Es decir, que las "ayudas directas" serán, en realidad, un apoyo a la solvencia de las pymes y de los autónomos beneficiarios. Pero, según han confirmado fuentes del departamento de Calviño, no será inyecciones de dinero. "Es un plan de medidas muy complejo en el que llevamos trabajando meses", explican.

Los datos del paro de febrero indican que el músculo del Gobierno puede estarse agotando. La crisis ya ha destruido alrededor de 100.000 empresas, según denuncian los agentes sociales, las estadísticas indican que desde la llegada del coronavirus han desaparecido 762.000 empleos y desde que comenzó el año 2021, hemos pasado de 750.000 a 900.000 trabajadores inmersos en ERTE.

En medio de ese panorama, las pymes y los autónomos reclaman "ayudas directas" para sobrevivir. Sobre todo las de los sectores más castigados: el turismo, la hostelería, el ocio...

Y en ese ambiente negro, Pedro Sánchez se sacó de la chistera la semana pasada el anuncio de un plan de rescate por valor de 11.000 millones. Pero este programa, en realidad, no está acabado y no se espera que llegue al Consejo de Ministros hasta, como muy pronto, el martes previo a Semana Santa. "Le convendría por calendario político", apuntan fuentes de Economía para explicar que Sánchez se anticipó a los plazos: "Siempre dijimos que sería en marzo... y sólo acabamos de empezar el mes". 

El presidente anunció la medida en la comparecencia que tiene comprometida cada dos meses en el Congreso para dar cuentas de su gestión de la pandemia. El debate tornó, según fuentes parlamentarias de la mayoría de los grupos, "en lo más parecido a uno del estado de la nación". Y esto fue así, entre otras cosas, por la falta de concreción de Sánchez. Ni en su discurso inicial, en el que se descolgó con esta propuesta, ni a preguntas de la oposición, fue capaz de dar un solo detalle.

Ya al día siguiente, la vicepresidenta tercera se veía en la tesitura de atender a los medios a propósito de un plan que "todavía no está terminado de diseñar" en el seno de su departamento. La realidad es que únicamente se había dimensionado el montante económico, "entre los 10.000 y los 11.000 millones", pero "aún falta afinar la letra pequeña".

"Ayudas al balance"

Este martes, la ministra portavoz tampoco aportó demasiada luz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. María Jesús Montero se limitó a admitir que "es posible" que alguno de los instrumentos que se están barajando sean "medidas fiscales", pero no dijo cuáles. "El objetivo, en realidad es que las empresas o los autónomos no tengan que ir a concurso de acreedores y no se destruya empleo", se limitó a abundar.

Este periódico ha podido saber que el plan de Economía no se basará en que el Estado entre en el capital de este tipo de empresas, sino en "recapitalización" de las pymes y autónomos en riesgo. "Ya tenemos la SEPI para operaciones de capital, con las grandes compañías", explica una fuente del Ministerio.

Efectivamente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha recibido el mandato de contemplar operaciones de "salvamento" de sociedades viables pero con problemas de solvencia, también por la vía de la inversión pública. "Aunque no es lo deseable, siempre preferiremos poner los medios para lograr lo mismo facilitando la entrada de inversores privados", añaden desde el entorno de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Las "ayudas directas" de 11.000 millones, pues, no serán ni tan directas ni gratis. Economía está trabajando en la recapitalización de las empresas, esencialmente, por la vía de operaciones de deuda subordinada y a través de préstamos participativos. En todo caso, el Ministerio insiste en que, pese al modelo elegido, "las medidas comprenderán un paquete completo que no tendrá coste para las empresas".

Los préstamos participativos son herramientas frecuentemente utilizadas a la hora de conceder ayudas públicas. De hecho, son muy habituales cuando se recurre a los préstamos ENISA, para la financiación de proyectos innovadores. Se trata de un préstamo que va ligado a la evolución del negocio, y que se va liberando a medida que se consiguen determinados objetivos.

No es la única característica. La empresa que recibe el préstamo tiene que devolver los intereses pero no el principal. ¿Y por qué? Porque la corporación que proporciona el dinero -en este caso, la Administración- entra directamente en el capital de la compañía y, por tanto, puede participar de los beneficios del grupo. Es por ello por lo que suele ir ligado a una serie de hitos que garanticen la viabilidad de la compañía.

La deuda subordinada, por su parte, está pensada para compañías que tienen un cierto tamaño. Hablamos de emisiones de deuda de renta fija, en las que el cobro de los intereses puede estar ligado a que exista un determinado nivel de beneficios. Además, garantiza también que en caso de problemas los acreedores se sitúen justo por detrás de los acreedores ordinarios.

El Gobierno no pone todo

Pero hay más. Calviño no tiene previsto que esos 11.000 millones salgan de las arcas de la Administración central del Estado. Al menos, no todos.

Parte de ese dinero puede simplemente acabar siendo un apunte en balances, por la vía de la "reconsideración de créditos ICO". Y además, según ha podido confirmar este diario, Economía está trabajando en una regulación que incluya a las Comunidades Autónomas e incluso a las corporaciones locales, "por su capilaridad", en la financiación de este "paquete de rescate".

El objetivo al proporcionar esas ayudas, concluyen las fuentes consultadas en el Gobierno, es "que ese tejido productivo se mantenga", a pesar del embate de la tercera ola y de las medidas restrictivas a la movilidad que han hundido sectores como el del turismo, la hostelería y el ocio nocturno. "Así, al recuperar la movilidad habitual, habrá con qué reactivar la economía".