Una de ellas es la de aplicar a la luz un IVA superreducido del 4%, algo que reclaman muchos colectivos pero que generaría un problema al Gobierno, dado que podría forzar a España a subir al 5% el IVA de otros productos básicos, como el pan, la leche y los huevos, según varios expertos en fiscalidad consultados por este periódico.

Para poder actuar sobre el IVA, España necesitaría el visto bueno de Bruselas y una directiva del año 2006 marca el camino a seguir ante cualquier modificación que el Gobierno quiera realizar.

España es junto a Luxemburgo e Italia el país que más bajo tiene este tipo de IVA para productos de primera necesidad. De hecho, la citada directiva establece que ante cualquier cambio en los productos afectos por este gravamen superreducido, nuestro tipo tendría que pasar del 4 al 5%.

"Sería vestir un Santo para desvestir otro porque obligaría a subir el Impuesto sobre el Valor Añadido de productos como el pan", advierte un experto fiscal. Además, la eficacia de la medida sería limitada, teniendo en cuenta que el origen del problema de la luz no está en los impuestos, sino en el precio de la energía -fundamentalmente, del gas- y en los derechos del CO2.

Desde Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), recuerdan que hay una excepción a la que el Gobierno podría acogerse en virtud del artículo 114 de dicha directiva. Sin embargo, otros expertos consultados consideran que no es probable que el Comité del IVA de la UE permitiera incluir la luz en esta singularidad, para la que sí podrían encontrar atajo otros bienes y servicios recogidos en un anexo de esa norma europea.

Entre los argumentos que esgrimirían los funcionarios europeos ante esta petición española hay uno fundamental: los países europeos que tienen la luz entre los servicios sometidos al tipo más reducido aplican un 5%, frente al 4% que solicitaría el Gobierno español.

Así, la última palabra la tendría Bruselas, dado que cualquier cambio que se haga sobre el IVA tiene que contar con su aprobación. Por ello, es importante tener en mente la conocida postura de la Comisión Europea de que España debe aumentar su recaudación por impuestos indirectos. En definitiva, abrir este melón podría generar más problemas al Gobierno de Pedro Sánchez que dejar las cosas como están.

Déficit estructural

Hasta ahora, las rebajas fiscales sobre la luz aprobadas por el Ministerio de Hacienda han sido temporales. En concreto, a finales de julio se aprobó una rebaja del IVA a la electricidad del 21 al 10% hasta final de año y la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica durante el tercer trimestre del año.

El carácter coyuntural de estas medidas encierra otra debilidad de España a la hora de gestionar los impuestos sobre la electricidad.

Cualquier cambio que se haga sobre los tributos con carácter definitivo tendrá un impacto directo en el déficit estructural. De ahí que el Gobierno maneje como primera opción la de continuar aplicando rebajas temporales que permitan sostener ante la Comisión Europea que esa falta de ingresos va a ser coyuntural. Confía, de este modo, en que la escalada del gas termine pasando en unos meses y permita una bajada del recibo de hogares y empresas.

Además, fiscalistas consultados advierten del peligro que corre el Ejecutivo si empieza a bajar impuestos de forma precipitada, dado que se puede producir un "efecto traslación" que acabe beneficiando a unos colectivos y perjudique a otros a los que se pretende ayudar. Ocurrió así con las deducciones por vivienda, que acabaron siendo un negocio para los vendedores en lugar de mitigar el esfuerzo de los compradores.

Así, antes de ahondar en este campo, sería pertinente hacer un estudio sobre cómo han funcionado las suspensiones de impuestos temporales aplicadas sobre el recibo en los últimos meses.

Más medidas

Otro de los impuestos que el Ejecutivo estudia tocar es el impuesto especial sobre la electricidad. En este caso, se abriría un problema recaudatorio para las comunidades autónomas, que se quedan con una parte de este tributo.

Sin embargo, desde el punto de vista de la competitividad del país, esta opción sería más interesante que cualquier movimiento sobre el IVA.

La razón es que las empresas se deducen el Impuesto sobre el Valor Añadido, mientras que el coste de las cargas especiales de la luz lo asumen de manera íntegra.

El problema es que los gobiernos autonómicos podrían exigir una compensación en un momento en el que las cuentas públicas están en una situación vulnerable por la pandemia, pese a las ayudas europeas y a la flexibilidad de la Comisión Europea con el déficit.

Aviso de Calviño

En esta compleja situación, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya ha advertido que cualquier decisión que tome el Gobierno el próximo martes tendrá que ser "sostenible desde el punto de vista fiscal".

Para tratar de paliar los efectos sobre los colectivos más vulnerables del aumento del recibo de la luz, el Gobierno está explorando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vías alternativas para anunciar ayudas para hogares con pocos recursos.

Sin embargo, ninguna de estas decisiones ataja el problema en origen: el aumento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. De ahí que existan muchas dudas sobre la capacidad del presidente del Gobierno para cumplir con su promesa de bajar los precios de la electricidad hasta los niveles de 2018.

Para lograr esta meta, Ribera está estudiando propuestas dirigidas a fijar una tarifa de la luz con subastas a largo plazo que alejen el recibo de los hogares de la volatilidad del mercado.

El Gobierno tiene poco margen y hasta que la subida del gas y del CO2 no llegue a los recibos de los consumidores del mercado libre y, por tanto, afecte a otros gobiernos europeos, va a tener poca ayuda de Bruselas. El problema es que no tiene tiempo que perder. Las encuestas reflejan ya su desgaste por este asunto y los distintos ministerios llevan días analizando todo tipo de opciones para llegar al próximo martes con una propuesta capaz de frenar ese enfado social.