Las emergencias del coronavirus y la crisis económica iniciadas a mediados de marzo han obligado al Gobierno a retrasar y poner en un segundo plano la mayoría de sus planes. A pesar de ello, el Ejecutivo mantiene la confianza de sacar adelante sus compromisos para este 2020. 

Uno de ellos es la esperada reforma de la financiación autonómica. Como parte de los acuerdos para lograr que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno en enero, el Gobierno se comprometió a que, en octubre de este año, se presentaría un esqueleto del nuevo modelo.

A pesar del Covid-19, el Ejecutivo mantendrá su compromiso. Fuentes del Ministerio de Hacienda así lo indican. “Durante los últimos meses la prioridad en el Ministerio han sido las medidas para combatir la pandemia, pero el objetivo es presentar ese esqueleto de la reforma del sistema de financiación en la fecha acordada”, es decir, en octubre.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en la investidura.

Desde el departamento admiten que “durante la pandemia no se ha hablado con las comunidades autónomas sobre ese tema porque todas las administraciones han estado centradas en la emergencia sanitaria”. Pero también aseguran que ya se cuenta con sus opiniones gracias a los grupos de trabajo y el informe de los expertos que se habían elaborado previamente, “donde había representantes de cada comunidad”.

En cualquier caso, desde el departamento aseguran que, cuando se dé a conocer el esqueleto de la nueva financiación, se escuchará a las regiones. “La reforma tiene que hacerse con el máximo consenso posible”.

11 años después

La reforma de la financiación autonómica es un viejo anhelo, reclamación y exigencia de las comunidades. No es extraño que sea así. El último cambio en la fórmula de reparto de los fondos regionales data de 2009, de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde entonces no se han hecho cambios en la distribución de fondos, a pesar de las promesas de Mariano Rajoy primero y de Pedro Sánchez después, que es quien podría acabar actualizando la financiación autonómica.

Cabe recordar que el que el Gobierno se ponga como plazo octubre para presentar una reforma de la financiación regional no es casualidad, sino fruto del acuerdo alcanzado con Compromís a cambio de su voto en la investidura de Sánchez en enero.

La última reforma de la financiación autonómica se produjo durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (en imagen). Efe

No debe extrañar que esta fuera la exigencia del partido valenciano Compromís para dar su apoyo al socialista. En el Gobierno admiten que el modelo de financiación pasa factura, particularmente, a la Comunidad Valenciana, que arrastra continuos incrementos del déficit un año tras otro, a pesar de la bonanza económica reciente. En una situación similar se encuentra la Región de Murcia, también con unos importantes ‘números rojos’ pre-covid-19.

En cualquier caso, en términos generales, las regiones denuncian la infrafinanciación que sufren y reclaman una actualización y cambios en los ratios en los que se basa el reparto de los fondos autonómicos, así como que se tengan en cuenta conceptos como el envejecimiento poblacional y la ruralidad. 

Armonización fiscal

En cualquier caso, cabe recordar que a través de la reforma de la financiación autonómica el Gobierno también pretendía lograr una mayor armonización fiscal.

O al menos así era antes de la pandemia del coronavirus. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba su intención de aprovechar la situación para igualar los impuestos autonómicos y generar límites a las bonificaciones que las regiones pueden aplicar a algunas figuras como Patrimonio, Sucesiones o Donaciones.

Esta medida tiene como objetivo suavizar las diferencias fiscales entre autonomías, con el foco puesto en Madrid. De hecho, la propia Montero dejó caer que se podría plantear una armonización también de los tramos de IRPF, aunque aclaró que esto solo se haría si las propias comunidades lo pedían.

Con estos plazos sobre la mesa, parece evidente que la nueva financiación autonómica se tramitará de forma paralela al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno aspira a presentar “en fecha”, es decir, entre septiembre y octubre. Ambas iniciativas necesitarán el visto bueno de las Cortes para prosperar, algo que todavía está por ver.