Andalucía ha vuelto a alzar la voz en materia de financiación autonómica. La región ha reclamado un fondo transitorio compensatorio que equipare a las comunidades autónomas "infrafinanciadas" con el resto respecto al modelo de financiación autonómica cuya revisión es “urgente”.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, quien ha pedido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). “La actual crisis hace todavía más prioritaria la adopción de medidas tanto a medio como a largo plazo por parte del Estado para ayudar a las comunidades en su recuperación”, ha considerado.

Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Financiación Autonómica de la Asamblea Regional de Murcia, Bravo ha recordado que la revisión del modelo “es una necesidad admitida por todas las autonomías y fuerzas políticas”, que quedó aparcada en 2018.

“¿Es justo un sistema que mantiene a los 8,5 millones de andaluces, 1,5 de murcianos, 5 de valencianos y 2 de castellano-manchegos con una menor financiación que la media?”, ha planteado el consejero andaluz. A su juicio, el actual modelo supone una “menor posibilidad de acceso a los andaluces, valencianos, murcianos y castellano-manchegos a los servicios públicos fundamentales”.

Para ello, desde el Gobierno andaluz se ha clamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en el último año y medio solo ha sido constituido una vez, para configurar una propuesta base con la que las consejerías de las comunidades "podamos trabajar multilateralmente junto con el Gobierno central”.

Fondo transitorio compensatorio

De manera más inmediata, Bravo ha propuesto la creación de un fondo transitorio compensatorio que eleve la financiación autonómica de aquellas regiones a las que “el sistema actual castiga con un reparto inferior a la media”.

Ha señalado que las regiones afectadas son Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias (casi el 37% de la población) y la medida busca que estas regiones puedan contar con unos recursos similares a las del resto en términos de habitante ajustado, “para afrontar tanto la crisis sanitaria como los efectos económicos que se ocasionen”.

Además, el consejero ha aludido al planteamiento del “déficit inverso”: que en 2020 el Estado acapare la mayor parte del déficit y que después adelante a las autonomías la liquidación del sistema de financiación de 2020-21.

El futuro modelo de financiación

Para Andalucía, el nuevo modelo de financiación autonómica debe cumplir varias premisas esenciales, como que permita el ejercicio de competencias de las comunidades autónomas “dando sentido al Estado de las autonomías”.

Igualmente, debe ir dirigido a las personas “y no a los territorios” y que garantice recursos suficientes en el año base y en ejercicios siguientes. El titular andaluz también ha reclamado que consensúe el grado de nivelación para que gastos no considerados fundamentales puedan entrar en el sistema.

El fortalecimiento de los mecanismos de convergencia, reformando los fondos de compensación interterritorial y el avance en la evaluación de las políticas públicas para mejorar en eficacia y transparencia son otros de los puntos que debe recoger el modelo según el Ejecutivo andaluz.

La asignatura pendiente desde 2009

El problema de la financiación autonómica viene de lejos. Desde que entrara Pedro Sánchez a Moncloa, se ha convertido en una de las principales reclamaciones de las regiones, puesto que no se actualiza desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2009.

Muchos cambios poblacionales han sacudido a las autonomías en los últimos 11 años, entre los cuales se han incluido  dos crisis económicas (la Gran Recesión y la actual). Esto ha conducido, a ojos de las administraciones regionales, a una infrafinanciación de numerosos territorios.

Se trata de algo que admiten a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, sobre todo en el caso de Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia, territorios en los que el déficit ha seguido aumentando a pesar del crecimiento económico.

El Gobierno se había comprometido a tener armado un esqueleto para una nueva financiación autonómica en octubre de este año, como parte de sus acuerdos con Compromís para lograr su voto a la investidura de Sánchez en enero. Sin embargo, no ha habido nuevas informaciones sobre este proyecto, desplazado en importancia por las urgencias generadas por la pandemia del Covid-19.