica un gestor de fondos nacional. 

El gestor, que pide no ser citado, reclama que el objetivo del Gobierno debería ser, precisamente, incentivar una mejor fiscalidad de los productos de ahorro. Por ejemplo, propone que los planes de pensiones tributen en su rescate de forma separada, una idea que también defienden desde hace tiempo en Inverco.

Por un lado, las aportaciones que se hacen durante toda la vida laboral, que tributarían como renta del trabajo con tipo progresivo. “Por otro, la parte de los rendimientos generados en ese tiempo, con un tipo fijo como el resto de ganancias de capital”.

Entonces, ¿de donde rascar?

Los expertos coinciden en que, para no tocar los productos de ahorro, al Gobierno no le quedará otro remedio que tirar de impuestos especiales o IVA para ‘rascar’ nuevos ingresos en esos beneficios fiscales.

Desde el Banco de España recuerdan que el 60% de los beneficios fiscales de 2018 corresponde al IVA. Solo por la aplicación del tipo reducido (10% en lugar del 21%), el gasto anual asciende a 8.668,29 millones.

Interés político

Desde Gestha critican la “sobrevaloración a nivel político de las deducciones que, al final, utilizan muy poca gente y solo es un forma de justificar que se realiza una política de gasto; es algo más cosmético que real”.

En el mismo sentido se manifiesta Alberto Estrelles, abogado y socio director de KPMG, indicando que “la ecuación contribuyente= votante abona la tentación de ganar votos ajustando las normas fiscales, y eso no es nada bueno”.

A su juicio, "el IRPF sigue asentado en tipos muy altos (que previsiblemente se van a incrementar más) que afectan fundamentalmente a las rentas del trabajo, y en un esquema de fiscalidad del ahorro siempre sujeto a la incertidumbre, que es lo más desincentivador para un ahorrador". "A eso se añade una multitud de impuestos descoordinados entre sí (entre otros, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, IRPF, IBI y plusvalías municipales, etc.)”, critica.

En cuanto a la necesidad de que los productos de ahorro para la jubilación engorden su patrimonio y, así, lograr ser más eficientes fiscalmente, los expertos creen que la clave está en incorporar hábitos de ahorro en los españoles durante su vida activa, para lo que, a su vez, “el incentivo fiscal es esencial”.

“Sin duda este incentivo puede ser modernizado y completado para premiar el esfuerzo ahorrador a largo plazo de las familias, que tantos beneficios aporta cuando las cosas se ponen difíciles en el país, lección a aprender de la última gran crisis económica”, explica Estrelles.