En España viven actualmente alrededor de nueve millones de personas con una edad superior a 64 años, casi el triple que en 1960, y la cifra se espera que supere los 16 millones en 2050, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Estos números y los hábitos de convivencia que rigen nuestra sociedad llevan, inevitablemente, a que el envejecimiento avance inexorablemente y a la necesidad de ampliar las plazas en las residencias de la tercera edad.

Si esta evolución de la población mayor de 64 años la cruzamos con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (cinco plazas en residencias de la tercera edad por cada 100 personas mayores de 64 años, cifra a la que España no llega), se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018.

En la actualidad, en España hay un déficit de 66.000 plazas para cumplir con la recomendación de la OMS, según el informe Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España, elaborado por la consultora PwC. Por tanto, para alcanzar las 785.000 plazas de aquí a 2050 será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año.

35.000 millones de inversión

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, ha explicado en la presentación del informe que “duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales”.

Lograr esta ingente cantidad de dinero, ha indicado el presidente de la FED, es “un reto factible y razonable pero que requiere de las condiciones necesarias para favorecer la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país”.

El informe del sector también indica que, actualmente, hay alrededor de 270 proyectos de centros residenciales, con más de 25.000 plazas -de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión-. Esta cifra resulta “insuficiente”, puesto que harían falta 41.000 para cubrir el déficit actual de 66.000 de acuerdo a las tablas de la OMS.

Negocio en auge

Unas cuantas cifras bastan para hacerse una idea de la importancia de este sector en España. Existen alrededor de 5.600 residencias en nuestro país, con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas hospitalarias, por ejemplo), que generan una actividad económica de 4.500 millones de euros, según el informe.

El mercado español se caracteriza por estar altamente atomizado: un 75% de las empresas son pymes españolas que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y tan solo un 8% está en manos de fondos de inversión.

Aunque la cifra es todavía baja, incide el informe, la entrada en los últimos años de empresas especializadas en activos residenciales inmobiliarios y la llegada de nuevos operadores ha cambiado significativamente el panorama inversor. En 2019, la inversión en residencias para la tercera edad alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.

El volumen de facturación y la intensidad de creación de puestos de trabajo convierten al sector en una herramienta de reducción del déficit público, según el informe de PwC. La actividad económica generada, de forma directa e indirecta, por el sector de las residencias revierte al Estado a través de una mayor recaudación por IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales.

De acuerdo a los cálculos realizados por la FED, por cada euro pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 euros en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada euro de gasto público, recibe de vuelta 0,64 euros.

En lo que respecta al empleo, este sector da trabajo de forma directa a alrededor de 155.000 personas (cifra de 2018) en España, un 40% del sector de Banca y Seguros, por ejemplo. En total, un 1% de la población activa del país.

En el foco de la Covid

Las residencias de la tercera edad han sido por desgracia un foco de contagios y fallecimientos por culpa de la Covid-19. Miles de personas mayores ya no están, muchas otras aún están confinadas en sus habitaciones y el personal también sufre con dureza la pandemia.

De la misma manera, ha sido herramienta de batalla política entre políticos nacionales y regionales por su gestión. Mientras discutían delante de las cámaras, residentes y personal luchaban por sobrevivir.

El 25% de las plazas en España son de titularidad pública, aunque la gestión puede ser privada. Del resto de plazas, un 26% son plazas concertadas, con un precio regulado y fijado en función de la renta y nivel de dependencia del usuario.