El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada una prórroga de las ayudas al alquiler para personas vulnerables por la Covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo inicial de la medida anunciada el 31 de marzo finalizaba el 30 de septiembre.

Esta ampliación del plazo durante un año y tres meses más sería una gran noticia si la línea de microcréditos tuviera un efecto real en la economía de las familias más castigadas por la crisis que no pueden pagar el alquiler. Cuenta con una partida de 1.200 millones de euros, pero las cifras que aportan las entidades consultadas por Invertia quedan muy lejos del máximo previsto.

Algunas entidades bancarias incluso no se adhirieron al plan, como Bankinter, ING, Ibercaja o Kutxabank. Otras han diseñado sus propias ayudas al alquiler y, el resto, simplemente está más enfocado a otros segmentos, como empresas y autónomos.

Demanda “mínima”

De las 16 entidades adheridas al plan de ayudas al alquiler del Gobierno, todas las que han respondido a las preguntas de Invertia constatan el fracaso de los microcréditos. Al ser consultado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el número de millones de euros que han avalado con este fin, remite al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este, le devuelve la pelota.

Según ha podido saber Invertia, en el caso de Banco Sabadell las solicitudes tramitadas de ayudas rondan el medio millar. Bankia, entre las concedidas y las que tiene en trámite, está en unos 6 millones de euros. Otra entidad financiera española cotizada indica a este medio que “la demanda ha sido residual”. "Llegaron tarde y mal", admite una de ellas.

Resulta ilustrativo que entre Banco Sabadell y Bankia, dos de las mayores entidades nacionales, no lleguen ni de lejos a los diez millones de euros en esta línea de ayudas al alquiler.

Algunos bancos sí que muestran a Invertia las cifras destinadas a esta partida. Triodos Bank ofrece esta opción a sus clientes desde el mes de junio, y hasta cierre de septiembre “hemos formalizado ayudas por un importe de 107.000 euros” .

Grupo Cajamar suscribió igualmente el convenio para poner a disposición de sus clientes estas ayudas al alquiler por vulnerabilidad motivada por la Covid-19. Sin embargo, afirman, “a diferencia de las moratorias y ayudas ICO, entre nuestros clientes ha habido muy poco interés por estas ayudas de alquiler y las operaciones han sido mínimas”.

Un cliente entra en una oficina de Cajamar en Motril durante el estado de alarma por la Covid-19. Cajamar

El caso más flagrante es el de Caixa Ontinyent, una de las dos primeras entidades que firmó el convenio con el ICO. Fuentes de la misma reconocen a Invertia que “nuestros clientes no nos han hecho ninguna petición de estas ayudas”. Por tanto, señalan, “no hemos realizado ninguna operación”.

Ayudas sí, créditos no

La directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio, constata el fracaso de las ayudas al alquiler promovidas por el Gobierno. “No han funcionado porque suponen el endeudamiento del inquilino y, con la actual crisis, hay muchas familias que no tienen capacidad de ahorro”, explica a Invertia.

Al hecho de que en vez de ayudas sean créditos en buenas condiciones se une, según Beatriz Toribio, que “la estructura de los ICO, la larga lista de requisitos y que no todas las entidades bancarias los ofrezcan son factores que han aumentado la dificultad de los inquilinos para solicitarlos”.

De hecho, solo el 1,3% de los inquilinos vinculados con la asociación ha mostrado interés en solicitar los créditos ICO para hacer frente al pago de las rentas de sus alquileres. Esto demuestra, afirma Beatriz Toribio, “que no son una medida eficaz para los colectivos vulnerables”. Sí lo serían las ayudas directas.

En cuanto a la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta el final de 2021, desde Asval consideran que esta prórroga no servirá de nada porque “las condiciones son las mismas que al inicio y, por lo tanto, no van a generar interés entre los inquilinos”. “La realidad actual es que los colectivos vulnerables necesitan ayudas para afrontar el gasto en vivienda y, por ese motivo, la propuesta de Asval es la creación de un fondo de más de 700 millones de euros que permita reducir la tasa de esfuerzo de estos colectivos del 48% al 30%”, concluye su directora general.

Las ayudas

Por refrescar la mente. Los arrendatarios que soliciten la ayuda deben acreditar ante el banco que cumplen los requisitos establecidos en el real decreto de marzo y que son comunes a la mayoría de ayudas establecidas por el Gobierno para familias golpeadas por el coronavirus.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Eduardo Parra / Europa press

La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100% del importe de seis mensualidades (un máximo de 5.400 euros, 900 euros al mes), siempre y cuando el contrato esté registrado en Hacienda o en organismos públicos de la vivienda en cada comunidad.

La entidad de crédito abona el importe del préstamo “directamente a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, previa comunicación al titular del préstamo”. Los inquilinos no tienen que pagar intereses ni comisiones a los bancos, pero esto no quiere decir que estos últimos no ganen nada. La bonificación de gastos e intereses no puede superar el importe resultante de aplicar el tipo 1,5% TAE al préstamo, según indicaba el BOE. El ICO también ganará hasta 12 millones de euros en esta línea abierta que pagará el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad.