La relación entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo atraviesa el momento más difícil desde que Yolanda Díaz asumió esta cartera en 2020. Tras la reciente firma del acuerdo para las pensiones, CEOE y Cepyme han trasladado este jueves al Gobierno que no pactarán la reforma laboral en los términos planteados por la ministra de Unidas Podemos.

Después del pacto que firmaron la pasada semana los agentes sociales con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para cumplir con la primera fase de la reforma de las pensiones, los agentes sociales han acudido esta mañana al Ministerio de Trabajo. El objetivo de la reunión era abordar la reforma laboral que España debe presentar antes del 31 de diciembre para acceder a los fondos europeos.

Las posturas estaban ya alejadas, dado que el último borrador presentado por Trabajo había sido calificado de "marxista" por los empresarios. Pero la reunión de este jueves no ha servido para acercarlas.

La patronal ha pedido al Gobierno un nuevo documento como punto de partida que esté "alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras" y que además, esté en el marco de las "recomendaciones de país de Bruselas".

Al término del encuentro, CEOE y Cepyme han difundido un duro comunicado en el que critican la reforma de Díaz por ser "regresiva" e "intervencionista". Según denuncian, el texto "parece responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos; no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras".

La temporalidad

Los empresarios aseguran que el Ministerio trata de poner bajo "sospecha" a las empresas "arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad".

"La temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios", advierten los empresarios.

Los empresarios aseguran "compartir la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal" poniendo sobre la mesa del diálogo social herramientas nuevas para poder abordar este problema. Pero reclaman empezar por hacer un "diagnóstico compartido" sobre la situación, siempre en el marco de las peticiones de la Unión Europea.

Según denuncia el comunicado, "estas propuestas del Gobierno restan capacidad de adaptación de las empresas en la entrada al mercado laboral" y van en contra de la necesaria "modernización" de España.