El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cogido por los cuernos el problema de la vivienda en la región y trabaja en varios frentes para solucionarlo con la colaboración del sector privado.
Por un lado, va a aumentar la oferta con el desbloqueo de grandes desarrollos como Madrid Nuevo Norte o los del sureste, la venta de suelo público a promotores privados y el Plan Vive para incrementar el parque público en alquiler. Por otro lado, trabaja en aligerar los trámites administrativos para reactivar el sector.
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, charla con Invertia sobre todas estas medidas cuyos objetivos finales son favorecer el acceso a la vivienda y dinamizar un sector que representa el 20% del empleo en la región.
Todo ello sin dejar de lado el compromiso del Gobierno regional contra el cambio climático, el impulso a la sostenibilidad y eficiencia energética. Esto engloba tanto a los nuevos desarrollos urbanísticos como a las viviendas ya construidas a través de planes de rehabilitación.
¿Qué Madrid le gustaría dejar?
Un Madrid más sostenible. Llevamos tiempo desarrollando políticas medioambientales en la línea de aportar mayor sostenibilidad, hacer las ciudades ámbitos más abiertos, más conectados con los objetivos medioambientales que hemos fijado en la Comunidad de Madrid. Son fundamentalmente tres: lucha contra el cambio climático, apostar por la economía circular y fomentar la biodiversidad.
Estas tres materias conforman la estrategia de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid y ahí estamos todo el Gobierno alineado con la misma idea: que cada vez nuestra región aplique políticas más sostenibles desde todos los ámbitos de trabajo.
Estamos todo el Gobierno alineado con la misma idea: que cada vez nuestra región aplique políticas más sostenibles desde todos los ámbitos de trabajo.
¿Y desde el punto de vista urbanístico?
La ordenación del territorio es una herramienta fundamental para planificar. Pero no solo para ello, sino también para incidir en políticas reales que afectan al ciudadano. Si nosotros eliminamos trabas, favorecemos la actividad económica, estamos dando más oportunidades al ciudadano, al inversor y generando a los ayuntamientos una menor carga administrativa.
Queremos fundamentalmente reducir en lo posible la carga administrativa eliminando trámites innecesarios, establecer marcos jurídicos que den certeza y seguridad a las empresas, y favorecer la actividad económica.
De ahí la modificación de la Ley de Suelo que han aprobado recientemente.
Tiene como objetivo dar mayor capacidad de acción al ciudadano y a la empresa. Buscamos ganar competitividad. Hay países de nuestro entorno, como Francia, que cuentan con plazos para la obtención de licencias muy inferiores a la media de la Comunidad de Madrid. Hay otros como los nórdicos que tienen generalizado el sistema de declaración responsable. Queremos ganar competitividad y lo vamos a conseguir con esta ley que va a entrar en vigor próximamente.
Además de ganar competitividad, queremos ahorrar tiempo y dinero. Tiempo porque el plazo medio de concesión de licencias en Madrid está ahora mismo entre doce y 18 meses. Dinero porque la demora en la concesión de esas licencias tiene un coste de 200 millones de euros. Si hablamos de las licencias de primera ocupación, el coste asciende a 70 millones de euros. Por lo tanto, vamos a contribuir con esta reforma a reactivar la economía.
Si tenemos en cuenta que el sector de la construcción y de las obras supone el 20% del empleo en la Comunidad de Madrid y es el sector que más riqueza genera en otros sectores de la región, está claro que la reactivación de este ámbito es un punto de inflexión para la Comunidad de Madrid. Hay estudios que fijan que por cada euro que se invierte en el sector de la construcción, se recuperan 1,92 euros. Por lo tanto, es un tren que la Comunidad de Madrid ha decidido coger.
Imagen de Paloma Martín, consejera de de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.
Si suprimen las licencias, ¿dejan de pagar las tasas?
Se mantienen todas las licencias que necesitan un proyecto de obra. Las licencias que se sustituyen por declaraciones responsables son para hacer obras de menor entidad o poner en funcionamiento las viviendas de nueva construcción. Es decir, se suprimen la licencia de primera ocupación y se convierte en declaración responsable.
Hay algunas licencias urbanísticas que directamente dejan de ser exigibles. Por ejemplo, para que un particular haga pequeñas obras en su casa, un local o el hostelero que quiera reformar su restaurante.
A las arcas de los ayuntamientos, que son los que cobran esas licencias, puede afectar no tener esos ingresos.
No necesariamente. Cuando uno acorta los plazos para la obtención de determinadas licencias, lo que está haciendo que acelerar la actividad económica. Un ayuntamiento no podía cobrar el IBI de una nueva vivienda porque estaba pendiente de otorgar la licencia de primera ocupación, por ejemplo.
¿Cree que otras comunidades tomarán el testigo en estas medidas?
Hay ya comunidades que tienen el sistema de declaración responsable. Era bastante singular que en la Comunidad de Madrid no estuviera recogido en el marco legal. Tenemos una Ley del Suelo que se ha visto superada por los acontecimientos.
Por eso es voluntad del Gobierno remitir a la Asamblea de Madrid un proyecto de reforma completa de la Ley del Suelo, donde se puedan incorporar modelos actuales que no están recogidos en nuestra norma.
Lo que hemos hecho ahora, motivado por las circunstancias de la crisis sanitaria, ha sido adelantar estas reformas de una parte de la ley para precisamente contribuir a reactivar la economía.
Es voluntad del Gobierno remitir a la Asamblea de Madrid un proyecto de reforma completa de la Ley del Suelo
¿Cuándo van a presentarla?
Hemos iniciado los trabajos técnicos, que todavía llevarán unos meses. A continuación, el Consejo de Gobierno lo aprobará como proyecto de ley y finalmente llegará a la Asamblea donde también se constituirá una ponencia técnica en la que los grupos parlamentarios debatirán sus propuestas.
¿Cuáles serán los pilares de esta reforma?
Estamos trabajando en una Ley del Suelo que recoja nuevos modelos de urbanismo que hoy no están recogidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cohousing y figuras nuevas que la sociedad está demandando.
También queremos una Ley del Suelo no muy extensa, que siente las bases de lo que ha de ser el urbanismo y la ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid y luego vía reglamentaria pueda desarrollarse con mucha más precisión.
¿Cuál es su estrategia con la venta de suelo que han anunciado recientemente?
Hemos sacado a concurso parcelas de propiedad pública. Vamos a licitar 193 parcelas ubicadas en 20 municipios con un objetivo: dar valor al suelo. Ponemos en el mercado suelo productivo para la edificación de vivienda, libre y protegida, suelo industrial para que puedan instalarse empresas, y suelo destinado a la instalación de servicios.
Antes del verano sacamos licitación para 19 parcelas. Ahora, a la vuelta de verano, hemos sacado a licitación una treintena de parcelas y de ahí a finalizar el año vamos a sacar otra treintena más. En total, son un millón de metros cuadrados con una valoración en el mercado superior a 250 millones de euros.
Lo hacemos mediante un proceso de licitación pública, transparente, con tasaciones independientes y una adjudicación a la mejor oferta. Tenemos parcelas ubicadas en Madrid, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada… por toda la geografía de la región.
¿Cuántas viviendas pueden suponer?
De las 193 parcelas, 86 van a ser para suelo residencial. También hay otras iniciativas desde la Comunidad de Madrid para el impulso de la vivienda. Me refiero a Madrid Nuevo Norte, que prevé la construcción de 10.500 viviendas (20% protegidas), los desarrollos del sureste (100.000 viviendas) y, como no, el Plan Vive de la Comunidad. Gracias a él se construirán 15.000 viviendas para alquiler en suelo público repartidos en 43 municipios de la región.
Hoy (por el miércoles) hemos dado un paso importante en Consejo de Gobierno. Comienza el desarrollo en toda su extensión del Plan Vive porque se van a licitar las parcelas sobre las que se van a levantar 9.000 viviendas. La Comunidad mantiene la propiedad del suelo, mientras una empresa construye y explota esas viviendas durante los años de concesión. Concluido este periodo revertirá a la Comunidad.
El precio de las viviendas que construyan en estas parcelas que están vendiendo, ¿estará limitado de alguna manera?
El promotor que construye tendrá que fijar el precio de la vivienda. Aquí respeto absoluto a la iniciativa privada. Habrá precios muy distintos. Esta medida viene a facilitar la puesta de suelo en el mercado y sabemos que cuando esto ocurre contiene o disminuye el precio.
En las concesiones o ventas de estas parcelas, ¿han incluido criterios de sostenibilidad para la construcción de las viviendas?
Esos criterios de sostenibilidad vienen delimitados por la normativa nacional y derivados de la normativa europea, es decir, han de aplicarse en todos los nuevos desarrollos. Son los que se van a aplicar, por ejemplo, en Madrid Nuevo Norte: zonas verdes, movilidad sostenible y medidas medioambientales para que tengan una eficiencia energética y compromiso medioambiental muy superiores.
Habla de Madrid Nuevo Norte (MNN). ¿Qué va a suponer para la ciudad y la región?
Madrid Nuevo Norte es el gran proyecto de desarrollo urbano que se va a producir no solo en España sino en Europa en los próximos años. Va a ser un ejemplo claro de sostenibilidad, de apuesta por la innovación, donde se van a incorporar grandes referentes en el urbanismo y donde vamos a ser capaces de vertebrar el territorio de la Comunidad de Madrid cerrando una brecha, uniendo dos barrios y conectándolos con otros municipios de la región. Así, abrirá un gran corredor verde que se unirá con el anillo verde ciclista, con Colmenar Viejo y con el Monte de El Pardo.
Madrid Nuevo Norte abrirá un gran corredor verde que se unirá con el anillo verde ciclista, con Colmenar Viejo y con el Monte de El Pardo
Queremos que Madrid Nuevo Norte además de la oportunidad de inversión, generación de empleo y comunicación de nuevos polos de comunicación, también contribuya a esos criterios de sostenibilidad.
MNN ha eclipsado casi por completo el resto de proyectos en la capital, pero también están los desarrollos del sureste. ¿En qué punto se encuentran?
Estuvieron parados durante la anterior legislatura por el Gobierno de la señora Carmena y eso hizo un flaco favor porque al parase se aumentó el precio de la vivienda en Madrid. Fuimos la ciudad en la que más subió el precio de la vivienda en 2017 (+20%). Es una prueba de que cuando no hay impulso y promoción inmobiliaria los precios incrementan.
Los nuevos desarrollos del sureste que ahora el nuevo Gobierno municipal ha impulsado van a permitir que los precios de la vivienda no incrementen.
Hablando de desarrollo urbano, en uno nuevo como es El Cañaveral hay viviendas pero no dotaciones y servicios públicos para los vecinos.
En función de la llegada de los nuevos vecinos se van instalando los servicios. La normativa obliga a llevar esos servicios cuando están allí los vecinos. En el ejemplo de Madrid Nuevo Norte, está previsto que haya más de quince dotaciones entre centros de salud, educativos, deportivos y culturales. Los servicios tienen que llegar a los nuevos entornos para crear ciudad.
Entonces, ¿qué les dice a los vecinos de El Cañaveral? ¿Cuándo llegarán esos servicios que solicitan?
En este caso, depende del Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad aprobó MNN, con ordenación pormenorizada de las dotaciones que van dentro del gran proyecto urbanístico del siglo XXI para la región. En el caso de El Cañaveral las dotaciones están calculadas con las consideraciones que incluyen los planes parciales aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.
¿Cómo encaja todo este crecimiento urbanístico con el medioambiente?
Trabajamos siempre buscando ese equilibrio entre el desarrollo urbano y el cuidado del medioambiente. Todas nuestras políticas están alineadas en esa dirección. Procuramos que los nuevos desarrollos tengan unas calidades y unos desarrollos confortables que tengan esas eficiencias energéticas, que las viviendas en la medida de lo posible sean sostenibles y que Comunidad, ayuntamientos y promotoras trabajen juntos para que los nuevos desarrollos cumplan con esos parámetros de sostenibilidad y eficiencia energética.
Hoy por hoy nadie comprende que una vivienda de nueva construcción tenga esos déficits que años atrás se veían. Ahora la norma exige unos parámetros de calidad que hacen que el confort esté garantizado. Las Administraciones públicas tenemos que comprobar que esas normativas y ordenanzas se cumplen.
Un reciente reportaje publicado en Invertia analizaba la relación entre el desarrollo urbanístico de los barrios del sur de Madrid y el contagio de la Covid-19 por los errores históricos acumulados. ¿Qué están haciendo para solventarlas?
Desde 2001 la Comunidad de Madrid viene desarrollando una política de rehabilitación de viviendas. La legislatura pasada se invirtieron más de 50 millones de euros. En junio de este año autorizamos un gasto de 22 millones de euros para mejorar la calidad del parque de viviendas de la región, especialmente en cuanto a accesibilidad, eficiencia energética y seguridad. Esto va a permitir renovar más de 9.000 viviendas que afectarán a unas 500 comunidades de vecinos. No es una moda.