Las comunidades de Valencia y Andalucía se han mostrado totalmente contrarias en su reacción a la propuesta del Departamento de María Jesús Montero sobre la financiación autonómica. El gobierno de Ximo Puig ha acogido con gran entusiasmo, mientras que en Andalucía el optimismo brilla por su ausencia.

Ambas comunidades habían convertido "la población ajustada" en proclamas de sus gobiernos en la disputa por la financiación autonómica. Este viernes, el Ministerio de Hacienda ha entregado el borrador, en el que se propone financiar a las comunidades por población ajustada con más peso para sanidad y educación.

El 'conseller' de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha calificado de "victoria colectiva de la sociedad valenciana" que el Gobierno central haya trasladado "por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto basándose en la población ajustada". 

Ha celebrado que se centre "especialmente en función de variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos".

"La población ajustada servirá como indicador principal de las necesidades totales de gasto y como factor fundamental de reparto de la financiación", ha celebrado Soler, si bien ha solicitado "prudencia" hasta desgranar con detalle "el extenso documento". "Pedimos tiempo para poder analizarlo, estudiarlo con profundidad y hacer nuestras aportaciones", ha afirmado.

Lo ha considerado, no obstante, "un avance importantísimo respecto al modelo actual y, sobre todo, respecto al modelo de Aznar de 2002". "Desde la Generalitat hemos trabajado desde el primer día para que las personas, -con los ajustes que sean necesarios y que estamos dispuestos a debatir y consensuar con el resto de autonomías- sean la base del nuevo modelo, porque consideramos que los servicios fundamentales se prestan a las personas", ha agregado.

"Nada sobre el fondo compensatorio"

Andalucía ha criticado que este borrador no hace referencia al fondo transitorio compensatorio solicitado para las comunidades infrafinanciadas y que tampoco hace alusión al fondo extraordinario Covid para 2022.

El gobierno andaluz pide "diálogo y verdadera iniciativa" a Montero y le apremia para que "no pierda más tiempo ni dilate más el diálogo y la puesta en común de opiniones". "Que se deje de enfrentar a las comunidades antes siquiera de haber planteado en serio la reforma", han criticado desde la Consejería de Hacienda.

Además, en Andalucía han lamentado que el Ministerio no convoque a los consejeros de Hacienda. "En los últimos meses, los únicos pasos que ha dado el Gobierno central ha sido una reunión técnica", han explicado.

En Cataluña son críticos con esta propuesta: el Govern cree que es "difícil" que la infrafinanciación y el déficit fiscal se corrijan ahora. También consideran que el concepto de población ajustada no se ajusta a la realidad catalana.

Cautela en Castilla y León

Por su parte, Castilla y León ha sido más cauta. Va a estudiar la propuesta de financiación y, por el momento, se remite a lo acordado en Santiago de Compostela.

Junto a otras comunidades, Castilla y León rubricó un documento que reclamaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el nuevo sistema de financiación autonómica naciera del consenso multilateral.

Este acuerdo lo firmaron la pasada semana los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria e incluía una declaración conjunta con 35 puntos. Entre ellos, consideraban que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano multilateral adecuado para negociar esta reforma.