Este punto es una línea roja más para la CEOE y Cepyme, que ya de por sí acudían a la reunión con una alta preocupación por la propuesta del Gobierno. Las organizaciones empresariales han calificado el planteamiento de la negociación de Díaz de "ideológico" y "marxista", al tiempo que han criticado la falta de concreción en muchos de los aspectos que plantea.

Sin embargo, en el mundo sindical esta negociación para derogar la reforma laboral del Gobierno del PP se vive con otro ánimo. De hecho, para los sindicatos representa una oportunidad de recuperar parte del poder perdido en la negociación colectiva, al tiempo que ven posibilidades de ir más allá en temas no cuestionados hasta la fecha.

Es el caso de la indemnización por despido, que la reforma laboral de 2012 rebajó de 45 días por año trabajado a 33 y de un máximo de 42 mensualidades a 24. Los sindicatos avanzaron este jueves en la mesa del diálogo social que van a plantear una contrarreforma en toda regla en este aspecto.

En un artículo publicado este miércoles por UGT, ya se avanzaba este intento. El sindicato explicaba que la norma que se aprobó siendo ministra de Empleo, Fátima Báñez, "establecía causas muy laxas para justificar" los despidos y "suprimía la necesidad de autorización administrativa en los despidos colectivos".

El sindicato considera que el Gobierno debe aprovechar la contrarreforma laboral para endurecer de nuevo estas condiciones y revertir aquellos cambios. Y CCOO está de acuerdo.

Alegan, entre otros, la caída del empleo que se experimentó en 2012, cuando en el peor momento de la crisis económica muchas empresas redujeron sus plantillas para adaptarse al cambio de ciclo. Obvian, sin embargo, la creación de puestos de trabajo que se produjo después con la recuperación económica.

Contratación

Aunque ambas formaciones sindicales trasladaron al Ministerio de Trabajo esta petición, lo cierto es que la reunión se centró en debatir otros aspectos, como el de la contratación.

Este es un punto en el que las posiciones de los representantes de los trabajadores y los empresarios están más cerca -sin tener un consenso- llegando a coincidir que algunos de los aspectos planteados por el Gobierno lejos de ayudar a los empleados, van a suponer un golpe para ellos.

El Gobierno quiere impulsar una reforma laboral para cumplir con su acuerdo de coalición y asientan este objetivo en la meta de reducir la "temporalidad" y la "precariedad". Son dos elementos que, en opinión de los empresarios, se están intentando ligar sin que sea preciso asimilarlos.

En este sentido, en un comunicado difundido en la tarde de este jueves, CEOE y CEPYME lamentaron que el Ministerio trate de poner "bajo sospecha" a las empresas "arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad".

"La temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios", advirtieron las patronales.

Las empresas coinciden con el Gobierno en que reducir la temporalidad es una gran asignatura pendiente en España, pero no están de acuerdo en los métodos propuestos.

Sin aparente posibilidad de acuerdo sobre una propuesta que la CEOE considera "inaceptable", los agentes sociales volverán a reunirse la próxima semana.

Tras el acuerdo de la primera fase de la reforma de las pensiones, el objetivo del Gobierno es conseguir ahora una foto con los agentes sociales que ilustre un pacto en materia laboral. Pero no va a ser fácil. Los empresarios no quieren una "contrarreforma" laboral y difícilmente se prestarán a aparecer en una foto que devuelva el marco laboral español al escenario previo al año 2012.