El consejo rector del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, adscrito al ministerio de Hacienda y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podrá nombrar consejeros en las empresas que reciban ayuda estatal, como parte del control y seguimiento que la Administración pública deberá de llevar a cabo para asegurar su devolución al Estado.

Según fuentes cercanas al holding público empresarial, este seguimiento por parte del Estado se llevará a cabo a través de un pacto de accionistas, en el caso de que la concesión de ayudas requiera su entrada en el capital de la empresa, que velará por el cumplimiento de las decisiones estratégicas necesarias para que vuelva a ser solvente gracias al apoyo público.

En un principio, las compañías en riesgo de cesar su actividad o entrar en concurso de acreedores y disolución como consecuencia del impacto negativo de la crisis del coronavirus, siempre y cuando lo soliciten ellas mismas, recibirán un préstamo participativo para ayudarles a salir de esa situación, aunque, en el caso de que su situación patrimonial esté fuertemente deteriorada, las ayudas se podrían traducir en la entrada del Estado en el capital.

En el marco de esta medida, el consejo rector podría nombrar nuevos consejeros en las empresas. No obstante, una vez se le planteen las diferentes opciones de ayuda, la empresa podrá aceptar las condiciones o denegarlas a través de sus órganos de decisión, como son las juntas generales de accionistas o las propias reuniones del consejo de administración.

Recuperar las ayudas

En todo caso, el propósito del Estado, tal y como ha dictado la Comisión Europea, será el de recuperar las ayudas tan pronto como sea posible, así como salir del capital de la empresa 'rescatada' una vez su situación la haga nuevamente viable, ya que se trata de una medida que atenta contra la libre competencia, aunque el contexto de la pandemia justifica su temporalidad.

Para conseguir este objetivo, los tipos de interés de las ayudas serán elevados, de forma que llegarán a situarse por encima del 9% pasados nueve años desde la concesión de las mismas, incentivando continuamente el fin del 'rescate' y la recuperación de lo invertido.

En este sentido, se ha incluido un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones cuanto antes, consistiendo en todos los casos en un aumento mínimo del 10% de esta remuneración.

Así, en el caso de que, transcurridos cuatro años desde la aportación, el Estado no haya vendido al menos el 40% de su participación, se activará este mecanismo de ajuste, reactivándose de nuevo pasados seis años, respondiendo así al carácter temporal del fondo de solvencia.

El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido, por lo que, para garantizar que el Estado recibe una remuneración adecuada por la inversión, el precio de recompra deberá ser el precio de mercado o, si este es menor a la remuneración inicial, tendrá una penalización del 2% anual.

El consejo gestor de este fondo de solvencia está compuesto por el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, así como representantes de los Ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición Ecológica y Reto Demográfico e Industria, Comercio y Turismo, aunque también podrán intervenir el resto de Ministerios en función de la empresa afectada.

Autorización de la CE

Será este consejo gestor el que analice las solicitudes de ayuda presentadas por estas empresas junto con un plan de viabilidad y, posteriormente y de forma conjunta con la compañía, los planes estratégicos para maximizar las ayudas y dejar atrás el impacto de la Covid-19.

No obstante, en las operaciones superiores a los 250 millones de euros, será la Comisión Europea el organismo que valide o no la recapitalización de la empresa. Por el momento, solo Duro Felguera y Globalia (Air Europa) han formalizado su solicitud por 100 y 400 millones, respectivamente.

Fuentes cercanas a la SEPI han confirmado que tan solo una u otras dos empresas de los sectores turísticos y de transportes habrían realizado también su solicitud. En cualquier caso, el importe conjunto solicitado no alcanza todavía los 1.000 millones de euros, el 10% del total inicial a repartir, ya que el fondo está dotado con 10.000 millones de euros.

Debido a que los efectos de la pandemia todavía siguen causando estragos en la economía por los continuos rebrotes, lo previsible sería que, una vez las empresas analicen la situación en la que les ha dejado la crisis en la presentación de sus cuentas en marzo del año que viene, a partir de entonces se planteen solicitar esta ayuda. Aún así, el plazo acaba en junio de ese mismo año.