La historia se vuelve a repetir. Igual que ocurriera en junio, la negociación para ampliar los expedientes de regulacion temporal de empleo (ERTE) excepcionales se ha atascado. Pero en esta ocasión, la motivación es económica. El Ejecutivo quiere concretar los sectores beneficiados por esta medida y borrar del mapa el “café para todos”, como indicara el ministro José Luis Escrivá esta misma semana.
Sin embargo, el problema financiero no abarca tan solo los ERTE, sino que también afecta a las numerosas negociaciones que está celebrando el Ejecutivo con sindicatos y patronal para el desarrollo de medidas sociales que palíen el impacto de la crisis del coronavirus.
Así lo indican fuentes conocedoras de estas negociaciones, que alertan de que los diferentes ministerios están aletargando las negociaciones y endureciendo las condiciones para la activación de estas iniciativas sociales, sumiendo estos diálogos en una inaudita pausa de inactividad que solo se rompe por cuestiones de plazos, como ocurre con los ERTE.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los agentes sociales.
Un ejemplo más de esta situación es la extensión de la baja por Covid-19 a los padres con hijos en confinamiento por haber tenido contacto con otro escolar con la enfermedad, a pesar de no padecerla. Se trata de una medida que se tendría que haber aprobado a inicios de septiembre pero que, a día de hoy, sigue sin haberse cerrado en el Diálogo Social.
¿Puede tratarse de un problema de liquidez? Por lo pronto, fuentes del Gobierno niegan este extremo, dada la buena marcha de la emisión de deuda pública española en los mercados interncional. Aseguran que lo único que el Ejecutivo quiere asegurar es la eficiencia de las medidas y que estén acotadas para individuos, empresas y marcos que realmente lo necesiten.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Cepyme, Gerardo Cuerva, posan juntos tras la firma el acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional.
En cualquier caso, también añaden que igual que no hay café para todos no puede haber dinero para todo. Recuerdan que aceptar la puesta en marcha de determinadas iniciativas de financiación pública con 'carta blanca', tal y como piden empresas y sindicatos, significaría disparar todavía más el déficit público, que ya en junio se multiplicó hasta el 6% del PIB.
Además, en el Ejecutivo quiere evitarse que los ‘numeros rojos’ suban a cifras inasumibles. Por ello tienen el objetivo de atenuar lo máximo posible el déficit, al menos hasta 2021 y que entren en vigor unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
María Jesús Montero y Nadia Calviño.
En cualquier caso, parece difícil que las nuevas cuentas entren en vigor en tiempo y hora. De hecho, el planteamiento inicial era que el necesario paso previo, aprobar un nuevo techo de gasto para 2021 (el existente es irreal tras la crisis de la Covid-19), se ejecutara a finales de septiembre.
A día de hoy, este plazo está completamente descartado y tampoco se asegura que pase el trámite del Consejo de Ministros a principios de octubre. Cabe recordar que, junto al techo de gasto, el cónclave ministerial tiene que aprobar también los nuevos objetivos de déficit y deuda pública.
Desequilibrios
Con todo, aunque el Ejecutivo asegure que no son la causa de sus cautelas para dar luz verde medidas sociales, lo cierto es que los desequibrios fiscales están ahí. Mientras que se ha tenido que afrontar un importante incremento del gasto público, los ingresos fiscales han menguado y más que van a menguar por culpa de la crisis económica.
Entre esas medidas hay que contar los ERTE, cuya ampliación hasta finales de enero todavía no se ha cerrado. Su coste hasta mediados de septiembre ha sido de aproximadamente 24.000 millones. Es decir, unos 4.000 millones al mes, según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Bruselas.
Aunque la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno a los 21.000 millones del fondo SURE, creado precisamente para financiar los ERTE, la cifra se queda corta. Además, cabe recordar que se trata de un préstamo que poco a poco hay que ir devolviendo a Bruselas.
Y el coste de los ERTE va a aumentar. Aunque se reduzca su factura mensual, el planteamiento es que duren al menos cuatro meses más. A falta de que se cierre su extensión (se espera que el Consejo de Ministros la apruebe, como tarde y sobre la bocina, el próximo martes), cabe preguntar cuál será su vida en 2021, si la economía no remonta y los ingresos públicos tampoco.