José Luis Escrivá fue uno de los fichajes estrella del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y lo fue por un motivo concreto: el hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un plan para salvar el sistema público de pensiones. Ya ha puesto su estrategia sobre la mesa y está a la espera de lo que decida la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es la que tiene dar el primer paso para iniciar la reforma de la Seguridad Social.
En principio, el plan de Escrivá consiste en desincentivar las jubilaciones anticipadas, favorecer el retraso de la retirada laboral favoreciendo la combinación de salario y pensión y descargar a la Seguridad Social de gastos impropios, tales como las prestaciones no contributivas. Expertos en pensiones consultados por Invertia respaldan estas recetas, aunque consideran que habría que ampliar el menú para hacer de verdad sostenible el sistema público de pensiones.
Gregorio Gil de Rozas, vocal del Instituto de Actuarios Españoles y Head of Retirement en Willis Towers Watson, explica que “conceptualmente lo que propone Escrivá iene todo el sentido del mundo. Cada vez vivimos más y empezamos a trabajar un poco más tarde por la formación. Todo lo que sea acompasar esa esperanza de vida con la edad de jubilación me parece bien”.
Una pareja de ancianos pasea con mascarilla por las calles de Usera, en Madrid.
Con todo, avisa de que en las medidas para desincentivar la jubilación anticipada “hay que hilar fino”. En este sentido, recuerda que las recalibraciones que se puedan hacer de los índices reductores que afectan a las pensiones de las personas que se jubilan antes de tiempo “tienen que favorecer a las carreras más largas”.
También apoya los incentivos para compatibilizar la actividad laboral y la pensión de jubilación, aunque avisa de que “necesitamos más”. En este sentido, apuesta por “ampliar el cómputo de la base reguladora a toda la carrera profesional”. Es decir, que la pensión se calcule con toda la vida laboral del beneficiario.
Problema de sostenibilidad
Sin embargo, Gil de Rozas avisa de que estos cambios no servirán para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones si se mantiene la revalorización constante de la totalidad de las prestaciones.
“Una gran parte del dinero, una muy importante, se nos está yendo en la revalorización”, avisa. “No es sostenible. ¿Es muy deseable que las mínimas crezcan con el IPC o más? Claro. Pero no las máximas. Si tienes que congelar algo, congela las máximas. Así quedaría contenido el gasto”.
Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, ministros de Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Miguel Ángel Bernal, profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles, defiende en parte este punto de vista. “La subida de las pensiones no puede estar referenciada a la subida del IPC, tiene que haber algún tipo de índice de sostenibilidad para que la Seguridad Social sea sostenible en el futuro y se puedan seguir pagando las pensiones”.
Por otro lado, Bernal, quien está “totalmente de acuerdo” en la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y respalda las propuestas de Escrivá, se muestra favorable a aumentar la edad de jubilación, aunque sea de forma voluntaria. Pero con cautelas.
Un pensionista.
“Ahí hay que tener cuidado. Soy profesor y puedo estar trabajando hasta los 70 años. Pero, ¿y si mi trabajo requiriera subir a un andamio o servir copas?”. Por ello considera que habría que explorar diferentes edades de jubilación dependiendo del sector al que se haya dedicado un trabajador, sobre todo teniendo en cuenta los casos de personas que se han dedicado a actividades de gran desempeño físico.
Ambos expertos también apoyan que la Seguridad Social deje de abonar gastos impropios que no sean prestaciones contributivas y reclaman una reforma de las pensiones de viudedad y orfandad dado el paso de los tiempos, los cambios sociales y la incorporación de la mujer al mercado laboral.