Cuando el coronavirus no protagonizaba conversaciones e informativos, lo hacían los agricultores. Echando la vista atrás, el sector se hizo con las calles de zonas rurales y grandes capitales en protesta por sus condiciones. Pese a que su lucha comenzó en enero, el Covid-19 frenó las manifestaciones y el sector dejó las pancartas para ayudar ante la crisis sanitaria.

El 12 de marzo estaba fijada la protesta en el Puerto de Algeciras (Cádiz), uno de los más importantes por su papel exportador andaluz, español e internacional. Sin embargo, dos días antes, los convocantes aplazaron “por responsabilidad y prudencia” la cita y todo el calendario de movilizaciones previsto a la espera de la evolución de la pandemia.

Cinco meses después, las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias retoman la lucha con una concentración simbólica. La cita, prevista este martes a las 11:00 horas, se celebrará en las oficinas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, tal y como estaba programada meses atrás.

Durante la misma, los representantes del sector se reunirán con el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, donde se le trasladarán las reivindicaciones de los trabajadores del campo. Con esta cita, las protestas se retoman “con firmeza y responsabilidad” dado que se reunirá un grupo reducido ante la situación sanitaria.

Sobre futuras movilizaciones, desde el sector han precisado que de momento prima la prudencia. No se prevén manifestaciones masivas como las anteriores pero con esta cita se retoma el calendario de protestas que el Covid-19 dejó aparcado, según han precisado fuentes de la organización a Invertia.

Reivindicaciones: control real y efectivo

Entre las peticiones, la industria agroalimentaria demanda un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor (origen, fechas, cupos y calidades), alertar contra la firma de nuevos acuerdos y condicionarla a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad.

Así, el sector agrario pretende dar una llamada de atención que mueva a la reflexión a la ciudadanía y a la actuación de las autoridades andaluzas, españolas y comunitarias. Además, la cita tratará de denunciar los incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros.

“Las autoridades hacen oídos sordos permitiendo la entrada masiva y descontrolada de productos agroalimentarios, lo que hiere de muerte a nuestro tejido productivo, desestabilizando el mercado y engañando a los consumidores”, reprochan desde el sector.

Ante la mirada “a otro lado” de las administraciones implicadas, las organizaciones buscan que se cumpla el principio de preferencia comunitaria --prioridad a lo producido en la Unión Europea--, así como el principio de reciprocidad, es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales.

Ya en el pasado mes de junio, alertaron de que retomarían las movilizaciones aparcadas dado que, pese a ser un sector considerado esencial durante el Estado de Alarma, lamentaba (y lamenta) que el Ministerio de Agricultura dé “muchas palmadas en la espalda y pocas soluciones”.

El sector, “peor” que antes del Covid-19

El sector pasó de protagonizar protestas a formar parte de la línea de lucha contra el coronavirus. Así lo ha recordado en declaraciones a Invertia el director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy. De la maquinaria de producción se pasó al reconocimiento social y, finalmente, al olvido.

“Terminado el estado de alarma, nuestros problemas no se han solucionado y estamos peor que antes”, ha recalcado la voz de Asaja ante la dura situación económica que ha dejado la crisis de la pandemia en el canal Horeca y en sectores concretos como la flor cortada.

A juicio de García las reivindicaciones son claras: control real de las exportaciones, el cumplimiento de los acuerdos comerciales y las “mismas reglas del juego” con países terceros ante la “competencia desleal” generada por la falta de requisitos similares.